Tegucigalpa.- Para el día 8 de septiembre está señalada la audiencia ad-hoc para aplicación del decreto 004-22 sobre la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, en relación a la aplicación de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia, en favor de la Cooperativa Campesina Cerro Escondido de Monjarás, Marcovia, Choluteca.
La solicitud fue a petición de los señores Eulalio Armando Rubio, Nicolasa Casco, María Guillermina Romero, Leopoldo Eugenio Mena Calderon, Lorenza Núñez, José Santos Zelaya Núñez y María Diky Vegas Núñez, pertenecientes a la Cooperativa Campesina Cerro Escondido.
“Esperemos que el juzgado de letras de la ciudad de Choluteca aplique la amnistía a nuestros representados en virtud que el mismo establece que la amnistía debe de ser aplicada de manera incondicional y de aplicabilidad inmediata”, señaló la abogada Karol Cárdenas del área de Acceso a la Justicia del COFADEH.
“En el presente caso hemos adjuntado constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos y certificación emitida por COFADEH, en las cuales acreditamos la condición de ciudadanos de nuestros representados, los cuales son miembros de la Empresa Campesina Cerro Escondido, defensores de la tierra y el territorio, a quienes el Ministerio Público les incoo el presente proceso penal como represalias contra los mismos”, agregó la procuradora de derechos humanos.
Asimismo dijo que “esperemos que en la audiencia la jueza a quo les emita una resolución favorable, les aplique la amnistía, les decrete sobreseimiento definitivo y proceda a extenderle las cartas de libertad definitiva, por habérseles extinguido la acción penal”.
Los campesinos y campesinas fueron acusados por el supuesto delito de usurpación en perjuicio de Inversiones Agroindustriales S. de R. L. y Empresas Inversiones y Servicios del Sur S.A. de C.V.
La Cooperativa Cerro Escondido está conformada por 63 familias y está ubicada en Mojarás, Marcovia, Choluteca, y desde el 2017 iniciaron el proceso de recuperación de tierra en el sector conocido como Las Salinas.
Esto ha traído a los socios persecución, amenazas, criminalización y, por supuesto, la muerte violenta de la líder Iris Argentina Álvarez, hecho ocurrido el 2 de abril de 2020.
