A siete meses de asumir, el gobierno de Javier Milei intentó justificar ante el sistema interamericano su política de represión de la protesta, el uso indiscriminado de balas de goma, gases y palos por parte de las fuerzas de seguridad y la criminalización de las personas y organizaciones que se manifiestan en el espacio público. A través de la intervención del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y del director nacional de cooperación internacional del Ministerio de Seguridad de la Nación, Alberto Fohrig, volvió a caracterizar a las manifestaciones como un alzamiento contra las autoridades democráticas.
Fue en la audiencia pública convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realizó este jueves 11 de julio a pedido del CELS, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), el Centro de Profesionales por los Derecho Humanos (CEPRODH), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y la agrupación H.I.J.O.S.
Durante las exposiciones iniciales, desde las organizaciones reclamamos la derogación del protocolo de “orden público” del Ministerio de Seguridad, por atentar contra el derecho de protesta y denunciamos el despliegue de los operativos policiales desmedidos para amedrentar, impedir y obstaculizar la protesta en vez de protegerla. “El gobierno quiere instalar la idea de que protestar equivale a generar desorden y que quienes se manifiestan son a priori delincuentes o desestabilizadores de la democracia”, señaló Paula Litvachky, del CELS. Angel Borello, de la UTEP, afirmó que “el gobierno busca asociar a las organizaciones sindicales y movimientos sociales con la idea de delito y de violencia, generando una fuerte estigmatización sobre quienes protestan”.
El representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, sostuvo que “el protocolo permite demandar los costos del operativo a quienes resulten responsables de la movilización. En conjunto con las otras medidas, esto es un fuerte desincentivo para quienes quieren ejercer su derecho a la protesta”. Además, el representante de la ONU cuestionó el uso del término “terrorista” utilizado por el Gobierno para referirse a los manifestantes: “No se debe identificar como terrorismo cualquier conducta. Genera preocupación sobre la independencia de fiscales y jueces que se hayan usado declaraciones del Poder Ejecutivo en redes sociales para imputar a personas”.
El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, planteó la necesidad de una visita de la Comisión a la Argentina y señaló que el protocolo 210/2011 derogado por el gobierno “tenía buenas valoraciones de la comunidad internacional especializada”. “Es confuso que se haya derogado por otro que tiene esta serie de cuestionamientos”, insistió. Mientras el comisionado José Luis Caballero, coincidió en que el protocolo fija pautas en contra de los estándares de derechos humanos y que protestar “no es solo el ejercicio de un derecho sino también una acción vinculada a la promoción y defensa de la democracia”.
El abogado del CEPRODH, Matías Aufieri, criticó el uso indiscriminado de las denominadas “armas menos letales”, ya que producen daños irreparables a la salud. Contó que perdió la visión de un ojo por la represión del 1 de febrero y que ya se llevan registradas 665 personas con heridas de distinta gravedad.
La representante de FATPREN, Carla Gaudensi, detalló que el protocolo vigente no establece ninguna protección específica sobre la labor periodística como lo hacía la Resolución 210/2011 y que más de 50 integrantes del colectivo de periodistas y fotorreporteros ya fueron afectados por golpes, gases o balas de goma mientras realizaban coberturas.
Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S. Capital, realizó los pedidos de las organizaciones para que la CIDH le exija al Estado, entre otros puntos, la elaboración de protocolos de uso de armas «menos letales” que cumplan con los estándares internacionales. También que se deroguen las normas que penalizan o sancionan a quienes participen en manifestaciones públicas y que se abstenga de utilizar la ley antiterrorista para perseguir a manifestantes y organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos por su participación en protestas.
De la audiencia también participaron Flavia Fernández, por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Diego De Charras, por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y la Red de Carreras de Comunicación social y Periodismo (RedCom), y María Alejandra Escobar, integrante del organismo de derechos humanos de Colombia, CAJAR.
