Para sostenerse en el poder usurpado, Juan Orlando Hernández vulnera en forma cínica los derechos de los disidentes políticos, utilizando la manipulación del poder punitivo del Estado para deshacerse de la oposición política y de los que reclaman derechos fundamentales, como educación y salud. Para ello, utiliza la maquinaria que dirige desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, en el que cada poder estatal tiene su rol represivo sobre un andamiaje previamente establecido.
En 2019, los médicos y los maestros hondureños salieron a las calles en multitudinarias manifestaciones reclamando por el deterioro de ambos derechos. Justa razón tenían, estas desigualdades identificadas históricamente han sido mucho más visibles en el COVID-19, así mismo el autoritarismo, característico de las dictaduras, se ha impuesto la confiscación de derechos y el abuso de poder.
En mayo de 2019, el Dictador desplegó todo su poder contra los médicos y maestros. El 31 de mayo fue capturado el maestro de Rommel Baldemar Herrera Portillo de 23 años, y remitido a centros de detención de máxima seguridad, acusado del delito de incendio agravado, por la quema de llantas en la fachada de la Embajada de los Estados Unidos.
El delito que se le imputa, además de desproporcionado, no admite detención preventiva, no obstante el Juzgado que conoció la causa jugó su rol establecido en el sostenimiento de la dictadura y lo mantiene bajo prisión preventiva desde hace un año, afectando su desarrollo profesional. Al momento de ser detenido era un estudiante profesional en dos universidades, además de ejercer su profesión enseñando a niños.
Rommel Baldemar no ha gozado del derecho a un juicio imparcial, establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes, aceptados por el Estado de Honduras.
La privación de libertad que enfrenta Rommel Baldemar desde hace un año es una gravedad de carácter arbitrario. El Gobierno ha desoído los llamados de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de los defensores de derechos humanos, del Comité por la Liberación de los Presos Políticos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de los relatores especiales y de los grupos de trabajo de la ONU y de los familiares de los presos políticos, que, ante la pandemia de COVID-19, han exigido la liberación de los ciudadanos arrestados en el marco de las protestas sociales que estallaron hace un año, en abril de 2019, y los defensores presos desde agosto de 2018.
Para Los Presos Políticos, ¡Libertad Ya!
Comité por la Liberación de los Presos Políticos, 30 de mayo de 2020.
