El decreto de amnistía es y seguirá siendo para las víctimas de la dictadura

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Tegucigalpa.- El 4 de febrero de 2022, a pocos días de haber tomado posesión la primera presidenta de Honduras, Iris Xiomara Castro, entró en vigencia decreto 004-22 sobre la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, en relación a la aplicación de amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia, cumpliendo así con una de sus primeras promesas de campaña.

Este decreto está dividido en secciones o cuatro incisos que son muy claros y fáciles de entender, el inciso A habla de otorgar amnistía a las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo comprendido del 27 de enero de 2006 al 28 de   junio de 2009, que fueron víctimas del golpe de Estado.

Bertha Oliva | Fotos: Giorgio Trucchi
Bertha Oliva | Fotos: Giorgio Trucchi

En el inciso B aplicar el decreto a las personas que han ejercido el derecho a la protesta social, mediante acciones de resistencia a la opresión y desobediencia civil de diversa índole y cuyas acciones fueron reprimidas por acciones policiales y militares y criminalizadas por el Ministerio Público y Poder Judicial por motivaciones evidentemente políticas.

El inciso C se refiere a las personas que han realizado actos de defensa de la soberanía nacional, la democracia, de sus territorios, tierras y fuentes de agua en un beneficio de sus comunidades o en defensa de su patrimonio inmaterial o intangible, cuyas acciones han sido criminalizadas por los operadores de justicia.

Finalmente el inciso D expresa  aplicar el decreto  para todos  los miembros  de los sectores sociales y gremiales o delegados  que, integrando juntas o consejos o directorios, actuando en nombre y representación de las instituciones públicas, autónomas, centralizadas o descentralizada del marco que en el golpe de estado que impulso una dictadura  represiva hasta la fecha, y fueron acusados por las acciones ejecutadas, sea que se encuentren condenados con pena de prisión, reclusión  o inhabilitación especial o absoluta (principal o  accesoria ) o bien  que los procesos se encuentren aún en trámite pendientes de sentencia.

Cabe señalar que según su publicación en la Gaceta, en el caso de los incisos b, c y d) del artículo, deberán ser acreditadas por una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) en coordinación con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Este decreto ha sido calificado por las más de 138 víctimas que han sido liberadas, que en su mayoría han sido del inciso b, que se refiere a los opositores políticos, que han sido víctima de persecución criminalización y han tenido que salir del país para salvaguardar su vida; y del inciso c que se refiere a las personas que han sido criminalizadas por defender el derecho a la tierra y el territorio  y las  que están en proceso de aplicación como un acto de justicia para las víctimas de la dictadura, que por doce años se instaló en el poder ilegalmente.

Estos mismos sectores que usurpó el poder en los últimos doce años, que lo saquearon, que criminalizaron, judicializaron y persiguieron, todo tipo de lucha a favor del pueblo y en contra de sus intereses, son las que hoy están criticando este decreto de amnistía.

Por lo que la Coordinadora General del COFADEH, Berta Oliva, señaló que “cuantas veces tendremos que repetir, y tendremos que decir que  esas personas que califican la amnistía como pacto de impunidad, solo repiten como los pericos; alguien dijo un día que  era un pacto de impunidad, entonces  así lo han manejado porque eso pega, porque eso significa que algo estuvo mal, pero no porque tiene conciencia, no porque se han dedicado nunca a acompañar   los  procesos de lo que significa una lucha  que podamos liberar, o que se libere en pro de  la libertad de los presos políticos”.

Agregó que no pueden entender la importancia de un decreto de esta naturaleza como es el decreto de amnistía, porque no han estado aproximados a las víctimas ni han tenido la delicadez de leer a profundidad, todo lo que significa este decreto que se emitió en los primeros días de febrero.

Oliva es del criterio que lo que les molesta es que mediante este decreto se reconoce el golpe militar de estado de 2009.

Lo que les molesta en el fondo  es  que en este marco  del decreto para la no repetición de los hechos, hay un reconocimiento tácito del golpe de estado y sus consecuencias, como se victimizaron, como hubo victimas producto de este golpe militar de estado, ellos deben de ser valientes y enfrentar que cometieron el crimen de lesa patria, y que los crímenes de lesa patria son como crímenes de lesa humanidad, y que tendrán que rendir cuentas cuando el país empieza a retomar y a recobrar el estado  de derecho.

Según lo expresado por la coordinadora del COFADEH, es ese mismo miedo que los hace querer a como dé lugar inventando cualquier acción, inventando cualquier tipo de manipulación, comprando inclusive conciencias para que se crea una atmosfera dañando la importancia del decreto de amnistía, que hoy tiene en total libertad a mas de 138 víctimas de la dictadura.

“Nosotros tenemos más de 138 personas que han sido liberadas entre ellos hay un gran número de campesinos y campesinas que se han acogido al decreto y han salido liberadas, de estudiantes que fueron criminalizados y satanizados con prohibiciones rotundas de salir del país, con órdenes expresas de estar yendo a firmar a los juzgados del país, hoy estos estudiantes están fuera de ese alcance que echó andar la dictadura”.

“Agregó que también hay una cantidad de ciudadanos y ciudadanas que ejercían su acción de reclamación por el derecho violado en las plazas públicas que también han sido beneficiarias del mismo.

“Hay defensores y defensoras  de derechos humanos  y de derecho a la tierra que  han  sido beneficiadas de este decreto, y un centenar que están  en camino para someterse al decreto de amnistía, no  pueden valorar eso, las personas que lo adversan, porque  siempre han estado divorciadas de la gente que lo padece, la gente que  sufre y que enfrenta procesos de esta naturaleza, son inhumanas, son crueles y todo lo miran desde su interés personal para seguir disfrutando todo ese  techo, todo esos beneplácitos que le ha ofrecido la impunidad a este tipo de gente, por eso están usando cualquier tipo de argumentos para descalificarlo, expresó.

