Por Marvin Palacios
San José, La Paz.- A partir del Golpe de Estado de 2009, se aceleró la ofensiva de la industria extractiva en todo el país, evidenciada a través de múltiples concesiones otorgadas por el Estado de Honduras para explotaciones mineras, forestales e hidroeléctricas.
La privatización del recurso agua responde a una estrategia del modelo neoliberal implantado por corporaciones transnacionales, que tienen como objetivo, la apropiación de los recursos naturales de los países llamados tercermundistas. Más de 200 concesiones mineras e hidroeléctricas se han otorgado en el país.
Honduras ha sido un terreno fácil para los propósitos de éstas corporaciones, ya que en los últimos 10 años, el país ha sido cooptado por una ambiciosa clase política entreguista de los recursos naturales y perteneciente al partido Nacional, que bajo maniobras fraudulentas mantiene en el poder a Juan Orlando Hernández, como presidente de la República, violentando la Constitución.
Es aquí, en el departamento de La Paz, donde han vivido durante siglos comunidades indígenas lencas, las que hoy se ven afectadas por el impacto del proyecto hidroeléctrico La Aurora 1.
El periódico digital www.defensoresenlinea.com destacó un equipo periodístico en la zona, para conocer de viva voz de luchadores sociales, dirigentes campesinos, líderes religiosos y defensoras de derechos humanos, sobre las actuales amenazas que se ciernen sobre los pueblos.
Las respuestas de los entrevistados se han enfocado en cómo la represa La Aurora 1 ha traído división entre las comunidades, y cómo la influencia de activistas al servicio del partido Nacional ha tornado un ambiente hostil entre los pobladores.
La hidroeléctrica La Aurora 1, fue construida por la empresa Inversiones La Aurora, de la cual es propietaria la diputada y presidenta del partido Nacional, Gladys Aurora López. En el Registro de Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de La Paz, aparece bajo el número 39 del Tomo 2. La empresa es representada en todos sus actos por Arnold Gustavo Castro Hernández, esposo de la diputada.
La Aurora 1, obtuvo licencia ambiental, el 13 de agosto de 2009, a menos de dos meses del golpe de estado. La empresa es categoría 2 o sea que su generación se encuentra en el rango generador que va de 3 a 15 megas. El 30 de julio de 2009, Aurora 1 habría obtenido el contrato de medidas de mitigación a través de la resolución 929- 2009 y se dice que Aurora 1 suscribió con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) la contrata para el aprovechamiento de aguas nacionales para fuerza hidráulica y que el 26 de agosto de 2009 firmó con dicha dependencia el contrato de operación.
La Aurora opera en un área protegida, productora de agua, en la reserva Biológica El Jilguero
Lo anterior refleja una irregularidad e incongruencia en las fechas de otorgamiento de los permisos, considerando el marco secuencial de otorgamiento, por lo que no se puede firmar la contrata de aguas (7 de agosto de 2009) sin haber obtenido la licencia ambiental, la que fue otorgada hasta el 13 de agosto de 2009.
Asimismo dicha empresa suscribió contrato de suministro de electricidad con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) el 3 de junio de 2010.
La empresa opera en un área protegida, productora de agua. En el diario oficial la Gaceta, de fecha 27 de febrero de 2007, el propio estado reconoce como Zona Protegida a perpetuidad, la denominada: “Zona productora de agua, La Reserva El Jilguero”.
Pobladores han denunciado que se violentó el mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos naturales y que además se violó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que expresa el derecho que tienen los pueblos indígenas a someter todos los proyectos que afecten sus comunidades a través de una consulta previa, libre e informada.
Samuel Gonzáles es militante de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), ha sido directivo a nivel regional y nacional, promotor y educador social. Actualmente es el director de Justicia de la municipalidad de San José, La Paz.
En relación a la situación actual que enfrenta el municipio de San José La Paz con la operación de la represa, Gonzáles dijo que el proyecto ha venido a dividir a la población, en especial a las comunidades de El Agucatal, El Esfuerzo, San Francisco y Granadillo que son las aledañas donde está asentado el proyecto sobre el río Zapotal.
“Las repercusiones han sido más negativas que positivas para la población, en el aspecto de empezar la privatización de los bienes comunes de la naturaleza y a crear un caos, ya que la comunidad El Aguacatal está pasando una situación muy difícil, una división y se ha marcado en aspectos políticos”, aseguró el entrevistado.
Añadió que hay un grupo de activistas del partido nacional que están defendiendo y apoyando a la señora Gladys Aurora y no sabemos con qué propósitos, o qué a ellos les han dado o les han ofrecido porque hay un grupo de choque, sostuvo.
De acuerdo con las leyes hondureñas, los funcionarios públicos o sus familiares no pueden realizar negocios con el Estado.
