En el mismo momento que los congresistas de ambos partidos del poder profundo y macabro de la guerra aprobaban 95 mil millones de dólares para disparar armas contra el pueblo de Ucrania y Palestina, la Casa Blanca publicaba su informe anual sobre derechos humanos en el mundo.
Asumiendo que la humanidad es estúpida, la política exterior de la guerra puso en la mesa los intereses geopolíticos del Pentágono en Europa del Este, Medio Oriente y en el Pacífico próximo a China, y puso el juzgamiento a todos los demás Estados excepto a sus barras y a sus estrellas.
A Honduras le aplicó el mismo encuadre de los países insumisos de América, es decir, Nicaragua, Cuba, Venezuela, México y Colombia, señalando aspectos de forma que esconden en realidad ataques políticos. Libertad de expresión, diversidad sexual, corrupción, inseguridad, terrorismo, etc.
Entre los apuntes clásicos al “estado de excepción”, que no goza de la aprobación de los organismos de derechos humanos porque junta tareas riesgosas de defensa y seguridad, el informe del Ejecutivo estadounidense ataca en Honduras la impunidad y la corrupción del gobierno que asumió en enero de 2022.
Ambos temas son en la narrativa mediática local los preferidos de grupos opositores, de los tanques de difusión pitiyankis como los denominaba el ex presidente Hugo Chávez, y son esos también los temas preferidos por nosotros. Obviamente, desde otra perspectiva.
De modo general, la lectura del esqueleto del documento USA 2023 sobre derechos humanos produce la percepción de un juicio anticipado a los actores políticos que conducen los órganos del Estado hondureño, que no son “yesmen” para la señora representante de la Casa Blanca en Tegucigalpa.
Si continuamos caminando sobre los conceptos de corrupción e impunidad, el texto gringo cuestiona al Ejecutivo abusos y crímenes de policías no castigados ejemplarmente, y actos de corrupción de alto impacto en otras esferas públicas.
Al Poder Judicial hondureño, el juez supremo de la Tierra y del universo, por encima del bien y el mal, libre de pecado y toda mancha, le asigna el mayor peso de la impunidad fruto de los arreglos entre jueces y delincuentes.
De momento, casi nadie ha leído completo el texto del Departamento de Estado. Las primeras reacciones del gobierno y de organizaciones sociales como el COFADEH, han hecho la salvedad que están en proceso de hacerlo. Pero coinciden los actores en señalar el timing del informe.
Por ejemplo, el lanzamiento del texto coincide con el fracaso de Estados Unidos en su guerra contra Rusia utilizando al pueblo de Ucrania cuyos soldados muertos sobrepasan los 600 mil en dos años. Y el fracaso moral y político de Israel, que ha masacrado millares de mujeres y niños palestinos con apoyo estadounidense, más de 35 mil.
Coincide principalmente el informe con la campaña electoral interna que tiene al candidato republicano en un tribunal acusado por fraude financiero y al candidato demócrata dando tumbos entre la senectud personal y el fracaso de su política migratoria.
La reacción interna a las contradicciones del país emisor de juicios contra los demás Estados del mundo es tan fuerte que, en este instante, se habla de una Intifada total en colegios y universidades de Estados Unidos contra el otorgamiento de los millonarios fondos que profundizan la matanza en Gaza.
Las manifestaciones todavía en el interior de los recintos educativos son tan potentes que las imágenes de militares reprimiendo profesores y estudiantes sólo nos recuerdan la derrota política y militar del imperio estadounidense en Vietnam entre 1963 y 1973.
Este contexto del informe sobre derechos humanos 2023 se lo ha restregado México a su vecino, sin tapujos, a través del presidente Manuel López Obrador que defiende la no injerencia en el proceso electoral que las derechas subvierten antes de su fin en junio próximo.
En iguales circunstancias reaccionó Venezuela que va a elecciones en julio, y Honduras que tendrá elecciones primarias en marzo próximo con candidaturas que no son del agrado del Tea Party gringo.
La Cancillería hondureña ha expresado claramente, además del rechazo al informe de la Casa Blanca, el desconocimiento total de su contenido.
“No reconocemos informes ni medidas de carácter unilateral realizadas por un Estado sobre otro Estado Soberano”, dice un texto suscrito por el canciller Eduardo Enrique Reina, publicado en el sitio oficial de la secretaría de relaciones exteriores.
Agrega la respuesta oficial con razón que “la mayoría de los problemas que enfrentamos como país son estructurales y fueron causados por la narco-dictadura”.
Además, dijo la cancillería “el informe parcial y unilateral no refleja los importantes avances, los grandes esfuerzos y la voluntad política del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro”.
El canciller enumera las acciones de restauración del Estado de Derecho, de respeto y promoción de los derechos humanos, y a la vez el desarrollo de políticas de inclusión y protección.
Tampoco se mencionan – dice la cancillería — las acciones llevadas a cabo desde 2022 para cumplir los compromisos de Honduras emanados de los Tratados, convenio y sentencias internacionales en materia de derechos humanos.
Estemos de acuerdo o no con la totalidad o aspectos parciales de esta respuesta oficial del Estado de Honduras, hay un hecho innegable. Ni el señor Blinken ni su embajadora Dogu consultaron al Estado ni a organizaciones como el Cofadeh, que tuvo siempre puertas abiertas a la sección política y de derechos humanos de esa legación.
El hecho de tener una posición crítica respecto a la complicidad de la Casa Blanca y su embajada en Tegucigalpa con el golpe, el golpismo y la dictadura narcotraficante de Juan Orlando Hernández, no nos descalifica como fuente de información creíble. Así lo ha expresado en las últimas horas la coordinadora de la organización, Bertha Oliva.
Y así debe entenderse también ahora. Buenas noches
