Tegucigalpa.- El sistema de justicia utilizó toda su estructura para dar persecución, judicializar, detener arbitrariamente e injustamente privados de libertad en cárceles de máxima seguridad, a defensores y opositores políticos, que exigen la salida de la narco dictadura que gobierna Honduras.
La situación contra este sector se agudizó después de las elecciones generales de noviembre de 2017, donde por el fraude electoral y violentado la Constitución de la República, el régimen de Juan Orlando Hernández se mantiene en el poder.
Desde la crisis post electora hasta la fecha más de 176 personas han sido criminalizadas, de las cuales actualmente cuatro permanecen privados de su libertad en cárceles de máxima seguridad.
Para la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Honduras (COFADEH), Berta Oliva, la crisis post electoral que se vivió aún continúa vigente, de tal manera que las víctimas sobrevivientes de ese proceso están demandando acompañamiento porque el sistema de justicia se ha ensañado contra ellos.
“Un gran número han venido al COFADEH a demandar acompañamiento, porque el sistema de justicia utilizó toda su estructura para dar persecución y judicializarlos, detenerlos arbitrariamente e injustamente llevarlos a lugares donde nosotros los hemos denominado cárceles de máxima tortura, no como se ha dado a conocer que son cárceles de máxima seguridad”, señaló la defensora de los derechos humanos.
Asimismo agregó que los cargos que les imputan a estás personas, donde hay defensores de derechos humanos y opositores políticos, no debieron atribuírseles para ir un tan solo día a la cárcel, sino que se les debió dar libertad provisional para que se defendieran en esas condiciones, pero que la decisión y la imposición de la dictadura era llevarlos hasta lugares de tortura permanente.
La coordinadora del Cofadeh señaló que es evidentemente grave el abordaje que le ha dado el Ministerio Público, porque nunca han querido escucharlos, ni moverse a escucharlos.
Faustino Enamorado Guillen, una de las personas criminalizadas y que permaneció recluido en El Pozo, señaló que a pesar haber acreditado ser defensores de derechos humanos, fueron detenidos arbitrariamente.
Preocupados por la situación de inseguridad que se estaba viviendo en defensor en Las Vegas, Santa Bárbara, los defensores de derechos humanos interpusieron varias denuncias en el Ministerio Público, pero esta no se preocupó por darle seguimiento y más bien lo que hicieron fue dictar requerimiento fiscal contra los defensores.
Enamorado Guillen señaló a defensoresenlinea.com que tres días después de haber interpuesto ellos las denuncias en el Ministerio Público de San Pedro Sula, fueron capturados y enviados a prisión donde estuvieron 90 días recluidos en El Pozo, donde recibieron tratos crueles inhumanos y degradantes.
Indicó que ellos ya no tienen confianza en el Ministerio Público, porque es un ente que no da garantías.
“Yo no tengo confianza porque nosotros tenemos aproximadamente ocho meses de haber salido de ese lugar (El Pozo) y a nosotros nunca nos han visitado ellos, no tenemos un Ministerio Público que sea a favor de nosotros, a favor de los defensores, porque nosotros éramos defensores de derechos humanos y defensores del medio ambiente, más bien yo ando con miedo porque nosotros después de haber ido a poner una denuncia a San Pedro Sula fuimos capturados”.
Enamorado Guillen fue capturado junto a otras doce personas de las cuales nueve fueron enviadas a la cárcel de máxima seguridad El Pozo, quienes están acusados de haber incendiado el edificio municipal de Las Vegas, Santa Bárbara.
El Cofadeh junto a las víctimas acudieron al Ministerio Público a denunciar las torturas que sufrieron durante su detención, a pesar de que son conscientes que ese ente es el monopolio de las pruebas y que siempre busca despenalizar a sus empleados, a los de seguridad, a los que tienen el control de los centros penales y también a los del Poder Judicial.
Hay una barbaridad y una arbitrariedad que es más que evidente, las violaciones de derechos humanos que dejan marcadas y que no les interesa de ninguna manera reparar el daño causado, al contrario, el Ministerio Público le da un abordaje con desprecio para conocer qué fue lo que sucedió, les interesa tener un número de atención, sostuvo Oliva.
