Por Giorgio Trucchi | LINyM
Los «niños mimados» de Washington en Centroamérica están viviendo días complicados. Para Estados Unidos, que vive una de su peor crisis sanitaria, económica y social, representa otro golpe a su estrategia político-militar para reposicionarse en el continente.
Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, se ha vuelto a reelegir en 2017 a pesar de una candidatura inconstitucional, un descarado fraude electoral y una violenta represión post-electoral que ha dejado un saldo de más de 30 personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado.
Para que esto ocurriera (su reelección), Hernández contó con el apoyo incondicional de Estados Unidos, que primero avaló la candidatura ilegal y luego el fraude. Para Washington sigue siendo inconcebible un cambio en la conducción del país -que considera su «gendarme en el área centroamericana»- que favorezca a opciones políticas vinculadas a partidos y gobiernos latinoamericanos progresistas y de izquierda, y a movimientos sociales y populares nacionales e internacionales.
Después de la «pesadilla Manuel Zelaya» y el «restablecimiento del orden» a través del golpe de 2009, los Estados Unidos no quieren más sorpresas y optan por el mal menor hasta no tener una alternativa que siga garantizando sus intereses geopolíticos.
El caso de ‘Tony’
El 18 de octubre del año pasado, un jurado del Tribunal federal de Manhattan encontró al ex legislador Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, hermano del presidente, culpable de los delitos de tráfico de drogas, portación ilegal de armas y declaraciones falsas[1].
En aquella ocasión, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, dijo que Hernández «estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de varias toneladas de cocaína a través de Honduras y que estaban destinadas a los Estados Unidos».
«Hernández -continúa la nota de la Fiscalía- sobornó a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para proteger los envíos de drogas, solicitó grandes sobornos de los principales narcotraficantes, y organizó la seguridad de las ametralladoras para los envíos de cocaína».
Además, el ex legislador hondureño habría recibido un millón de dólares del cartel de Sinaloa (del «Chapo» Guzmán) para la campaña presidencial de su hermano (2013). El hoy presidente Juan Orlando Hernández fue señalado en la documentación de la Fiscalía como coconspirador (CC4).
Las acusaciones fueron rechazadas tanto por la defensa de ‘Tony’ como por el mismo presidente Hernández, evidenciando los «avances» en la lucha contra el narcotráfico durante su administración. Menos de 24 horas después del fallo, el mandatario apareció sonriendo en un desfile militar acompañado por la encargada de negocios de la embajada estadounidense, Colleen Hoey. Horas más tarde recibió el apoyo formal del Departamento de Estado.
La lectura de sentencia en el caso de ‘Tony’ Hernández ha sido suspendida cuatro veces y fue reprogramada para el 29 de junio de este año.
¿Honduras un narcoestado?
Cinco meses después de la sentencia contra Juan Antonio Hernández, en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y de acusaciones de corrupción gubernamental en la compra de insumos y equipos médicos, explotó otra bomba.
El 30 de abril, el ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla Valladares, fue acusado en la Corte Federal de Manhattan de tráfico de drogas y posesión de armas y artefactos destructivos. A acusarlo son el fiscal Berman y la agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Wendy Woolcock.
De acuerdo con la nota publicada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York[2], Bonilla «abusó presuntamente de su posición oficial para proteger los envíos de cocaína, y asesinó a un narcotraficante como parte de una conspiración que involucra a políticos hondureños de alto rango y miembros de la Policía Nacional hondureña».
Berman involucra en estos delitos al propio presidente Juan Orlando Hernández y a su hermano Juan Antonio. «Como se alega, en nombre del ex congresista hondureño convicto Tony Hernández y de su hermano el presidente, Bonilla supervisó el transbordo de varias toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos. Utilizó ametralladoras y otras armas para lograrlo y participó en violencia extrema, incluido el asesinato de un traficante rival».
El año pasado, el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, declaró a varios medios que Honduras se había convertido en trampolín para avionetas que van rumbo a Estados Unidos cargadas de cocaína.
Además, dijo que la Fiscalía iba a continuar a investigar y a acusar a muchos más individuos, posiblemente incluyendo al mismo presidente Hernández. «Yo creo que están tratando de conseguir más pruebas y posiblemente esperar hasta que salga del puesto de presidente, para acusarlo en un gran jurado aquí en Estados Unidos», vaticinó Vigil.
Hernández, cuyo mandato terminará después de las elecciones de noviembre de 2021, sigue rechazando todas las acusaciones. Sin embargo, para Estados Unidos se vuelve cada vez más difícil mirar hacia otro lado.
El presi más cool
Otro dolor de cabeza para Washington se ha convertido el actual presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
Para la administración Trump, el presidente millennial que gobierna desde las redes sociales representa la opción más viable para retomar protagonismo en el país después de una década de gobiernos progresistas del Frente Farabundo Martí (Fmln). Además, Bukele se convierte en un aliado más en el tablero geopolítico latinoamericano.
No obstante, el «presidente más cool del mundo» -como ama definirse- está pasando por un muy mal momento, abrumado por las críticas que les llueven por su gestión autoritaria y su forma irrespetuosa de gobernar hacia los otros poderes del Estado.