Para la reconocida defensora de derechos humanos no queda duda que también los mismos argumentos que se han implementado en las amnistías del año 1987 y 1992 son los mismos de ahora.

“No cabe duda que son los mismos actores que se implementaron con las amnistías políticas que nosotros hemos liberado en años anteriores, por ejemplo la de los 87, la del 92, exactamente la oposición política y los poderes fácticos a través de los medios corporativos de comunicación, han utilizado el mismo discurso, las mismas palabras, lo único que cambia es utilizando algunas otras personas de adentro del país y de fuera del país.

Según Oliva, las utilizan porque usan una estrategia muy articulada que ese es el peligro cuando los pueblos como Honduras, están queriendo levantarse, pero hay una fuerza impune que quiere impedir que se levante y aplican todo tipo de estrategias, porque ya han diseñado un guion para continuar socavando, los intereses de una nación como Honduras.

“Yo no me voy a cansar de repetir que estamos en la implementación de una etapa de sionismo muy peligrosa y que se ha quedado clarísima en este decreto de amnistía que no es el decreto de amnistía, es el decreto para la no repetición de los hechos, y dentro de ese decreto de no repetición esta la parte de lo que significa la amnistía, es reconocer las víctimas del golpe de estado que está muy claro”, añadió.

Cabe señalar que La primera persona beneficiada con el decreto de amnistía fue el señor José Antonio Torres Meza, quien después de exigir la restitución del orden constitucional, después del golpe de estado de 2009 tuvo que huir de su patria para salvaguardar su vida.

En ese entonces, lo acusaron de terrorismo, daños e incendio agravado en perjuicio de la seguridad del estado y permaneció lejos de su familia desde el 2009, en ese entonces se le sobreseyó por el delito de terrorismo, obteniendo medidas distintas  a la prisión, pero  debido a la persecución tuvo que  salir huyendo, regresando hasta el viernes 11 de febrero para  despedirse de su madre María Irene Meza por última vez y darle  cristiana sepultura, pero  no lo logró ya que  fue privado de libertad por la Policía Nacional en la aduana de El Amatillo.

Torres al ser una víctima más del golpe de estado aplicó a la Amnistía para Presos Políticos, solicitud que presentó COFADEH, donde acreditó los documentos necesarios y don José pudo recobrar su libertad.

Torres, solo es una de los miles de víctimas de la dictadura hondureña, es por eso que el decreto va orientado a esas personas y es allí donde la coordinadora de COFADEH se pregunta o hace la pregunta a las personas que están en contra del decreto. “¿con quién es el pacto de impunidad?  ¿Con las víctimas?,  porque el decreto no dice  que va a favorecer a malinches   o a los que conspiraron para dar el golpe de Estado, los que  estuvieron dentro del golpe, impulsando el golpe de Estado, he implementado la dictadura, eso no dice.

En el decreto hay un reconocimiento tácito que en nuestro país  hubo un golpe de Estado, reconocido por los diferentes informes internacionales que se han dado respecto, a eso  reconocido inclusive por la  expulsión digamos de Honduras  del concierto de naciones, eso quedaba claro  que mientras no se resolvía el problema  del golpe  o de legitimidad, Honduras no podía pertenecer, fue expulsada por mucho  tiempo, señaló Oliva.

“Cuando hay un golpe militar de Estado, cuando se da con tanta violación a los derechos humanos, tiene que haber responsables, y los responsables están aquí en Honduras, están entre nosotros, y a eso es que le están haciendo toda una campaña para desprestigiar en sí misma la acción que tomó a bien la presidenta, mandar un mensaje de solidaridad para las víctimas del golpe militar de estado, y es lógico que están muy molestos porque aquí sí no hubo pacto de impunidad, es todo lo contrario, era un compromiso que se había adquirido con las víctimas y sus familiares que resultaron por haberse opuesto a la dictadura militar y al golpe militar de estado”.

“Los que dieron el golpe están atrás, sí, y a veces la gente ingenuamente o por desconocimiento de no haber leído, de haber hecho una lectura más profunda sobre la importancia y la decisión del decreto, vertió opinión sin conocerla, pero eso fue suficiente para difundir esta palabra y es aprovechada por los que realmente están en contra del gobierno de doña Xiomara Castro”.

“Ya sabemos  porque, porque  es un partido de oposición  y porque  es  una mujer, porque  no la está liderando los que siempre han liderado los destinos del  país, porque como lo acepten o no la llegada de doña Xiomara a la presidencia  ha devuelto la esperanza al pueblo y como no devolverla, si ella era parte de ese pueblo, pero además  lo que también les molesta que  ellos pensaron que esto se podía generar, se podía dar, porque sabían lo que tenían, pero querían negociar, y como no se llegó amarrada la  propuesta de ley en el Congreso, si no que se tomó la decisión y se aprobó.

Señaló además que la amnistía hoy está caminando con 138 personas que hoy han sido beneficiadas, agrego que hubieran mucho más, pero se tiene que cumplir con algunos requisitos para no violentar la ley en la implementación de la misma.

“Eso retarda porque hay que iniciar por pedir audiencia ante las mismas instituciones y además de eso están dentro de la acción para decidir las mimas personas o las mimas organizaciones o las mismas, mejor dicho instituciones del estado que hicieron requerimiento fiscal y estigmatizaron y descalificaron a la ciudadanía que luchaba que no se resignaba al golpe militar de estado”.

Beneficiarios por grupo
(A)     6 funcionarios Públicos en el gobierno del poder ciudadano
(B)     49 oponentes políticos y 18 estudiantes
(C)    40 campesinos y 3 indígenas
(D)    22 gremialistas