Los apasionados sectores constructores de oposición política con el tema corrupción, en realidad transpiran oposición a una estructura internacional que tope las redes criminales de las que forman parte.
Es un cinismo que se trasunta a leguas.
En su discurso propalado en coro lo que han venido subrayando es la falta de voluntad del partido Libre y, particularmente, de la presidenta Xiomara Castro en cumplir con este tema.
Aprovechan del diente al labio la exigencia popular de arremeter contra los líderes locales de la estructura impune del capo Hernández Alvarado, juzgado por sus antiguos amos.
En realidad, la demanda de justicia por el tamaño de la represa de impunidad es enorme en Honduras. Los ojos están puestos sobre los operadores judiciales. ¡Cuándo van a comenzar!
Los “anti-corrupción” aprovechan por supuesto el clima pre-electoral instalado en el país, para golpear el segundo tramo del gobierno de Xiomara y llevar agua a sus candidatos.
En sincronía con sectores impunes, un enjambre de ONG´s de transparencia borrosa, cuentan los días transcurridos sin CICIH del 27 de enero de 2022 a la fecha, pero no cuentan los días del saqueo, el pillaje y la impunidad que corren desde el 28 de junio de 2009 hasta el fin del coyote jefe de la manada.
Obviamente, el tema de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad creada legalmente en febrero de 2022 por el Congreso Nacional depende de la dinámica burocrática de la ONU, con sus propios pesos, sus tiempos, filtros e intereses.
Pero la CICIH depende, últimamente, de los grupos con poder fáctico que controlan las bancadas del partido nacional y liberal, los jueces y magistrados, los medios y las iglesias bajo su control.
Ahí les cuesta llegar a las analistas anticorrupción, a los combatientes mediáticos de la impunidad, a los cínicos que trasuntan su doble moral.
Los grupos fácticos que tienen bancos, representaciones locales de franquicias internacionales, compañías de bienes y servicios que son mafias instaladas allende, no son visibles en este debate. Pero deciden.
Esos grupos que sostienen en los tres poderes del Estado a los operadores de sus intereses infiltrados, especialmente en el Congreso, no han querido sumar los 86 votos para que la CICIH tenga el consenso político general.
No es menor el número de diputados actuales y recién pasados por ahí que están implicados directamente en redes de crimen organizado.
Muy a pesar de esos legisladores y de los grupos sociales tapaderas de la estructura criminal de los corruptos, se ha ido avanzando en el objetivo de operar una estructura internacional superior a la MACIH.
El primer decreto legislativo que condenó el golpe de Estado, que dio amnistía a las víctimas de ese crimen internacional, también instaló legalmente la CICIH en febrero de 2022.
Enseguida, la derogación de la ley de secretos y de las leyes habilitantes de las Zedes fue un paso en firme, y luego la negociación de un borrador de Convenio con Naciones Unidas, que dio autorización al secretario general para negociar ese proceso.
Pero nada es suficiente todavía para los sectores opuestos a la CICIH, quieren el fracaso de Xiomara, burlarse de la ilusa sociedad HONDUREÑA que sueña presos a los delincuentes de siete suelas.
Por eso, con un doble juego de posturas públicas de ceño fruncido y de risitas de tacuazín en privado, socavan la victoria de las antorchas, de las huelgas de hambre, de las manifestaciones públicas, del potente discurso popular por la justicia.
Pero la noche del miércoles anterior llegó al Congreso una iniciativa de ley especial que ha dejado sin saliva a esos sectores hipócritas que repiten en coro la falta de CICIH, sin repetir por qué no avanza.
La propuesta de ley especial para acelerar el proceso propone reformas que no exigen mayoría calificada, que pasarían con 65 votos si los PSH y liberales acompañaran su aprobación.
Consiste en sacar de la ley orgánica del Congreso la figura limitante de inmunidad parlamentaria, de reformar el código procesal para agregar la figura de acusador autónomo a la figura ya existente del acusador privado. Y, por último, la ley de municipalidades para topar a los regidores.
Hasta ahora, desde hace varios años, la falta de un acusador internacional autónomo acreditado por los operadores locales de justicia, ha forzado a Honduras a recurrir al buró federal de investigaciones de Estados Unidos y a los agentes antidrogas de la DEA para asegurar delincuentes de alto impacto, como esos 55 hondureños que habitan cárceles federales encabezados por el ex dictador.
Pero muy lamentablemente Estados Unidos ha hecho mal uso de esa facultad, porque se aprovechó de ella para cometer un golpe de Estado, avalar fraudes electorales e imponer delincuentes organizados en el poder.
De las Naciones Unidas a nivel de sede en Nueva York, Honduras espera independencia financiera, autonomía e imparcialidad, sin permitir que el mecanismo sea instrumentalizado por el principal donador a través de la AID u otros clústeres locales.
Es bien oportuno desde ahora hacer un llamado a la oficina nacional de la ONU a no ponerse moños en este proceso ni dejarse sofocar por el ánimo cizañoso de sus partners sociales.
Los antecedentes no deseamos volver a recordarlos, es mejor prevenir.
En cuanto a los grupos fácticos que juegan al doble discurso no-si, si-no, que la aprieten al momento que regrese la presión social hacia ellos, porque este pueblo no olvida.
Buenas noches
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 20 de abril de 2024