El 8 y 9 de febrero, después de haber convocado a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, Bukele ordenó la militarización del aula parlamentaria para ‘imponer’ la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares del Banco centroamericano de integración económica (Bcie), para financiar la tercera fase del Plan Control Territorial.
La inmensa mayoría de legisladores calificaron de ‘golpe parlamentario’ la medida tomada por Bukele, y al mandatario le cayeron fuertes críticas a nivel nacional e internacional.
La bancada del ex gobernante Fmln impulsó una demanda por sedición, mientras que la Sala Constitucional del máximo órgano de justicia ordenó a Bukele abstenerse «de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos, y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes».
Asimismo lo mandó a suspender otra convocatoria extraordinaria del parlamento, así como «los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuencia del acuerdo de convocatoria (de sesión extraordinaria) impugnado».
Escalada autoritaria
Para el presidente fue un duro revés y su reacción no se hizo esperar. Los ataques en las redes sociales contra las bancadas parlamentarias opositoras, el poder legislativo y judicial continuaron, y el conflicto se agudizó aún más luego de que el mandatario decretara cuarentena y estado de excepción en todo el territorio nacional, como respuesta a la pandemia del Covid-19.
La medida llevó a la detención y reclusión de cientos de personas en delegaciones policiales y albergues que no reúnen las condiciones mínimas para atender una cuarentena. En su mayoría se trataba de ciudadanos con empleos informales que necesitan trabajar para poder sobrevivir. A muchas de estas personas hasta fueron decomisados sus vehículos.
La militarización de la ciudad de La Unión, el puerto más importante de El Salvador, fue otra de las medidas fuertemente criticadas por los demás poderes del Estado.
Ante la escalada autoritaria de Bukele y el ataque reiterado a la separación de poderes, la Sala Constitucional volvió a pronunciarse, ordenando al mandatario abstenerse de «privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliaria, mientras la Asamblea Legislativa no emita una ley formal en la que se establezca dicha medida».
También instó a las autoridades, policías y militares a abstenerse «de ejecutar actos de fuerza que conllevan a la vulneración de los derechos fundamentales de las personas, y que también carecen de base legal».
La respuesta de Bukele llegó ese mismo día por twitter, asegurando que no acataría ninguna resolución de los magistrados, y que vetaría la ley aprobada por el poder legislativo.
En las últimas horas, bajo la presión de la empresa privada para iniciar la fase dos, parece que el gobierno ha alcanzado un punto de encuentro con la ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), para aprobar una ley de aislamiento y cuarentena que regule la materia.
Además se autorizó un préstamo de 1.000 millones de dólares adicional a los 2.000 millones ya aprobados para enfrentar a la pandemia. El Fmln no votó ninguna de las dos resoluciones.
Uso de la fuerza letal
A punto de cumplirse el primer año de su mandato, Nayib Bukele parece empecinado en imponer contra viento y marea su agenda política aprovechando y capitalizando el miedo de la gente. Según varias encuestas, la inmensa mayoría de salvadoreños siguen respaldando su gestión y en las redes sociales ya se viralizó el hashtag #lindadictadura.
El pasado 25 de abril, tras un repunte de los asesinatos, el mandatario ordenó estado de emergencia en los principales centros penales del país. Las imágenes que retraen a cientos de privados de libertad semidesnudos, sentados en fila y amontonados sin ninguna medida de prevención sanitaria, dieron vuelta al mundo.
Bukele ordenó mezclar a miembros de bandas (maras) rivales en la misma celda, sigilar las celdas y dejar a los presos sumidos en una total oscuridad y suspender cualquier actividad y todo contacto con el exterior. Asimismo, mandó a aislar a los cabecillas de las organizaciones criminales y autorizó el uso de la fuerza letal, garantizando la defensa legal a militares y policías en caso de ser demandados.
Las medidas ilegales y violatorias de los derechos humanos, sumado al uso mediático de las fotos filtradas por el mismo gobierno en las redes sociales, llevaron hasta a organizaciones internacionales tradicionalmente «sensibles» a los intereses de Washington, como la Comisión interamericana de derechos humanos (Cidh) y Human Rights Watch (HRW), a lanzar un grito de alarma.
Mientras la Cidh instaba a «adoptar medidas que garanticen la vida, salud, integridad y dignidad de las personas privadas de libertad», José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, tuiteaba que el encierro en celdas hacinadas e insalubres en El Salvador es «un trato cruel e inhumano».
Además aseguraba que si bien las maras deben ser llevadas ante la justicia, «esto no significa que el gobierno de Bukele pueda exponerlos deliberadamente al contagio y someterlos a trato cruel».
Parece que al presi más cool se le ha ido la mano. Así lo aseguran Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, y Albio Sires, presidente del Subcomité de Asuntos Exteriores del Hemisferio Occidental de la Cámara de Estados Unidos[3], que en una carta dirigida al presidente salvadoreño denunciaron «la reincidencia democrática y los abusos contra los derechos humanos en El Salvador».
