Ponencia de Berta Oliva
Antes de venir aquí revisé mis antiguas notas sobre este mismo tema y encontré unas del 5 de mayo de 2003, es decir, divulgadas hace 14 años.
Es increíble la vigencia de aquello que dijimos.
Entre 1980 y 1992 las Fuerzas Armadas fueron un poder fáctico en Honduras. Tomaron decisiones políticas y administrativas en varias instituciones clave del Estado.
Hoy podemos decir lo mismo.
Entre 2009 y 2018, 10 años después del golpe de Estado, la soldadezca decide la justicia, la política exterior, la vida y la muerte en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Los militares se tragan casi el 2 por ciento del total del producto interno bruto del país, esto significa en 2018 más de 15 mil millones de lempiras, policías y militares que son dos contabilidades en una. Como convenga mejor.
En 2003 dije que esta influencia militar fuera de los batallones, por encima de los civiles, tenía diversas expresiones. Expresiones siempre contra la gente.
El movimiento por la defensa y promoción de los derechos humanos era una contracorriente fuerte y decisiva para detener esta degeneración del papel militar en la sociedad hondureña. Y eso nos costó caro. Compañeros y compañeras asesinadas o expulsadas del país.
El primer presidente de la época de transición, Roberto Suazo Córdova, aceptó lejos del poder que él fue una figura decorativa. Los comandantes en jefe y el Consejo Superior eran el poder, guiados siempre por la embajada de Estados Unidos y la Escuela de las Américas.
El poder siempre lo ejercían del mismo modo que hoy: facilitación del crimen organizado, participación directa en el narcotráfico, represión bruta de la disidencia social y política con detenciones ilegales, torturas, desapariciones, control de las comunicaciones, pactos de silencio, complicidad y chantaje hacia los partidos políticos; control de medios de comunicación y administración de instituciones claves, como las siguientes:
La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones y CONATEL.
La Policía Nacional.
La Policía de Tránsito.
La Policía de Fronteras
La Dirección de Población y Política Migratoria.
La Empresa Nacional Portuaria.
Las aduanas terrestres, aéreas y marítimas.
La Dirección de Aeronáutica Civil.
La Armería.
El Instituto Cartográfico Nacional. Entre otras.
En aquella época pasada los jefes militares opinaban sobre política exterior, economía política, ciencias sociales, ciencias naturales, negocios e inversiones, y resolvían «pacíficamente» los conflictos sociales y políticos del país.
En los batallones se firmaban los pactos de caballeros; del Estado Mayor salían las partes «concertadas», enfocadas por el cañón de los fusiles.
Después de 2009, los militares y policías militares, que son lo mismo, rezan antes de reprimir, hacen cultos para lavar sus armas manchadas de sangre, y los jefes del Estado Mayor tienen el aire de pastores.
Entre 1980 y 1984 los militares produjeron más de 184 desapariciones forzadas, que posteriormente registró oficialmente el Estado.
Después del golpe de Estado nuestro registro de nuevas desapariciones es de 63?
En el pasado Honduras fue ocupada literalmente por las tropas militares de los Estados Unidos, los agentes de la CIA, el Departamento de Estado y las fuerzas mercenarias antisandinistas. Todo el territorio fue tomado para atacar a Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Y a Honduras, por supuesto.
Honduras fue utilizada para entrenar tropas contrainsurgentes de El Salvador, Guatemala y NIcaragua, mientras unidades locales fueron «formadas» por la Escuela de las Américas en Estados Unidos y Panamá en técnicas de vigilancia, infiltración, penetración, seguimiento, tortura, desaparición y asesinato.
En 2018 Honduras sigue ocupada. Tiene la base permanente de Palmerola, ampliada después del golpe, una base militar extranjera en La Mosquitia, otra base tecnológica en el Mar Caribe. Y en tierra firme, agentes del FBI, de la CIA y hasta de la Policía Rural estadounidense.
En aquella época de hace 25 años no habíamos críticos ni disidentes del militarismo, sólo enemigos de las Gloriosas Fuerzas Armadas de Honduras; no habíamos movimientos de opinión pública por los derechos humanos, sólo éramos unos «grupúsculos de termocéfalos» que amenzábamos la unidad granítica de las Fuerzas Armadas. Paja hombe, entiendan mi modo sarcasmo…
En marzo de 1984 fue echado de su cargo el principal líder del militarismo en Honduras: el general Gustavo Alvarez Martínez, el peón preferido de la estrategia estadounidense.
Pero quedaron siempre sus alumnos hasta nuestros días, hasta parientes suyos han tenido mandos en los últimos años. Aunque el más conocido tuvo que huír o se lo llevaron a estados Unidos, no es muy claro eso aún.
