Amnistía Internacional viene de publicar una declaración pública en la cual señala que el gobierno de Honduras está imitando las políticas violatorias de derechos humanos impuestas por el aparato armado de El Salvador.
El texto carga directamente contra la Policía Militar creada por el gran capo cuyas fechorías van a ser juzgadas el 5 de febrero del próximo año en una sola audiencia con su sobrino Mauricio, su sicario El Tigre y tal vez con su hermano TH como testigo en el estrado. Esa es la decisión del juez Castel. Y esa es la noticia.
La noticia no es el retraso o la prolongación de la audiencia de imputado, que su viuda o su partido pudieran interpretar como una pírrica ganancia, la noticia es la audiencia unificada para imputar a los tres capos maniatados de pies y manos. Comprendes, Méndez?
Para retomar el crítico señalamiento de Amnistía Internacional, el texto recuerda que esa policía impuesta por JOH y resucitada esta semana, usa la fuerza desproporcionada para detener, intimidar, amenazar y sacar información. Además, dispara sus armas para atemorizar a la población, no precisa las razones de las detenciones, y no permite el ingreso de familiares a verificar el estado de las víctimas.
Las imágenes de los últimos días van confirmando en efecto tres comportamientos enfermizos de esa intervención militar en la actual ola de inseguridad agitada por el crimen organizado.
Los privados de libertad han sido puestos en filas, semidesnudos, rapados, amarrados, sometidos con la cabeza puesta contra el cuerpo del otro y exhibidos como encorvadas cucarachas humanas bajo vigilancia de unos héroes armados sedientos de visibilidad mediática. Una imitación burda del modelo salvadoreño.
Eso es, los medios están vendiendo al público sus portadas y emisiones estelares con cuerpos humanos tatuados en el interior de los presidios, con expo ferias de armas decomisadas supuestamente al interior de esos presidios, y no dejan pasar sin exhibir un alma despedazada o una carroña humana en el exterior o una riña a muerte donde las personas se toman la justicia en sus manos como en ese supermercado de San Pedro Sula.
Nos crearon el miedo y nos vendieron a los salvadores, nos impusieron la impunidad y cerraron el ojo a la ley del Talión. De eso se trata siempre. Porque la solución amistosa de los conflictos no es un buen negocio para el mercado, la tranquilidad no vende armas. Se necesita la agitación y el desasosiego. La sangre humana.
En ese jolgorio desprovisto de salud mental no hay espacio para preguntarse cómo entraron las armas, quién proporciona las armas, quién dirige el Armagedón, dónde estaban los custodios y sus jefes, dónde la denuncia, dónde el proceso, dónde el juicio, dónde el castigo. No. Esas preguntas no importan.
Entonces, lo primero, los armados tienen nuevamente su cancha histriónica. Son chicos buenos de portadas matutinas y no existe, por supuesto, una política de relaciones públicas que se los impida o que lo regule, pues necesitan eso para lavar su imagen institucional narcotizada.
Lo segundo, el protagonismo militar es políticamente conveniente para las fuerzas políticas fascistas de derecha que utilizan un argumento simple para rehacerse con el poder: los violentos no quieren rosas ni poemas rehabilitantes. Quieren guerra, y se las damos.
Y, lo tercero, este razonamiento de fuerza dura es socialmente popular en Honduras. Coherente además con el modelo económico vertical, hegemónico, violador de la vida. Y eso hay que cambiarlo, les guste o no les guste.
Por eso es oportunísimo el llamado de Amnistía Internacional al Estado. Le pide garantizar un retiro ordenado de las fuerzas militarizadas de las labores de seguridad pública, y continuar con el proceso de fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional, que lamentablemente ha estado demasiado comprometida con el ilegal proyecto internacional de suministro de drogas a Estados Unidos.
Pide además Amnistía Internacional la adopción de salvaguardas efectivas para prevenir cualquier violación a los derechos durante los estados de excepción o toques de queda, incluido el acceso a la asistencia legal, al debido proceso y a un trato justo, con investigaciones inmediatas, imparciales, independientes y efectivas.
Es oportuno destacar que es fácil sumarse a esta narrativa que asigna al peso moral de los derechos humanos un ingrediente adicional de descalificación política. Somos conscientes de ello, no somos inocentes de esa fuerza descubierta por Carter en 1975 después de la declaración de Helsinki que sirvió a propósitos de política exterior hegemónica.
Por eso, consideramos que antes de meter al gobierno de Xiomara Castro a la jaula de las empresas medidoras de riesgo, de las encuestadoras de popularidad o del ranking de respeto o irrespeto de los derechos humanos, es bueno ofrecer unas pistas del contexto actual para comprender mejor la amplitud de esta cosa en Honduras.
Después de desmovilizar los carteles de transportación de drogas y lavado de activos que dirigían Los Blancos, los Cachiros, Los Valle, los Ardón y los Hernández, que pusieron el Estado de Honduras a su servicio, debemos preguntarle a la DEA y a la embajada de Estados Unidos por la continuación o no de este modelo ilegal. El gran motor de la inseguridad ciudadana en Honduras está ligado a ese problema.
