Valle, Honduras.- El maíz se pudrió, la cosecha se ha perdido, a los habitantes del sur del país les preocupa de donde obtendrán alimentos, mientras el régimen asegura que solo en el municipio de Amapala se ha invertido 18 millones de lempiras en alimentos, durante el confinamiento por el Covid-19.
El Estado que ilegalmente gobierna Juan Orlando Hernández, ha sido incapaz de controlar la pandemia que ha enlutado a la familia de defensores y defensoras de derechos humanos en los departamentos de Choluteca y Valle, que oficialmente reporta más de cinco mil contagios y un centenar de muertos, aunque la cifra puede ser mayor considerando que en algunas comunidades pudo haber contagios masivos sin aplicación de pruebas médicas.
Y recientemente los huracanes ETA e IOTA dejaron mucha acumulación de agua lluvia que afectó el sector agrícola. La milpa con mazorcas listas para cortar recibió tanta agua que los granos están echando raíces y hojas, ya no sirve. Los graneros nacionales en la zona sur como el de Moropocay en Valle, no darán fruto y la soberanía alimentaria pende de un hilo como algunos puentes improvisados en zonas destruidas por los fenómenos meteorológicos.
El 32 por ciento del territorio nacional es ocupado para labores agrícolas y ganaderas, la zona sur además cuenta con la energía solar que y la vocación del pueblo, que es su máxima riqueza. La pesca artesanal también les ha abierto otras formas de producción, pero todo su esfuerzo es amenazado por terratenientes, empresarios, transnacionales, enfermedades y huracanes, y desprotegidos por el Estado.
El Artículo 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas, expresa que: Los Estados respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Adoptarán sin demora las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que resulten apropiadas para alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos enunciados en la presente Declaración que no puedan garantizarse de forma inmediata.
Pero en los departamentos de Valle y Choluteca, lo que adoptó el régimen de Hernández fue el proyecto de destierro “la hora del sur” y que repite el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, diputado por Choluteca.
Esta hora del sur no es desconocida por sus habitantes, que históricamente han sido marginados, desterrados, judicializados y hasta encarcelados por defender la tierra, territorio y playas, recordó el líder social y fundador de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), Pedro Canales, este miércoles 25 de noviembre, en San Lorenzo, departamento de Valle.
Canales e integrantes de la Red de Defensores/as de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR), convocados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), dialogaron sobre la situación tan vulnerable en la cual los mantiene la crisis sanitaria por el COVID-19 y los huracanes ETA e IOTA, en las que el régimen pudo haber hecho algo para mitigar los efectos, informó la procuradora de derechos humanos de este Comité, Lorena Rubí.
Para apalear la crisis alimentaria por el confinamiento desde el 16 de marzo pasado, Pedro Canales dijo que, el alcalde Alberto Cruz, de Amapala, supuestamente anunció que ha invertido 18 millones 200 mil lempiras en los 9 meses de la pandemia y el pueblo no vé esa ayuda, mucho menos en las comunidades de la península de Zacate Grande donde ha enfrentan una situación difícil.
En Zacate Grande se han dado casos de coronavirus, pero porque siguen los signos de la sintomatología, no porque el personal de salud haya aplicado pruebas médicas, de igual manera no se les proveyó ningún tipo de tratamiento recetado. Lo que ha recibido es marginamiento y estigma de parte de vecinos o empelados de terratenientes que hacían de los retenes de bioseguridad una especie de “puntos de extorción”, sin dejar pasar a gente que llevaba ayuda. “La pandemia sirve para que el régimen este molestando a la población con los mismos fondos del pueblo”, agregó Canales.
Y después con las tormentas en este mes de noviembre, aunque la producción del maíz fue muy buena, las milpas cosechadas tendrán serio problemas, si hubiera llovido una tercera parte de lo que llovió en el norte del país, aquí sería una catástrofe.
Así que se profundizan nuestros problemas de enfermedad más hambre, que siempre han existido en la zona sur, así como la precaria la situación en educación, concluyó Pedro Canales.
