Los golpistas llamaron a esa cosa “crisis institucional”, las amigas de Eduardo Stein dijeron que fue un golpe al Ejecutivo, porque Zelaya no se ponía claro con la administración de Clinton y Obama. Para el pueblo fue un golpe de Estado que rompió la Constitución a fin de permitir al crimen organizado afianzar sus estructuras en Honduras.
Han pasado 13 años después de aquella decisión de los dueños del partido liberal, en complicidad con sus aleros cachurecos, los carteles criminales y las instituciones estadounidenses expertas en golpes de Estado.
Parecería un largo período o apenas un instante, todo depende del sentimiento con que sea visto ese racimo de años que corren desde 2009 hasta 2022.
De nuestro lado, aquel hecho atroz conserva algunos elementos siempre vigentes para el debate hacia una perspectiva independiente. El primero es, sin duda, la asunción de los golpeados al gobierno y su enorme desafío de construir poder desde la perspectiva ciudadana, sin someterse a la democracia tutelada del Comando Sur.
La alianza Libre-partido Salvador de Honduras es el resultado de una nueva correlación política nacida de la autodestrucción del partido liberal y la pudrición del partido nacional, dos ramas de un tronco criminal, una máquina depredadora del presupuesto nacional y la más brutal expresión del crimen organizado.
Hoy tenemos, finalmente, el retrato casi completo de esa tragedia que significó el golpe del 28 de junio de 2009, incluyendo el asesinato de lideres y lideresas sociales como Berta Cáceres, cuyos asesinos están en dos bancos internacionales, en el banco centroamericano, el ficohsa, los Atala y las fuerzas armadas, entre otros actores criminales.
El bipartidismo rodeado de la derecha pro gringa, cómodo en la destrucción de los valores democráticos, controlaba casi todo. Pero su fragilidad ética, el tamaño de los daños infringidos, le pasa una factura grande.
Los liberales centenarios sufren las decisiones de su cúpula decadente encabezada por Carlos Flores Facussé, y el partido nacional comienza a padecer la gangrena dejada en sus tejidos por el coyote mayor que usó la estrella solitaria para fortalecer su organización criminal, la más grande de Centroamérica, como la llamó el juez Kevin Castel que juzga las miserias de los Hernández.
Si lanzamos una mirada a los otros actores de la tragedia aún vigente del golpismo hallamos un barrio de 35 hondureños narcos prisioneros en cárceles de Estados Unidos, incluyendo el ex dictador Juan Orlando Hernández, su hermano TH y algunos de sus compinches de los cuatro puntos cardinales de Honduras.
Localmente, el ex presidente liberal instigador del golpe de Estado, se agazapa como puede y negocia con quien sea, para tratar de evadir la responsabilidad directa en los hechos ocurridos desde 2009 hasta 2021. Otros responsables directos, religiosos, empresarios y ejecutivos de medios de comunicación, también se esconden. Pero el pueblo los conoce.
El más reciente espectáculo de esta tragedia del golpe de Estado de 2009 es el escape masivo a Nicaragua de los 40 ladrones asociados al jefe de la manada encabezados por el ex canciller de la dictadura, el secretario privadisimo y el secretario presidencial de joh.
Antes que nadie los persiguiera, anticipándose a las investigaciones de la Uferco y de la CICIH, huyeron cobardemente gritando sus delitos. Esos cachurecos malditos se llevaron consigo dineros robados durante la pandemia de la Covid’19, que mató millares de personas.
La tarea de los golpeados convertidos en el gobierno es recuperar todos esos fondos para ponerlos al servicio del pueblo y pedirle, como corresponde, a Rosario Murillo y Daniel Ortega, que entreguen a la justicia a esos criminales. Es lo menos que deben hacer.
Las víctimas del golpe y del golpismo sufren aún en todo el país los efectos de las torturas, las persecuciones feroces, el asesinato de parientes, y la descomposición social que produjo esa alianza entre carteles, maras, políticos corruptos, pastores evangélicos y al menos un cardenal, que aliados con la policía y las fuerzas armadas, humillaron a la gente que exigía refundación del país.
En las circunstancias actuales, el pueblo organizado tiene un gran peso en las decisiones a tomar. Pero sabemos que regresar al país en términos institucionales al menos al estado de 2009 es una tarea enorme. Demanda mucha energía ciudadana y la resistencia es feroz.
El país no puede continuar con las leyes laborales que masacran los derechos sociales y económicos de la clase trabajadora y en materia social no podemos seguir con ese código penal que criminaliza el derecho a la manifestación y beneficia a los lavadores, corruptos y traficantes.
El endeudamiento externo e interno provocado por los carteles narcos en complicidad con el BID y el FMI no debe ser pagado por la sociedad hondureña. El consenso de Washington debe buscar una salida a eso, porque no se puede condenar a un pueblo a sufrir las consecuencias de unos cuantos léperos banqueros y otros disfrazados de empresarios.
En fechas como la del 27 de junio no podemos pasar por alto tampoco las responsabilidades de organizaciones sociales convertidas en parlantes del golpe y del golpismo, identidades disque sociales convertidas en vientres de alquiler de los políticos criminales y portavoces de los discursos perversos de los religiosos mafiosos disfrazados de conservadores mojigatos.
En una fecha como el aniversario de aquella masacre continuada a nivel de derechos humanos, de finanzas públicas, de imagen internacional de Honduras y de aumento de la pobreza y la miseria, no podemos dejar de cobrar los daños al cohep, a la asociación de mineros y a los miembros de ese consejo económico latinoamericano que fue constituido para normalizar los crímenes en Honduras.
Hemos insistido en los últimos 13 años que la Unión Europea, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, deben analizar en serio su participación en los fraudes electorales de 2013 y 2017, así como en el soporte político y económico de la dictadura. Eso el pueblo no lo olvida fácilmente. Hay un precio a pagar para reconstruir la confianza perdida.
En el tiempo que está por delante nos toca superar los déficits, constituir una plataforma social y política fuerte que asegure la recuperación del Estado de Derecho, la supervisión propositiva del gobierno y el impulso de iniciativas desde abajo que contribuyan a construir una nueva cultura política en el país.
Un país que fue sometido a la enfermedad social de la violencia para aprovecharse del miedo colectivo y de la fragilidad de los mecanismos institucionales de control debe ser recuperado para la convivencia respetuosa, la armonía social y la solidaridad.
Con iniciativas de formación humana, de fomento a las artes y a la cultura en general, podemos empezar. No tenemos futuro si continúan al frente los carteles mediáticos que financian sus espacios con dinero sucio o los carteles religiosos que imponen la exclusividad de su moral fuera de todo tiempo y fuera de toda razón.
Es un gran trabajo por hacer, pero, así como otras sociedades lo van logrando con revolución cultural tranquila y con alegría de pueblo, así podremos nosotros.
Este 13 aniversario del golpe de 2009 debería ser conmemorado con amor a las personas mártires que ofrendaron sus vidas por este porvenir, con decisiones concretas para la recuperación de Honduras, y sin miedo a la refundación nacional que demanda firmeza.
Los que tengan cuentas pendientes con la justicia que las paguen, y se reintegren a la sociedad. Quienes hayan torturado y asesinato que confiesen y paguen con su libertad. En la Honduras del porvenir no caben los disfraces ni los bailes enmascarados. Es el tiempo de la sinceridad. ¡A trabajar!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 25 de junio de 2022
