Guatemala cumple a esta hora más de 12 días de paro nacional progresivo bajo la dirección de los liderazgos indígenas mayas, que han comprendido la importancia de mandar a Porras a la porra.
Ayer viernes, tras cuatro horas de pláticas con enviados de la OEA y el propio presidente saliente, los jefes de la paralización nacional resumieron que en ese tal diálogo no hay voluntad de modificar nada. La lucha sigue.
Acostumbrados a deliberar, pactar y obedecer, los mayas en insurrección le dijeron a Giammattei que la lucha sigue. “El pueblo dijo, y dice que se sigue”, lo cual indica que los tranques de las principales arterias del país continúan activos hasta que la élite corrupta obedezca.
La fiscal anclada en su cargo por la voluntad política de las élites corruptas chapinas está empeñada en socavar el fuelle popular que inspiró la victoria política de Bernardo Arévalo en las últimas elecciones generales. Y Giammattei la sostiene.
Esta determinación de Porras, del juez Orellana y del acusador público, se corresponde con la mismísima realidad hondureña donde el sistema electoral permitió a la resistencia política antigolpista acceder al gobierno, pero le impidió hasta ahora ejercer el poder.
Xiomara ganó el ejecutivo en 2021, pero un bloqueo criminal asociado ilícitamente controla la contratación pública, los votos del Congreso, la autonomía de los gobiernos locales, la labia de la prensa y los juicios del sistema de justicia.
El sistema corrupto, blanco, supremacista y racista de Guatemala, decidido a cobrarle cara la osadía a Arévalo, le permitirá la toma de posesión del Ejecutivo en enero, pero le atará las manos para hacerlo morder el polvo.
La fiscal Porras, el juez Orellana y el acusador Curruchiche matarán su partido Semilla en una Corte adversa, que viene prolongándose mandatos vencidos desde 2019, y en el Congreso adverso y perverso de los corruptos le atarán de pies y manos al nuevo inquilino del “guacamolón”.
Arévalo no podrá implementar su agenda de cambio esperado después de 70 años de guerra y lucha de clases bajo dictadura democrática neoliberal, como Xiomara no puede tener las leyes habilitantes de la CICIH, la reparación a las víctimas de los años ochenta y la obligatoria justicia tributaria tras 14 años de narco dictadura.
Sólo el pueblo salva al pueblo en este contexto desfavorable, porque la dinámica hegemónica está calculada bajo tutela de militares, de la embajada de Estados Unidos y del ministerio de colonias llamado OEA.
El pueblo consciente, organizado y movilizado, es el único actor político con agallas para poder cambiar esa desigual correlación institucional actual. En Guatemala y en Honduras.
En Guatemala, con un gigantesco pasado de organización y movilización indígena y popular, pero sin un liderazgo central suficientemente fuerte que señale en el presente la agenda más allá de las destituciones, se corre el riesgo de caer en la trampa del diálogo inútil instrumentalizado por los tiburones de la 6 avenida de ciudad capital y de la calle Constitución de Washington.
Honduras sabe de eso. Sufrimos en 2009 esa pantomima de la mediación política dirigida por Insulza en Teguz, por Arias el peón de Washington en San José, y por ese oráculo perverso autor de los votos rurales en el diálogo Guaymuras de Tegucigalpa.
Los procesos de diálogo como son concebidos por los neoliberales, que se proponen mantener a Guatemala dentro del consenso de Washington, traman que los golpistas manipuladores del poder ganen tiempo y que la población políticamente organizada se desmovilice.
Conscientes de esos trucos, lo menos que podemos hacer es alentar a nuestras hermanas guatemaltecas y hermanos guatemayas para que sigan con todas sus fuerzas, primero para impedir la muerte moral de Arévalo antes de asumir, y luego para orientar su agenda pública de futuro.
Aquí en casa, a tres meses y medio para llegar a mitad del mandato del 2021, también vale recordarnos que aquel día de noviembre votamos para expulsar a joh del liderazgo criminal que mantenía secuestrado el Estado, y para comenzar una transición democrática que retome el Estado de Derecho.
En esa línea, las familias víctimas de la desaparición forzada urgen al liderazgo nacional que no se distraiga con la eliminatoria futbolera, el continuismo ilegal de Sibrian en la Fiscalía o la crisis del visado tico. El narcotráfico está virando por el Pacífico hacia Europa y el juicio al cartel de joh llega en 3 meses. Ningún retardo premeditado de la agenda pública o específicamente de la dinámica legislativa debería impedir la exigencia de reparación, garantía de no repetición y memoria histórica. ¡Vamos Xiomara y Luis, pilas!
Las víctimas de los canallas en 1980 y en 2009 repiten por ello con insistencia: Desapariciones forzadas nunca más, golpes de Estado jamás, criminalidad organizada en el Estado basta ya, ¡justicia y reparación ahora! Esas no son consignas, son el clamor del pueblo vencedor de 1990, 2009, 2017 y 2021.
En 2025 la nueva lucha ha de ser para desmovilizar definitivamente las estructuras criminales que se agazapan ahora en las instituciones públicas y en el tejido social, empresarial, militar y religioso. Ha de ser para continuar reconstruyendo un Estado que sirva a la gente, y no a los criminales. El pueblo habló, y dice que sigamos.
Buenas noches
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 14 de octubre de 2023