La familia de Seyda Flores, integrante de REDEHSUR, es una de las miles de familias hondureñas afectadas por los huracanes que tocaron suelo nacional el 4 y 17 de noviembre. “La producción de maíz y frijol se ha dañado, está podrido. Los agricultores están haciendo todo lo posible para escurrir el maíz, mientras que, con el frijol no hay remedio. Es una pérdida importante y no sabemos cómo nos iremos a sustentar”.
La REDEHSUR está presente en los municipios del sur de Francisco Morazán: Ojojona, Alubarén, Santa Ana y Sabana Grande; Departamento de Valle: Nacaome, Amapala y San Antonio de Guarumas; Departamento de Choluteca: Pespire, Choluteca y Morolica, con la organización y formación del COFADEH y el apoyo de la organización internacional HEKS-EPER.
Otros problema que suma en la zona sur, según el integrante de REDEHSUR, Allan Torres, en el reciente crimen de odio contra Mía Collucci, activista de los derechos humanos de la comunidad Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual (LGTBI), en la Isla del Tigre, Amapala.
No hay avances en la investigación del caso y nos preocupa porque habemos muchos activistas públicos de la Diversidad Sexual y otros no tan expresivos, por lo que nos pone nerviosos lo que ha sucedido con la compañera, en una zona muy tranquila, aseguró Allan.
El contexto en la zona sur, es desalentador, agregó la lideresa del grupo de oposición “Bastión del Sur”, Aleyda Huete, pero debe ser aprovechado para unir esfuerzos contra el sistema, que ya se ha aprovechado de la crisis del pueblo.
A ocho meses que inició la pandemia por el COVID-19 no hay medicamentos en los hospitales, los centros de salud siguen desabastecidos, hay muerte de compañeras, médicos, docentes, incluso un nietecito mío murió tras contagiarse en el hospital, mi esposo se contagió en el centro penal de Choluteca y no me permitieron llevarle medicinas, lamentó Huete.
“Tenemos el peor huracán que ha llegado a Honduras y se llama Juan Orlando Hernández” Aleyda Huete, defensora de DDHH.
A raíz de la pandemia, el sector educativo ha sido muy afectado, por no tener las técnicas ni herramientas para asumir clases virtuales, peor cuan, cuando el 60 por ciento de la población es pobre y no tiene acceso a un dispositivo móvil, internet y en los casos extremos no tienen energía eléctrica, pese a contar con el parque más grande de Centroamérica que produce energía fotovoltaica (energía solar).
En este tema, la profesora Dixi Rodríguez, defensora de la REDEHSUR, compartió que, en el sector educativo ha sido una situación muy difícil con las clases virtuales. No hay dinero para recargas o no hay señal telefónica donde viven los estudiantes.
La situación se complica para los docentes que no tienen material didáctico ni equipo técnico. La deserción escolar pudo alcanzar el 48 por ciento de la matrícula inicial y no hay acciones concretas de parte de la Secretaria de Educación, tampoco hay apoyo en los casos de compañeros contagiados y muertos por covid-19.
Más de un millón y medio de estudiantes en Honduras desertaron de las aulas virtuales, por lo que el personal docente está haciendo planes de trabajo para que los alumnos que no pudieron entrar al sistema virtual puedan concluir el periodo académico 2020.
“Hay solidaridad entre los compañeros, hacemos videos para motivar a padres de familia y estudiantes a seguir con las clases virtuales, lo que ya aprobaron prestan sus dispositivos móviles a quienes deben nivelarse, y por otro lado hay deudas adquiridas por padres y madres de familia que debieron comprar teléfonos, computadoras e internet”, puntualizó la Rodríguez.
En un informe presentado por el COFADEH, en junio reciente, expone la zona sur como la La Ruta del Pacífico, pensada para los negocios legales e ilegales de las nuevas élites hondureñas que reemplazaron el viejo Club de Coyolito en el Golfo de Fonseca, ha convertido a la población organizada de esta zona en el blanco de una estrategia de violencias sistemáticas que es ejecutada por las Fuerzas Armadas de Honduras.
El COFADEH continuará con monitoreos en la zona, donde las violaciones a los derechos humanos son contantes sin que el régimen actúe en favor de las víctimas.
