Tegucigalpa.- “El sometimiento de la investigación criminal a la lógica oculta del poder político. O se pide permiso para proceder. O se dirige hacia otro punto el proceso, es el principal obstáculo para la investigación de los casos en el pasado y en el presente”.
Así lo señaló la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva, durante el Foro “Debida diligencia en las investigaciones de casos sobre violaciones a derechos humanos en Honduras: avances y obstáculos”.
El foro fue desarrollado por la Mesa de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias contra Honduras, con el objetivo de abordar los obstáculos fácticos y normativos que enfrentan estas investigaciones.
El Estado hondureño ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en 12 casos, de los cuales 10 continúan en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia.
Los casos son: Juan Humberto Sánchez vrs Honduras, caso López Alvarez vrs Honduras, caso Servellón García y otros vrs Honduras, caso Kawas Fernández vrs Honduras, caso Pacheco Teruel y otros vrs Honduras, caso Luna López vrs Honduras, caso López Lone y otros vrs Honduras, Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus miembros vrs Honduras, Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vrs Honduras y caso Pacheco León y otros vrs Honduras.
En el foro, la coordinadora del Cofadeh expuso en el panel sobre “Los obstáculos fácticos y normativos para desarrollar una investigación diligente en Honduras”.
A continuación la ponencia de la coordinadora del Cofadeh Berta Oliva:
Ponencia:
Experiencias de las Organizaciones como representantes de las víctimas ante la CIDH
Por: Bertha Oliva de Nativí, Coordinadora General del COFADEH
¿Cuáles han sido los obstáculos que identifican para una investigación diligente? mencionar casos emblemáticos.
Antes del código procesal penal aquí el sistema inquisidor daba poderes omnímodos al juez. Y él no era auditable. Era un dios, casi nunca eran diosas. Un dios amigo de las autoridades cuestionadas. De los militares imputados. Y enemigo de la verdad pública y de las víctimas.
Todos recordamos cómo manejaron los casos de los asesinatos políticos. El mismo asesinato de Álvarez Martínez o el crimen contra los testigos de la CIDH José Isaías Vilorio y Miguel Ángel Pavón, en 1988. Absolutamente impunes. O el terrible manejo del crimen contra Juan Humberto Sánchez en 1992 cerca de la frontera con El Salvador. Manosearon su osamenta. Humillaron a su familia. Descalificaron a la víctima. Manipularon a sus seres queridos. Y dividieron a su comunidad.
Los jueces han cambiado los tipos penales imputados contra Billy Joya, por ejemplo, y otros miembros de esa estructura 3-16 con poder en el aparato de seguridad y han amenazado a las víctimas para siquiera mencionarlas.
Yo, personalmente, tengo interdicción de mencionar miembros de esa estructura criminal a riesgo de sufrir consecuencias inmediatas.
¿Cómo es posible investigar así, con indefensión absoluta de testigos, con la quema de evidencias documentales en poder de las autoridades y la presencia de los culpables en puestos de decisión?
Entre 1980 y el 2000 para citar un período no había una Dirección Forense independiente, había un par de “levanta-muertos” que se hacían llamar médicos forenses, dependientes del juez, pero eran cómplices de la impunidad. Adulteraban escenas. Cambiaban las descripciones forenses para culpar al muerto. Y los partes eran reinventados.
El discurso era que el Estado no tenía recursos financieros ni equipos técnicos suficientes para hacer la investigación criminal. Y que por eso no se podía llegar con prueba hasta el culpable.
Ahora tenemos un MP con recursos externos, con equipo técnico y personal para investigar los detalles más minuciosos del proceso investigativo. Una Dirección Técnica, una Dirección Forense, pero la diferencia comparativa de la impunidad se mantiene igual o mayor que en el reciente pasado. Porqué?
La fidelidad política de los tomadores de decisión en el sistema de justicia respecto a los operadores políticos. Los operadores políticos no son necesariamente los funcionarios públicos que los nombran. Los operadores políticos me refiero a personas y estructuras impunes que operan en paralelo, desde las sombras. Desde el crimen organizado.
A mi juicio este es el principal obstáculo para la investigación de los casos en el pasado y en el presente. El sometimiento de la investigación criminal a la lógica oculta del poder político. O se pide permiso para proceder. O se dirige hacia otro punto el proceso.
Desde los casos de corrupción hasta las desapariciones forzadas. Es el mismo patrón.
El caso de Bertha Cácares ahora mismo es emblemático. La investigación se encuentra delante de policías, militares, banqueros amigos de los operadores de la justicia. Y van a juzgar a los gatilleros y demás actores materiales, pero los inspiradores y financiadores del crimen permanecen fuera del cuadro. Ellos están al lado de los operadores políticos. Pregúntemelo a la MACCIH.
Resumiendo, además de las limitaciones éticas en el proceso investigativo, tenemos una verdad incuestionable. Hay una política oficial de impunidad que ordena no divulgar la verdad y no sancionar a los culpables.
Romper esa madeja es la tarea.
¿Cuáles serían las propuestas de mejoras para que el Ministerio Público pueda cumplir con su deber de investigar?
¿Cómo decir que el MP efectivamente necesita recursos, pero que no es lo más importante para cumplir con su deber?
¿Cómo le digo, entonces, que se necesitan Garantías de Independencia suficiente para investigar?
Podemos pensar en integrar una Unidad Especial adscrita al MP pero independiente, conformada por personal internacional, para investigar específicamente los casos sentenciados por la CIDH.
Qué tal? ¿Puede ser, pero a quién se lo proponemos? Tengo dudas a quién, pero estoy segura que no puede ser a los mismos que dieron el golpe de Estado o quienes apoyaron el fraude electoral o lo que es lo mismo a quienes eligieron la Corte Suprema.
¿Cómo se puede contribuir desde la sociedad civil para que las investigaciones cumplan con su objetivo?
Las organizaciones de la sociedad civil podemos y debemos crear un laboratorio de seguimiento social a los indicadores de cumplimiento en materia de investigación criminal de los casos juzgados pendientes de cumplimiento.
Ofrecer máximas garantías de protección a testigos clave, incluso el exilio coordinado, para asegurar la calidad de la prueba.
Producir información pública periódicamente sobre los avances y obstáculos, y organizar una campaña de conciencia colectiva sobre los excelentes frutos de reducir ciertamente la impunidad.
Disminuir los impactos nefastos de las campañas de descalificación sobre las víctimas y sus representantes durante el proceso de cumplimiento de las sentencias.
Proveer formación humanista a las instancias de investigación y a sus portavoces, para crear una narrativa inclusiva, asertiva, que produzca beneficios sociales en vez de prejuicios, barreras y degeneración.