Esto ha venido a afectar la parte productiva, porque la zona que quedó seca ya no puede ser aprovechada por los pobladores, la gente no puede hacer uso de ella, ahora no corre agua, ahora está seco todo y mucha gente que iba a hacer sus quehaceres domésticos, como lavar la ropa o bañarse, ya no lo puede hacer, explicó Gonzáles.
El dirigente campesino dijo que el ingreso a las instalaciones y áreas de influencia está prohibido y que lo lamentable es que el Río Zapotal está ahora privatizado en San José La Paz. El rió Zapotal nace entre los municipios de Chinacla y Opatoro, pero ahora está privatizado.
Gonzáles destacó que La Aurora 1 no sólo está dividiendo a los pueblos, sino también a la feligresía católica.
“Nosotros lamentamos que al guía espiritual de nuestro municipio José Adán se le esté vinculando con actos de ese tipo, que lo único que hace es denunciar las injusticias, hace poco hizo una visita y le pusieron un grupo de choque al padre para que le gritara, lo insultara, es más, han vertido opiniones muy groseras contra el sacerdote.
Entonces nosotros como pueblo apoyamos al sacerdote porque sabemos que sus prédicas, sus luchas y todas sus denuncias están en el marco de la ley y en defensa del pueblo y animamos a nuestro sacerdote para que siga así, porque eso fue lo que Jesucristo mandó, a defender al pueblo y como él, todos nosotros asumimos las consecuencias.
Por eso denunciamos y hemos denunciado a Gladys Aurora López, a Arnold Castro y al partido Nacional en general, los que dirigen las cúpulas y que dirigen a este partido que son los que están saqueando la riqueza natural de nuestro país.
“Yo sé esta entrevista que yo pueda estar dando pone en peligro mi vida, pero nosotros siempre hemos sido del criterio que la vida se defiende con la vida y estamos dispuestos a dar la lucha porque si no defendemos nosotros, nuestros bienes comunes; nadie lo va a hacer”, expuso con firmeza Samuel Gonzáles.
El sacerdote diocesano José Adán Martínez es el párroco de la Iglesia San José Obrero de esta comunidad. Por más de 20 años ha sido el guía espiritual en este sector de tierras lencas.
El padre José Adán dijo a www.defensoresenlinera.com que Dios nos colocó en este mundo para que defendamos esta creación, no somos dueños absolutos, simplemente somos colaboradores, tenemos que ayudarle a Dios en la creación con posturas bien claras, con estrategias bien claras, contra los opresores, contra los que ya se están adueñando del medio ambiente, con las concesiones del estado que les dio ese poder para adueñarse de los bienes de la creación, de los recursos de los municipios; por lo tanto los defensores del medio ambiente estamos unidos con Dios, con las enseñanzas de la Iglesia y con la legislación hondureña para ayudarnos a defender.
El guía espiritual explicó que “este modelo político que estamos viviendo hoy, eso es lo que nos está enseñando, que el propósito es adueñarse, privatizar todo, para ser una élite cada vez más poderosa económica y políticamente”.
“En el actual modelo político, cada vez están bajo riesgo los defensores y defensoras del ambiente”: sacerdote diocesano José Adán Martínez
El padre José Adán dijo que esos proyectos hidroeléctricos han dividido a la comunidad, llegan a proponer un montón de cosas que hasta la vez, no les han cumplido. Propusieron que les iban a poner la luz, que esto; lo otro, se firmó un documento y entonces no se cumplió nada.
Estos proyectos son letales, son dañinos, son dañinos a la familia, porque muchas familias tuvieron que vender e irse de ahí. Ahí vivían, ahí vivieron sus ancestros, ahí trabajaron, pero han tenido que irse por esa concesión que el estado le dio a estas familias.
En su palabra profética, el padre José Adán expone que en el actual modelo político, cada vez, están bajo riesgo los defensores y defensoras del ambiente.
“Están en peligro, los miran muy mal las personas, como que no les creen, como que somos personas malas, pero no, definitivamente que no, estamos conscientes por Dios, por la Iglesia, por la conciencia, que sí tenemos que defender el medio ambiente, luchar con estrategias políticas, pues ojalá un día se quitaran esas concesiones, que el congreso erradicara esas concesiones”.
El religioso expuso que esas concesiones son dañinas, son letales para el estado, para la familia, para el municipio, porque es una instancia que han creado para adueñarse de los recursos y a las municipalidades las ponen de rodillas, no pueden hacer nada, las compran, las venden, porque la presión política y económica es tan grande que las municipalidades como que no pueden hacer nada.
“Obviamente pues nosotros hemos pensado en palabras sencillas como que estorbamos, porque hemos asumido una posición profética basada en la Biblia, basada en la enseñanza de la doctrina de la iglesia, nosotros desde ahí basamos, desde la doctrina social de la iglesia y la ciencia social, y eso genera problemas, genera que alguna gente no esté de acuerdo, porque la filosofía nuestra no les gusta, entonces la reacción es rechazar ese mensaje y buscar las estrategias políticas, y si es necesario para quitar o sacar un presbítero”, advirtió el sacerdote.
