NO hay ninguna contradicción en este titular, porque el líder de la MS Alexander Medina alias “El Porkys” fue liberado, fue rescatado y su historia tomó los espacios mediáticos en la víspera de la sentencia a Tony Hernández en Estados Unidos, justo cuando su primo el policía Mauricio Hernández era apresado en territorio estadounidense.
A esta hora del sábado 15 la estrategia de los abogados malones del hermano de Juan Orlando Hernández funcionó, porque la sentencia no será el 24 de febrero; ese día el juez federal que lo juzga por narcotráfico a gran escala nombrará un abogado para investigar si es cierto que Tony no tiene dinero para pagar su defensa. O si la plata recogida por los evangélicos del poder en Honduras es suficiente para seguir, sin defensor púbico. Todo eso es tiempo. Y el retraso cuenta para otras estrategias a venir antes de la condena. Hasta aquí los hechos.
Ahora veamos las interpretaciones a lo ocurrido el jueves en los juzgados del Progreso, Yoro.
La Comisionada de Policía, María Luisa Borjas, sin rodeos calificó lo ocurrido como una operación militar de rescate, ejecutada por una unidad especial “que cumplió a cabalidad la misión de eliminar el testigo clave y, a la vez, rescatar al reo quien desaparecerá por fuga o por ejecución”.
Si leemos con atención entre líneas esa cita deducimos fácilmente que el líder de la MS era incómodo dentro de la cárcel, como lo era Magdaleno Meza, por su relación directa con la estructura del crimen organizado que controla el Estado de Honduras desde 2009 hasta la fecha.
El Porkys es incómodo en prisión, porque el Estado es responsable de su integridad física y es incómodo en manos de la DEA o de la justicia de Nueva York, porque es testigo de hechos criminales al lado de los agentes de la dictadura, que han trabajado con ambas maras, la M18 y la MS13.
El asesinato de la fiscal Sherill Yubissa Hernández el 11 de junio de 2017 en Santa Rosa de Copán, por investigar las operaciones del Cartel de Occidente, conectaría directamente al Porkys, así como a otras operaciones criminales relacionadas a tres ex ministros de seguridad que facilitaron el accionar macabro en Honduras.
Dentro de esta estrategia organizada que describe la Comisionada Borjas, el señor Juan Orlando Hernández ha subido la recompensa a dos millones de lempiras a quien ofrezca información sobre la ubicación del Porkys. Pero “solo un suicida pondría en riesgo su vida y la de su familia brindando información a cambio de ese dinero” en este contexto de tácticas y estrategias criminales, sugiere la profesional policial.
Al comentar esta situación, la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, Bertha Oliva, coincidió que todo está conectado a una “guerra de carteles con poder político y poder de fuego” que está empujando hacia otros eventos sin cordura en el país.
Honduras está, efectivamente, entre un grupo de paramilitares dentro de la estructura policial-militar que actúa como escuadrón de la muerte, y otro grupo de armados ligados a ex oficiales que fueron apartados de la competencia mediante el proceso selectivo de la depuración. Muchas veces esos grupos se sirvieron mutuamente en el territorio, pero actualmente esos grupos combaten entre sí. Y la población está en el medio.
“La operación para silenciar al Porkys fuera de la cárcel– dice Bertha – está sirviendo ahora mismo para levantar un discurso falso en el sentido que las Fuerzas Armadas ha sido burlada por un poderoso enemigo externo a la institución, que debemos combatir con todas nuestras fuerzas, pero eso realmente significa mentir porque el enemigo para el pueblo es la militarización que representa represión, violación de derechos humanos y una amenaza real a los eventos electorales futuros”.
El calendario electoral de Honduras señala elecciones primarias y generales para el próximo año 2021, pero desde ya la sombra fantasmal de la continuidad militarista de Hernández Alvarado ejerce una presión nefasta al clima político nacional.
La eliminación de la Comisión de la OEA contra la corrupción, la amenaza directa de supresión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Tegucigalpa, la venganza contra Soledad Pozos por los 22 casos de crímenes de Estado bien documentados tras la reelección ilegal del impostor, son hechos que facilitan “eventos sin cordura”, como teme la defensora Oliva al extremo de poner en orfandad a la población.
Además de esos enormes riesgos internos, la situación penal que compromete a casi toda la familia Hernández Alvarado en Estados Unidos por delitos de terrorismo, narcotráfico y corrupción, arrastran a Honduras hacia eventos sin cordura en el futuro inmediato. Las fieras en escapada suelen ser más letales que si están acorraladas.
En este panorama hay algunas señales que podrían indicar un cambio en las relaciones de Estados Unidos con la mafia que tomó control del Estado en 2009, la principal es que Juan Orlando Hernández ya no es el líder de la manada que asegura la gobernanza de los negocios políticos y económicos de Washington a corto plazo. Es definitivamente un aliado inconveniente difícil de sostener.
Sin embargo, el aliado acumuló tanto poder en sus manos que puede inclusive revelarse a su amo en cualquier momento y echar a perder cualquier transición hacia la legalidad en el país. Esa transición, que podría ser el futuro proceso electoral, está amenazada por tres tendencias claras: la huida de la población en caravanas por las violencias, la indiferencia electoral que crece masivamente por el fraude y, muy fuertemente, el riesgo de un acuerdo militar que evite las próximas elecciones e imponga un triunvirato títere del hombre.
A todas estas reflexiones nos han llevado los eventos de los últimos días. La captura del primo de los Hernández en Estados Unidos, la liberación del Porkys en El Progreso, el retraso de la sentencia de Tony en Nueva York y la captura del general evangélico Leonel Sauceda en Tegucigalpa.
Sauceda, que funcionaba como eslabón potable entre los dos fuegos del Estado criminal, es actualmente una oferta de buena práctica para el Ministerio Público de la dictadura, que intenta probar la ausencia necesaria de la MACCIH. Con su captura, además, se retrasa cualquier comparecencia obligada ante la justicia federal de Estados Unidos convertida en el verdadero Ministerio Público extra nacional.
Es nuestro deber, entonces, desmontar cada vez que sea posible esta estratagema perversa de quienes avergüenzan a la sociedad hondureña en el mundo entero. Y si una palabra nuestra contribuye a evitar nuevos desastres a este país que es nuestro y no de los carteles criminales, lo seguiremos haciendo.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 15 de febrero de 2020