El guión político del poder militar en Honduras siguió intacto con un armamentismo brutal. Tienen aviones de combate, aviones israelíes no tripulados, cambiaron sus fusiles de asalto, tienen inteligencia artificial y equipo naval de alta velocidad.
Pero las tareas principales que les da la Constitución de 1982 siguen en problemas: la droga que consume EEUU sigue pasando puntual por este territorio, más de 550 mil toneladas siguen pasando, los bosques se incendian cada año sin trabajo preventivo y lo peor, dejaron a un impostor asaltar la presidencia por la vía de la reeelección. Sin hacer nada por detenerlo. Y veamos ahora los efectos….
Medición de fuerzas.
Las violaciones a los derechos humanos no pudieron ser controladas por los expertos del Pentágono. Eran fuertes las voces y los gritos de nosotros los parientes de los desaparecidos, los activistas de derechos humanos y los líderes políticos y sociales opuestos a la Doctrina de Seguridad Nacional, a la Guerra de Baja Intensidad.
El primer juicio contra el Estado por desaparición forzada de personas, abierto en 1996 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sentenciado en 1987 y 1988, fue un duro precedente para los impulsores del militarismo.
El miedo, el terror y la indefensión que imponía el Estado, habían sido enfrentados siempre con lágrimas, pancartas, denuncias; ahora con un juicio a nivel internacional.
Los desertores de las filas del terrorismo estatal habían aportado también valiosa contribución. Testimonios desde adentro que vulneraban la moral y la credibilidad de la institución militar.
En 1989 llegó como Presidente Rafael Callejas, quien aportó dinero a la APROH para desaparecer personas, para entonces era amigo de la embajada de Los Próceres, ahora lo tienen con grilletes en Miami por no haber hecho bien las cuentas… Callejas llevó con él a todos los militares denunciados por violaciones a los derechos humanos. Fueron ascendidos a cargos visibles en las Fuerzas Armadas, empezando por el primer comandante del Batallón de la Muerte 3-16, Luis Alonso Discua Elvir.
Callejas les mantuvo alto su presupuesto, el control de todas las instituciones impulsoras de la guerra fría y les prometió olvido total a sus delitos mediante decretos de amnistía. Revivió los acuerdos de Esquipulas 86 y anunció «no más noches oscuras de los desaparecidos».
Era evidente que los militares estaban en el poder, pero conscientes que lo perdían. Su estabilidad externa pasó a depender en gran medida de los políticos de ambos partidos tradicionales, lo que los obligaba a negociar con ellos; y su «unidad granítica» al interior desmejoró radicalmente por la corrupción, el narcotráfico, el crimen y otros delitos inocultables dentro y fuera de las barracas, que desató un choque generacional implacable.
Hoy esos militares tienen de nuevo a liberales y nacionalistas como sus rehenes, ellos piden algo y se los dan como a los niños llorones.
Todo lo que piden los militares es usado para sus cuentas particulares y lo demás para uniformes, un montón de papadas anexas, y gas lacrimógeno, gas pimienta. Les encanta tirar gases…
Reformas y abajo el militarismo.
El arribo al poder en 1994 del ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el liberal Carlos Roberto Reina, impulsó las reformas que dejaron, finalmente, fuera de combate al militarismo y fortalecidas las posiciones de los organismos defensores de los derechos humanos.
Bajo presión popular, el gobierno de Reina eliminó el Servicio Militar Obligatorio y lo sustituyó por uno Voluntario y Democrático; además, relevó con civiles a los militares de la administración de las instituciones públicas de la guerra fría mencionadas al inicio.
Reina acompañó la separación de la policía militar de las Fuerzas Armadas y la transfirió al control civil. También estuvo atento a la apertura de fosas comunes identificadas en cementerios clandestinos y al inicio de juicios en 1995 contra militares activos y en retiro por desapariciones forzadas de personas en los años ochentas.
Aunque Reina fue forzado a negociar impunidad con la deteriorada cúpula militar del Batallón 3-16, pudo impulsar antes de irse del poder la supresión del cargo de Comandante en Jefe (paralelo al Presidente) y el deliberativo Consejo Superior (paralelo al Congreso Nacional) de las Fuerzas Armadas. También eliminó el cargo militar en la Secretaría de Defensa y ascendió a figura constitucional permanente al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Para esta época más de dos docenas de militares habían huido de Honduras, esquivando la justicia.
El Huracán Mitch arrastró a los prófugos hasta las playas de Honduras.
