Tegucigalpa.- El líder sindical y economista Carlos H. Reyes y la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, comparecieron el sábado 23 de septiembre al programa radial Voces contra el Olvido, para comentar sobre el vergonzoso papel desempeñado en 12 años por parte del Ministerio Público (MP) y los tribunales de justicia en contra de importantes segmentos de la población hondureña.
Inicialmente y en torno a los ataques y atentados que han sufrido defensores y defensoras de derechos humanos, tanto el atentando contra el ambientalista Ramiro Lara de la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras (Asonog) y la Coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda, Carlos H. Reyes expresó que ambos casos han sido denunciados por la Convergencia Contra el Continuismo (CCC) en un comunicado que se hizo público esta misma semana.
“Definitivamente sabemos que detrás de todos estos ataques está lo que es el poder fáctico de este país que no sólo continúa atentando contra los derechos de los pueblos, contra los derechos de los trabajadores, sino que en este momento también impulsa ataques contra el gobierno de la República”, aseguró Reyes.
Se estima que más de 14 defensores del ambiente han sido víctimas de ataques y asesinatos en lo que va del 2023.
Al respecto Bertha Oliva señaló que hay una preocupación enorme de nuestra parte. Un ataque a Ramiro Lara, un ataque a Miriam Miranda es un ataque a los esfuerzos que hemos venido realizando para que las comunidades vayan obteniendo conciencia y empoderándose de la necesidad de defender sus tierras y territorio.
La cifra de defensores asesinados es una cifra ciertamente alarmante y debemos entender que ahorita no estamos respondiendo a una política de estado por parte de la presidenta de la República.
“La preocupación es mayúscula porque son las estructuras que siempre hemos venido denunciando que no han sido desmanteladas, que a medida se vayan acercando los procesos electorales, van a ir haciendo este tipo de acciones para desestabilizar al gobierno y para denunciar realmente que hay ataques a las y los defensores de derechos humanos y pedir todo ese tipo de monitoreo”, señaló.
Pero no se está haciendo absolutamente nada, porque lo único que uno ve en este momento es el tema de la elección del Fiscal General y Adjunto, apuntó Bertha Oliva.
Oliva dijo que el ex Fiscal General, Oscar Chinchilla en los últimos años ha estado criminalizando a los defensores de la tierra y territorio, a los defensores del ambiente, a los defensores y defensoras de derechos humanos, a las comunidades y pueblos que han hecho defensa de sus tierras, pero también a la comunidad estudiantil.
“Ese ha sido el trabajo que ha venido desarrollando en los últimos 12 años el Ministerio Público (MP) y ahora se ve claramente el desinterés de cambiar y de tener nuevas autoridades, con nuevo brillo de un ente que es tan importante para garantizar la no persecución, para garantizar el estado de derecho y para garantizar el sistema de justicia en nuestro país”, subrayó la reconocida defensora de derechos humanos.
En ese mismo orden de ideas Carlos H. Reyes apuntó que ahora el ex Fiscal General Oscar Chinchilla, a quien el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) llamó como “tapadera de la corrupción” del régimen de Juan Orlando Hernández, ha sido elegido como vicepresidente de la Corte Centroamericana de Justicia con sede en Nicaragua.
Ese es el problema de impunidad, recalcó Bertha Oliva, al tiempo que señaló que ellos han estado siempre jugando con balón adelantado ante la sociedad con todas las fechorías que han venido haciendo.
Él estaba tranquilo (Oscar Chinchilla) porque sabía que del Ministerio Público tenía que salir de inmediato hacia Nicaragua, porque allá le esperaba el puesto que le tenían.
“Eso es lo triste, y esa es la garantía que tuvo durante toda esta dictadura para que nosotros empecemos a pensar que aquí no se avanza, que aquí sólo se dice pero que no se hace y se empiece a formar un caos a lo interno, es peligrosísima la situación que vivimos”, advirtió.
Como una muestra del accionar de los operadores de justicia, esta semana el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán suspendió el juicio oral y público en la causa que se le sigue al joven Henry Bonilla, acusado del incendio agravado en perjuicio de las instalaciones de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.
La acusación la incoó el Ministerio Público contra el joven estudiante que estuvo privado de la libertad durante 4 meses. Además los tribunales de justicia le negaron a Henry Bonilla, la aplicación del decreto de amnistía 004-2022.
