Tegucigalpa.- Analistas y expertos en derechos humanos expusieron el sábado 30 de octubre en el programa radial “Voces contra el Olvido”, que es una producción del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, departamento de Colón, respecto a declarar “sin lugar”, la medida de sustituir la prisión preventiva para 8 ambientalistas de Guapinol, es una decisión arbitraria e ilegal.
Además, los invitados coincidieron en afirmar que quien mantiene privados de libertad a los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro de la amenaza de la contaminación provocada por la extracción minera en la zona, es precisamente el poder económico con la venia del actual régimen.
Leonel George, integrante de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), dijo que a pesar que el caso Guapinol es emblemático, la justicia hondureña se sigue ensañando y sigue demostrando que el poder económico es quien determina las órdenes fuera de la parte jurídica en este país.
George sostuvo que lamenta y condena esta situación por la que atraviesan los 8 ambientalistas defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, que se han opuesto a la extracción minera emprendida por la empresa Inversiones Los Pinares, que amenaza el ecosistema de la Montaña Carlos Escaleras en Tocoa, departamento de colón.
“Esta situación es una vergüenza para la institucionalidad que está totalmente sometida a las órdenes que vienen desde el poder económico y que hay una línea directa de Juan Orlando Hernández, de Rolando Argueta (presidente de la Corte Suprema de Justicia), con la intención de mantener a los 8 defensores privados de libertad”, aseguró.
George indicó que a pesar de la incidencia internacional que solicitó la liberación de los ambientalistas, porque está claro que “es una detención arbitraria e ilegal en donde no hay argumentos ni razones jurídicas para la prisión preventiva, se está utilizando a los defensores como un chantaje, una extorsión para que las familias acepten que la empresa trabaje; aunque está totalmente ilegal”.
Teníamos bastante esperanza por toda la incidencia, por la participación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), la participación del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), el Consorcio de Organizaciones de Derechos Humanos en esta audiencia, y aunque ha sido claramente resuelto por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Ilegales, “aquí quien ordena es Lenir Pérez y Ana Facussé porque tienen sus negociaciones con Juan Orlando Hernández y Rolando Argueta.
“Los 3 jueces del Tribunal de Sentencia han decidido continuar con esta violación y este abuso para los defensores, castigando de esta manera a las familias, a las comunidades y al comité en esta lucha por la defensa de los territorios, los ríos y de una zona protegida”, sostuvo Luis George.
La intención es doblegar a las familias, a las comunidades y a los defensores a través de esta detención arbitraria, pero también a través de una posible condena que se maneja entre líneas. Y también hay una cacería contra otros 5 defensores a los que se les otorgó sobreseimiento definitivo.
Por lo tanto es una indefensión total, y es un riesgo que enfrentan todos los defensores del caso Guapinol por toda la impunidad y las violaciones que se están imponiendo por parte de los intereses económicos en el que participa Lenir Pérez, pero también los empresarios y políticos de Tocoa y financiadores internacionales de la Unión Europea, generadores de conflicto y violencia en el Bajo Aguán, advirtió George.
El pasado jueves 28 de octubre, el Tribunal de Sentencia de Trujillo declaró “sin lugar” la solicitud de sustitución de medidas a la prisión preventiva de los 8 defensores de Guapinol, que permanecen arbitrariamente, privados de libertad en el centro penal de Olanchito, Yoro y en La Ceiba.
Es así que el Tribunal de Sentencia mantiene la medida de prisión preventiva en contra de Daniel Márquez, Kelvin Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto, Orbin Hernández, Arnol Alemán, Ever Cedillo Cruz, quienes están en el Centro Penal de Olanchito, desde hace 27 meses, y de Jeremías Martínez que permanece en el centro penal de La Ceiba, Atlántida, desde hace 34 meses.
Sobre este tema y en su editorial, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), divulgado en el programa “Voces contra el Olvido por la estación radio Globo”, expuso que: “La tercera imagen que nos importa igualmente esta noche llegó el jueves desde el Tribunal de Sentencia de Trujillo, que prácticamente anticipó una sentencia condenatoria contra los ocho defensores del agua y la vida de Guapinol, que tienen más de dos años secuestrados por el poder judicial de Ana María Facussé y Lenir Pérez, mineros destructores de la montaña Carlos Escaleras, asesinado por las mafias palmeras y extractivistas de Colón”.
Agrega que: “Los jueces Franklin Arauz Santos, Ricardo Duarte Zaldivar y Carol Ortega Rodríguez dijeron que los defensores de la montaña y sus 34 ríos y manantiales deben seguir en prisión porque pueden fugarse (aunque se presentaron voluntariamente hace más de dos años) y que cometieron delitos graves”.
“Esa imagen brutal ha recorrido los bosques y montañas de San Pedro, Tocoa y Guapinol, causando fiesta temporal en los mafiosos que destruyen los montes y un sentimiento de contenida cólera en la población consciente de todo el país, el más peligroso del mundo para quienes defienden derechos humanos”, resaltó la opinión editorial del COFADEH.
Y añadió que: Una nota del periodista Giorgio Trucci desde Honduras para el mundo cita entre los antecedentes de esta imagen internacional que las empresas holdings que administran “Inversiones Los Pinares son controladas por Lenir Pérez Solís, ya involucrado en el pasado en otros conflictos mineros, y Ana Facussé Madrid, hija del tristemente famoso terrateniente palmero Miguel Facussé Barjum”.
“El nombre de Facussé ha sido relacionado en el pasado con el grave conflicto agrario del Bajo Aguán, donde decenas de campesinos organizados perdieron la vida, y con el despojo territorial en la península de Zacate Grande”. Fin de la cita.
Se conoció que el juicio oral y público sobre el caso Guapinol está programado para desarrollarse del 1 al 10 de diciembre de 2021 en los tribunales de Tocoa, departamento de Colón.
En el programa “Voces contra el Olvido” participó el escritor, ensayista, filósofo y analista político, Mario Membreño quien señaló que lo expuesto por Leonel George es muy cierto.
“Es el poder económico que utilizando los mecanismos del estado, bajo el control de una mafia dictatorial, que está convirtiendo en víctimas propiciatorias a estos defensores de Guapinol”, apuntó.
Membreño expuso que esta situación causa indignación indudablemente, por el hecho de que no se resuelva un problema tan importante para el movimiento popular, para la democratización del país y para la vigencia de los derechos humanos.
Consultado acerca de cuál es el temor del estado de no permitir que los defensores de Guapinol recobren su libertad, el analista expresó que “la dictadura procura no dar muestras del temor que siente de la posibilidad de un cambio en el manejo del estado”.
Y para ocultar ese miedo procura dar muestras de fuerza, y este es el caso precisamente de los prisioneros de Guapinol. No quieren dar ninguna demostración de debilidad frente al pueblo hondureño en un momento tan delicado como el que estamos viviendo, sostuvo Mario Membreño.
Finalmente en su cuenta de Facebook, el experto en derechos humanos, el doctor Joaquín Mejía, miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, expresó que “el poder judicial de Honduras y el Ministerio Público son prevaricadores si se empeñan en mantener en prisión preventiva por más de dos años a los 8 defensores de Guapinol, sabiendo que su detención es arbitraria, según el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU”.