Expertos consideran que los proyectos hidroeléctricos provocan la destrucción del hábitat, pérdida de la biodiversidad (mamíferos, aves, plantas nativas), erosión del suelo, pérdida del bosque primario, destrucción de zona de amortiguamiento del río, apropiación de territorio, destrucción superficial y subterránea del agua, pérdida de bosque único, generación de plantas exóticas, contaminación del agua y arrastre de sedimentos orgánicos.
“…este modelo político que estamos viviendo hoy, eso es lo que nos está enseñando, que el propósito es adueñarse, privatizar todo…”.
Documentar violaciones a derechos humanos y acompañar a las víctimas bajo un contexto como el que se ha documentado, es una tarea difícil y peligrosa. Ese trabajo lo realiza Antonia Gutiérrez, quien es comisionada municipal en San José La Paz y que actúa como enlace entre la municipalidad y el pueblo.
Además, Gutiérrez forma parte de Red de Defensores de Derechos Humanos Indígena Lenca de La Paz (REDHIL), espacio formado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
“Se nos dificulta mucho el trabajo porque somos discriminadas, amenazadas y entonces a veces se nos dificulta el trabajo, pero nosotras seguimos adelante, creo que los ambientalistas están bajo mucho riesgo, por ejemplo en El Aguacatal donde hay una represa instalada, existe mucho conflicto y división entre los mismos miembros de la comunidad”, destacó la defensora de derechos humanos.
Indicó que a pesar de que no se han presentado muertes violentas por la oposición al proyecto La Aurora 1, “es algo que se puede dar porque es muy fuerte el conflicto que hay en esa comunidad”.
Por su parte Donatila Girón del Movimiento Independiente Indígena Lenca de Honduras (MILPAH), resaltó que defender los derechos humanos en La Paz, “además de ser arriesgado, es un trabajo voluntario, y lo hacemos porque nos gusta cuidar el ambiente que nos rodea, nuestra tierra, nuestro territorio y los bienes comunes que nosotras estamos defendiendo”.
Esa es la lucha de un defensor de derechos humanos, es una lucha arriesgada, caminamos grandes distancias, no tenemos alguien que nos cuide, el método de seguridad no es el apropiado para un defensor pero ahí estamos, siguiendo la lucha y defendiendo nuestro territorio.
Girón dijo que si bien es cierto hay miembros de MILPAH que cuentan con medidas de protección, eso no significa que sus vidas estén seguras, ya que no cuentan con escoltas de seguridad, porque según dijo, es difícil tener acceso a este servicio de protección, aún y cuando el Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, así lo señale.
“Y los motivos son por los lugares donde viven los defensores, porque es arriesgado, y porque también no es conveniente”, detalló la defensora.
Consultada acerca de qué actores serían los generadores de riesgo en contra de los defensores y las defensoras de derechos humanos, Girón señaló a los políticos de empresas, las transnacionales y toda aquella gente que quiere apropiarse de los bienes comunes a toda costa, despojando a la gente de los territorios, engañándoles, mintiéndoles, ofreciéndoles bolsas solidarias y todo eso, entonces ese es el sistema aquí. Ellos son los que quieren apropiarse de nuestros bienes, tales como la diputada Gladys Aurora López a quien se le dio en 2009, después del golpe de estado la concesión de todos los ríos de La Paz.
“….A veces no confiamos en nadie y a veces hasta dar información da miedo por motivo del riesgo que corremos…”
“Hay amenazas, hay discriminación, hay difamación, nos tildan como que somos oponentes al desarrollo del departamento, nos tienen bien vistos, entonces de todas maneras, nos acusan, nosotros no sabemos qué pueda pasar, siempre andamos al margen; caminamos y vemos para todos lados, nos sabemos quién es nuestro amigo, quién es nuestro enemigo. A veces no confiamos en nadie y a veces hasta dar información da miedo por motivo del riesgo que corremos”, comentó Donatila Girón defensora de derechos humanos de MILPAH.
El Informe Situacional sobre los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de La Paz, dado a conocer por el COFADEH en 2016, destaca que Los defensores y las defensoras concuerdan en que La Policía Nacional, el Ministerio Público, los Juzgados y el CONADEH no tienen independencia y carecen de legitimidad, ya que son instrumentos utilizados por el Partido Nacional para garantizar -entre otras cosas- sus políticas de saqueo.
Además de estas instituciones públicas, el Partido Nacional cuenta con una red de activistas a tiempo completo, organizados en programas asistencialistas de Vida Mejor; reservistas de las FFAA, quienes intimidan a algunos de los Consejos Indígenas e incluso participan en desalojos violentos; se organizan patronatos comunales como paralelas a los Consejos Indígenas; y, medios de comunicación que emprenden campañas de desinformación acerca del trabajo de las personas que resisten a las empresas hidroeléctricas y mineras.
