Tegucigalpa.- El 15 de noviembre de 2021 se cumplirán 11 años de la pesadilla que vivieron campesinos y campesinas de la comunidad Guadalupe Carney, en Trujillo departamento de Colón, donde guardias de seguridad, junto con elementos policiales y militares, les tendieron una emboscada, masacrándolos cuando se disponían a trabajar la tierra como todos los días.
En el ataque, les dispararon si mediar palabras y sin darles oportunidad de esconderse para salvar su vida. Este hecho dejó como saldo cinco campesinos muertos en manos de los guardias de seguridad y elementos militares, enviados por terratenientes, dejando a sus familias desamparadas, y varios niños, algunos recién nacidos, sin sus padres.
En Honduras se denunció en todas las instancias correspondientes para que se castigara a los responsables de este crimen atroz contra el sector campesino en el Bajo Aguán, pero aun teniendo las pruebas y las certezas, los responsables nunca se castigaron.
Es por eso que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), llevaron el caso ante instancias internacionales, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2018, para que se diera a conocer el caso de los campesinos, ya que, en Honduras, en su propio país, no se hizo justicia.
“El caso de El Tumbador es un tema que nos ha mantenido ocupadas desde que se generó y se dio la brutal masacre, y vemos que había toda una intencionalidad de que sucediera todo lo que hasta hoy está sucediendo en materia y procura de justicia. Por eso e que se hicieron las diferentes acciones, las acciones legales, que no debió nunca justificar el Estado de Honduras a través del Ministerio Público que no estaban presentadas de debida forma la denuncia, cuando fue un hecho atroz de orden y manejo público, señaló la coordinadora general del COFADEH, Berta Oliva.
Además, manifestó que cuando se trata desafortunadamente en nuestro país de campesinos o del pueblo que sufre una barbaridad como la que vivieron los familiares y los campesinos y campesinas de El Tumbador, no hay ninguna acción ejemplarizante de implementación de justicia que nos lleve a recobrar y tener un poquito de consuelo para las familias que sobrevivieron en el caso.
En el caso de El Tumbador en materia legal están dejando que pase el tiempo para que se olvide. y que no haya persecución a los criminales por los crímenes cometidos, añadió la defensora de los derechos humanos.
“Allí hubo de todo, desde asesinato, torturas, violación sexual a las compañeras y no ha habido ninguna entidad encargada de los delitos contra la mujer, de los derechos humanos que haya sido capaz de avanzar en el proceso en Honduras, expresó la coordinadora del COFADEH.
La reconocida defensora de DDHH dijo a defensoresenlinea.com que al estar realmente impactadas por lo que allí paso, y lo que estaba sucediendo en El Aguán, era una zona de guerra sin declararla.
“Realmente era como una zona de guerra sin declararla, y estaba controlada por paramilitares como continúa ahora”, señaló Oliva.
Sostuvo que pasaba el tiempo y no se miraba ningún avance legal, y es cuando “tomamos la decisión desde COFADEH ver si colocábamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ya lo está conociendo; no podemos decir que hay grandes avances, que ya tenemos la resolución por ejemplo que va a ser turnado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
“Se ha estado trabajando, estamos viendo cómo hacemos todo un proceso inclusive de recuperar la memoria de lo que pasó en El Tumbador, igual con otros casos que se dieron en la misma época, que fue todo esto en el marco del golpe militar de estado”.
En este caso lo que se ha dado hasta ahora es la intencionalidad de parte de estas entidades del estado de borrar, eliminar cualquier evidencia que pueda conllevar a la identificación plena de los responsables, tanto materiales como intelectuales; por supuesto, allí hubo una participación de empresa privada, pero también de militares, finalizó Oliva
Las víctimas de la masacre perpetrada por guardias de seguridad, policías y militares son; Raúl Castillo, Ignacio Reyes, Teodoro Acosta, Ciriaco Cárcamo y José Luis Salcedo Pastrana. Además, dejó varios campesinos heridos y cuatro mujeres agredidas.