En medio de la conmoción del huracán Mitch y apoyados en el retorno al poder del ex secretario privado del gobierno de Alvarez Martínez, el liberal de derecha Carlos Flores Facussé, los prófugos retornaron al país en 1998 y hallaron jueces que cambiaron la tipificación de sus delitos para hacerlos fiables, al tiempo que invocaron los viejos decretos de amnistía.
Aunque la amnistía fue declarada inconstitucional, los jueces favorecieron con sus fallos a la mayoría de los acusados, sin necesidad de recurrir a la amnesia.
Durante el gobierno de Flores Facussé, los jefes militares no cuestionados se sometieron al poder presidencial, iniciaron esfuerzos por acercarse de otra forma a la población y retiraron todo respaldo económico o político institucional a los acusados por violaciones a los derechos humanos.
Para esta época los militares inclusive dejaron de ser una competencia agresiva para los empresarios en el terreno de los negocios.
En su mejor época movían una pujante industria militar, acompañada de bancos, financieras, puestos de bolsa, funerarias, bienes raíces, medios de comunicación, cementera, etc.
Actualmente su mejor empresa es el Presupuesto Nacional, el gasto inútil en militares representa infinitamente más que educación, salud y justicia.
El gobierno de Flores Facussé, paralelamente, abandonó las reformas institucionales en materia policial y judicial iniciadas en 1993.
Facaussé fomentó la impunidad de los militares procesados por delitos de lessa humanidad, permitió que los viejos cuadros de la policía militar controlaran la «nueva» policía civil y quitó a la Fiscalía General la policía técnica de investigación criminal para anexarla a la «nueva» institución policial.
Facussé echó para atrás los cambios de Reina.
Arreciaron durante ese período las muertes violentas de jóvenes y personas supuestamente delincuentes sin que sus casos hayan sido investigados y castigados, y creció sin precedentes el delito organizado jefeado o integrado por ex policías, ex oficiales del ejército o miembros activos de ambas instituciones.
Las Fuerzas Armadas y la Policía se reconvirtieron en el crimen organizado y los efectos los padecemos hoy.
La nueva entidad policial no fue depurada y los jueces y magistrados, como siempre, fueron nombrados por filiación política.
El ahora.
Actualmente, pasamos de la «Cero Tolerancia» o «Guerra contra la Delincuencia», de Maduro, que empoderó otra vez a los Comités de Seguridad, Vecinos Vigilantes y Operativos Conjuntos Policía-Ejército. Hasta quedarse juntos hoy en día.
El propósito no era la prevención de los delitos, era excderse en los delitos y violaciones a derechos, para volver a ser temidos.
En el marco de esta nueva estrategia de seguridad interior, los militares han sido incorporados de forma permanente a tareas policiales, como fue en el pasado. Hoy son uno solo.
Con todo el presupuesto del país a su disposición, los esquemas de intolerancia fueron reinstalados, abusos de poder y violaciones a los derechos humanos cada día.
Ellos empezaron con la estrategia de subir la percepción de inseguridad por encima de los niveles reales de delincuencia, para que la población aceptara la mano dura de policías y militares. Y que aceptara la muerte como oferta principal.
Nunca como ahora fue más violento el lenguaje contra quienes levantamos la voz por la vida. Se nos acusa de defender a los delincuentes y estimular la inseguridad con nuestra postura en contra de la matanza. De ser enemigos del desarrollo y enemigos de la patria.
La comunidad de personas defensoras de derechos humanos somos víctimas de criminalización, persecución y muerte. Más de 400 personas defensoras a nivel nacional tienen medidas colectivas pedidas por la Comisión Interamericana. Decenas han muerto asesinadas.
El país vive una profunda crisis derivada del injusto modelo económico aplicado, de la degeneración ética de la clase política dirigente y del empobrecimiento aterrador de los hogares.
El golpismo de los últimos 10 años tiene un impacto atroz sobre la vida y las libertades. Leyes involutivas de los derechos humanos fueron aprobadas, y son manejadas por los militares. Las cárceles están llenas de personas criminalizadas durante la resistencia al golpe y al fraude. Tenemos presos políticos sufriendo en prisiones en poder de los militares.
Todo se parece a una ingobernabilidad social y política que pone a los militares del país al centro, ni siquiera como salvadores de la democracia, sino como el principal problema.
No olvidar:
Oficiales huyendo aún por violaciones a DDHH
Otros reconvertidos de analistas de tv y radio
El peso de la Corrupción en las violaciones
La extradición a Estados Unidos que no aminora los problemas
La lucha contra la impunidad de la OEA, que no pasa del poder de los corruptos
El papel de la comunidad internacional avalando el golpismo
El escandaloso número de hombres en armas en este momento de crisis
Los días tristes que vienen porque la crisis sigue
La impunidad continúa
Mayo 5 de 2003/Octubre 2018