Con el actual juicio a JOH y algunos jefes policiacos activos de los últimos 14 años esperaríamos que termine la transportación de drogas desde La Mosquitia, el procesamiento de cocaína en el litoral y el lavado de activos a nivel nacional. Sin embargo, observamos una reactivación de la dinámica violenta en el mismo corredor hacia Guatemala, con una sobreabundancia productiva de hoja de coca en la zona nor-este y el reacomodo de los carteles mexicanos en el sur de ese país, particularmente en Chiapas, Tabasco y Veracruz, con acceso al gran golfo que lleva hacia la USA.
Esos factores deben ser explicados antes de movilizarnos ciegamente hacia los rebrotes de violencia que estamos corriendo a juzgar como si pertenecieran a un sólo paquete aislado de las mafias locales. Otro elemento que debe señalarse es la tensión entre el capital transnacional, las comunidades concernidas y los sindicatos de trabajadores.
En Colón y Atlántida, antes del fin de la empresa Pinares, que no llegó a renovar su licencia de operaciones vigente hasta el mes próximo, ocurrieron dos muertes violentas de defensores ambientales en su zona de influencia. Aly Domínguez y Jairo Bonilla, cuyos casos están en impunidad mientras el ejecutivo máximo de la empresa cuestionada enfrenta una investigación penal por otros asuntos en Estados Unidos.
Ahora que los 800 trabajadores mineros de Lenir quedan sin ingresos por el auto-cierre de ese negocio sucio que mantiene carreteras, reparte mochilas en las escuelas, regala canastas de comida en Navidad, paga algunos impuestos municipales a Funez y factura publicidad, entonces se levanta un discurso anti gobierno por cerrar esa inversión contaminante de las aguas. Pero es que la empresa no renovó su licencia. Sus ejecutivos están en problemas. Ajá?
En Choloma, entre tanto, la masacre terrorista ejecutada el 25 de junio en un billar, mandó al cementerio a cinco miembros del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Gildan San Miguel, incluida su presidenta.
Sin menospreciar una conexión directa con la masacre, la opinión pública señala el clima de tensión previo que existía entre esa fabricante canadiense de marcas de lujo y su sindicato, tras el anuncio del cierre de una de sus plantas en Choloma. En la víspera de ese anuncio, además, un miembro de este sindicato renunció debido a las amenazas a muerte recibidas.
“La asociación de maquiladores extranjeros en Honduras debería preocuparse de la clase de criminales que están en sus filas y exigir una investigación desde adentro para que ayuden a este pueblo a no desangrarse más”, pidió sin ambages el sindicato de Xiomara Cocas durante su velatorio.
En San Pedro Sula, el litigante José Ramón Osorio acusó el jueves anterior al empresario maquilador de Gala, prófugo de la justicia, Nicolás Maloff FIefil, de controlar sicarios y mandarlo a asesinar, evidenciando con este hecho la existencia de escuadrones asesinos controlados por la industria privada asentada en la zona norte de Honduras.
En Tegucigalpa, esta semana ha sido puesto a salvo un alto dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas Gaseosas y similares luego que sicarios armados moviéndose en vehículos todo terreno intentaron asesinarlo en varias oportunidades. El dirigente del STIBYS participa en la tensa fase de negociación colectiva con la trasnacional de colas, que insiste en dividir este sindicato excluyendo la experiencia de los viejos dirigentes de los nuevos negociadores, para imponer una negociación colonizadora.
Este hecho, que indicaría la existencia de ejércitos privados contratados directamente por los grupos empresariales asentados en el territorio hondureño, fue comunicado directamente a las máximas autoridades del país, quienes han intervenido de inmediato para asegurar la vida e integridad física del vicepresidente de la organización símbolo de la resistencia nacional, Fernando Espinales y su familia.
Entonces, en resumen, antes de sacar la vara medidora del clima de los derechos humanos en Honduras, exijamos respuestas a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos y su embajada, sobre el reacomodo de los carteles de drogas y de lavado de activos, argumento central en la política exterior de ese país para empoderar fuerzas militares y policiales.
Y, como venimos de relatar, los actores criminales ligados a grupos privados empresariales deben ser identificados, desmontados y castigados, por ser parte de una estructura paralela que aporta al clima de inseguridad y violencia atribuible convenientemente a quienes quieren cambiar las cosas.
Por eso Xiomara Castro les dijo el pasado 28 de junio, al inaugurar un museo de memoria en la antigua Casa Presidencial, que la concentración del poder está en otro lado. “Nosotros no tenemos los votos siquiera para firmar un Acta de Sesiones en el Congreso Nacional, porque el poder de esos votos está en quienes dieron el golpe de Estado en 2009 para saquear este país”. Bum!
Buenas noches
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 1 de julio de 2023
