San Pedro Sula.- Para el día 13 de febrero del año 2024 estaba señalada la audiencia inicial en el proceso penal instruido contra el agente de la Policía Militar del Orden Público, Milton Audiel Rivas, por suponerlo responsable del delito de homicidio en perjuicio de Marvin Alvarado y lesiones en perjuicio de Héctor Alvarado.
Hecho ocurrido en el año 2020, en el marco de suspensión de garantías constitucionales, debido a la implementación de los toques de queda por la pandemia del covid-19.
Los hermanos Alvarado Santiago se dirigían a participar a una reunión en el centro comunal de El Paraíso, Omoa, Cortés, cuando fueron requeridos por agentes de la PMOP, entre ellos el hoy imputado Rivas.
Los agentes policiales dispararon contra la humanidad del señor Marvin Alvarado, quien posteriormente murió en un centro hospitalario, el señor Héctor por ayudar a su hermano, fue víctima también de golpes.
La jueza Rosario Díaz Cruz decidió no llevar a cabo la audiencia, suspendiendo la misma bajo el argumento que tenía que dar inicio a otra audiencia que le vencía el término.
Las apoderadas legales del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecido en Honduras (Cofadeh), constituido en el presente caso como acusador privado, se opusieron, en virtud que si bien en cierto se tenía que llevar acabo referida audiencia, la juez tuvo tiempo suficiente para poderla suspender y notificar a las partes, evitando así la movilización desde Tegucigalpa y Omoa a la sede judicial en San Pedro Sula.
Esta decisión abrupta de la juez, ha producido perjuicios económicos, como emocional a la víctima, la cual tuvo que pedir permiso en su trabajo sin goce de sueldo, y revictimizarse cada vez que acude al llamamiento judicial, expresó la abogada del Cofadeh Karol Cárdenas.
Añadió que también se ocasiona perjuicio a la representación legal del COFADEH, quien se constituye como acusador privado, pues desde Tegucigalpa se tiene que desplazar hacia la ciudad de San Pedro Sula.
Ante esto, el Cofadeh presentó una denuncia en Inspectoría de Tribunales de San Pedro Sula, por faltas a los deberes de los funcionarios y retardo en acceso a la justicia, contra la abogada Rosario Díaz Cruz, jueza del Juzgado con Jurisdicción Nacional.
Cabe señalar que este hecho generó graves violaciones a derechos humanos y causó desintegración familiar a la familia Alvarado Santiago, que no sufrió solamente la pérdida de uno de sus miembros, sino que también causó graves daños psicológicos a toda la familia, a tal grado que el hermano menor de Marvin Alvarado al no superar la muerte, dos meses después tomó la decisión de quitarse la vida frente a su tumba.
