Tegucigalpa.
Por Marvin Palacios
El principal obstáculo que tienen los defensores y defensoras de derechos humanos es el propio estado, porque incumple sus mandatos constitucionales, dijo el destacado defensor de derechos humanos de Guatemala y representante de Protection International, Xavier Zabala, durante una conferencia relacionada a la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos del Triángulo Norte, que integran Guatemala, Honduras y El Salvador.
Zabala indicó que estos estados han sido excluyentes, y podemos ver las estadísticas de población no atendida por los estados, porque son estados patriarcales y racistas.
Por ejemplo la mirada del Estado hacia su población de pueblos originarios, población campesina pobre y menos favorecida es racista, aseguró el defensor de derechos humanos de Protection International que trabaja en Guatemala.
Por su parte la Directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para México y Centroamérica, Marcia Aguiluz, citó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha conocido muchos casos de asesinatos de defensores y defensoras en el continente y ha brindado lineamientos sobre el contenido de las políticas públicas en materia de protección para defensores y defensoras de derechos humanos.
Aguiluz dijo que la CIDH ha establecido que una política pública tiene que contar con la participación de defensores y defensoras, organizaciones de sociedad civil y expertos en la construcción de la normativa de la política pública.
“Debe contener un programa de protección que aborde integral e institucionalmente la problemática de acuerdo con el riesgo de cada situación y adopte medidas acordes con el riesgo de cada persona que lo requiera”, explicó la representante de CEJIL.
Los Estados deben promover una cultura de legitimación del trabajo que realizan los defensores y defensoras de DDHH
Aguiluz señaló que debe crearse un modelo de análisis que permita determinar adecuadamente cuál es el riesgo y cuáles son las necesidades y crear un sistema de gestión de la información sobre la situación de prevención y protección de defensores, así como el diseño de planes de protección que respondan al riesgo particular.
La expositora recalcó en el hecho que los estados “promuevan una cultura de legitimación y protección de la labor de defensores y dotar de recursos humanos y financieros”.
Informes de organizaciones de derechos humanos destacan múltiples casos que señalan a Honduras, como un estado donde no se promueve una cultura de legitimación del trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos; por el contrario, policías y militares agreden y obstaculizan la labor de defensoría.
“Tenemos que avanzar y exigir a los estados protección integral, tenemos que avanzar hacia la construcción de verdaderas políticas públicas que impliquen más allá de darte un botón de pánico”, sostuvo Aguiluz.
En Honduras, la Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia se aprobó en abril de 2015 y el Consejo Nacional de Protección tomó posesión hasta diciembre de ese mismo año.
El Sistema Nacional de Protección está integrado por la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno, el Consejo Nacional de Protección, la Dirección General del Sistema de Protección, así como el Comité Técnico del Mecanismo de Protección y el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad.
En representación de las organizaciones de derechos humanos, forman parte del Consejo Nacional de Protección, el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H) y el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE).
La directora ejecutiva del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) Suyapa Martínez, dijo que las organizaciones de derechos humanos se opusieron desde que se hizo la propuesta de dicha ley, a que la Secretaría de Seguridad integrara el Sistema de Protección, porque esta dependencia es la que hace los análisis de riesgo de los defensores y defensoras.
La directora de CEM-H sostuvo que el mecanismo aún no arranca porque no se ha aprobado el Reglamento de la Ley de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y no existe claridad sobre el presupuesto con que operará.
Martínez señaló que pese a que la ley de protección expresa que el Reglamento será aprobado por el Consejo Nacional de Protección, éste fue remitido a la Coordinación General del Gabinete de Gobierno de Juan Orlando Hernández, para su revisión.
Medidas de protección tales como los patrullajes y la asignación de escoltas policiales contempladas en el mecanismo, son rechazadas por la mayoría de defensores y defensoras, porque existe desconfianza en la Policía Nacional.
Se ha cuestionado también la integración del Consejo Nacional de Protección ya que en este espacio intervienen representantes de 7 instituciones estatales, 5 gremiales y apenas 2 de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Esto es una clara desventaja porque a veces los gremios se suman a las instituciones del Estado y se convierten en una aplanadora, comentó Suyapa Martínez, aunque reconoció como un avance la existencia de la ley.
Martínez informó que a través del Mecanismo de Protección se han recibido 38 solicitudes, de las cuales 13 corresponden a defensores de derechos humanos, 3 ambientalistas, 2 estudiantiles y 10 sindicalistas.
Las exposiciones se realizaron con la presencia del Relator Especial sobre la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michel Forst, quien realiza una visita académica (no oficial), por varios países de Centroamérica.