Sobre este caso la Coordinadora General del COFADEH dijo que lo que ocurrió fue una estrategia de infiltración del régimen de Juan Orlando Hernández con el fin de criminalizar a los jóvenes que participaron de las protestas en contra del golpe electoral de 2017 y exigiendo una educación pública y gratuita.
“Ahí el Ministerio Público (MP) la investigación que hizo fue la de hacer requerimientos fiscales contra estos jóvenes, pero no hizo ninguna investigación para saber sobre el por qué no habían agentes de seguridad, ni policial ni militar en el entorno de la embajada para evitar que este hecho se produjera”, comentó.
En el caso de Henry Bonilla me da tristeza que el poder judicial, en este momento, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no presten atención a un caso de esta naturaleza.
Bertha Oliva apuntó que claramente el joven es un perseguido político, él era un manifestante que condenó desde un principio junto a su padre que es un destacado dirigente del partido LIBRE en su comunidad, el tema de la violación a la Constitución y condenó el golpe de estado.
Que las actuales autoridades no estén leyendo a profundidad este tipo de casos, que en este momento se le abra juicio como cualquier delincuente, como lo acusó el Ministerio Público y que no se le aplique el decreto de amnistía es lamentable, dijo.
Por otra parte la Coordinadora General del COFADEH cuestionó la forma en que los tribunales de justicia ventilan los casos que involucran a agentes policiales y militares que han incurrido en muertes violentas y torturas contra ciudadanos y ciudadanas.
En varios casos los jueces cambian los delitos de torturas por vejámenes y en otras tantas, para el caso en tipos de feminicidios, los tribunales los han calificado como homicidios imprudenciales, entre otras arbitrariedades para proteger a funcionarios policiales o militares.
Un ejemplo reciente es el caso de la estudiante de enfermería Keyla Martínez. La noche del 6 de febrero de 2021, Keyla Martínez, de 26 años, estudiante de enfermería, fue arrestada y encerrada en una celda por agentes de la Unidad Departamental de Policía de La Esperanza (UDEP 10), departamento de Intibucá, supuestamente por violar el toque de queda impuesto como medida de prevención contra la pandemia.
El 7 de febrero de 2021, Keyla Martínez apareció muerta en su celda y según dictamen de Medicina Forense, fue víctima de asfixia mecánica.
Sobre este crimen sólo fue acusado el policía de escala básica Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, quien desde su detención ha guardado prisión preventiva.
El caso de Keyla Martínez fue asumido por el COFADEH quien calificó como sentencia vergonzosa la resolución del tribunal de justicia que conoció del expediente.
La Corte de Apelaciones de Comayagua modificó la tipificación del delito de femicidio agravado que lleva una pena de 25 a 30 años y lo cambió a homicidio simple, con pena de 15 a 20 años.
Tras notificar a las partes, el 31 de agosto, la decisión de declarar sin lugar el recurso de amparo presentado por el COFADEH, bajo la argumentación de que no es de su competencia conocer de calificaciones de delitos, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio algunas recomendaciones al tribunal competente del caso.
Entre otras, sugirió tomar en cuenta, en su sentencia, elementos fundamentales como género e igualdad, el protocolo sobre muertes violentas y el contenido de la Convención de Belém do Pará.
Pero, “el tribunal absolvió a Perdomo por delito de homicidio simple y lo condenó por homicidio imprudencial. Esto significa que para el tribunal el agente no asesinó a Keyla, sino que omitió cuidarla, faltando a sus deberes”, dijo la abogada Karol Cárdenas, del área de Acceso a la Justicia del COFADEH.
“Prácticamente está avalando la idea de que Keyla se suicidó y que el dictamen forense no estableció con exactitud la causa de la muerte”, agregó la procuradora de derechos humanos.
De acuerdo con el código penal vigente, el delito de homicidio imprudencial es punible con una pena de 3 a 6 años. Si a Perdomo le aplicaran la pena intermedia de 5 años, quedaría en libertad.
“Esto se va a acabar cuando se haga un procedimiento eficaz donde el Ministerio Público tenga que responder en algún momento por haber sido tan servil a la dictadura y por haber actuado en contra de los comunicadores sociales, de periodistas, defensores de derechos humanos y reclamantes de justicia”.
Yo creo que ya es tiempo que las actuales autoridades de la Corte Suprema de Justicia pidan la revisión para sancionar a los jueces que no aplican la ley y que amparan a mucha gente en la impunidad, apuntó Bertha Oliva.
