Durante la vacación forzada del nuevo Código Penal aprobada el año pasado, hubo un sector que se movió con fuerza para amarrar su cuota de impunidad en el Congreso.
Las Fuerzas Armadas, exactamente, ellas pidieron a sus socios los políticos cachurecos y liberales que excluyan esta institución de las consecuencias penales por los delitos cometidos en cumplimiento de sus funciones de seguridad y defensa. Y los canallas lo hicieron por mayoría.
El Partido Nacional y sus aliados derogaron el artículo 153 del nuevo Código Penal que establece la responsabilidad penal del superior jerárquico por crímenes cometidos por sus subalternos. El objetivo de los políticos es vender la idea a los jerarcas que pueden actuar al margen de la ley sin preocuparse de las consecuencias.
La institución militar, que viene repitiendo durante décadas su espíritu de cuerpo para proteger a sus miembros del control democrático, ahora pide poner la cadena de mando al margen de la responsabilidad criminal que los amenaza.
En otras palabras, los tenientes, coroneles y generales no asumen la responsabilidad por las órdenes de torturas, desalojos ilegales, persecuciones hostiles o asesinatos de personas, activistas sociales u opositores políticos. La responsabilidad la dejan sólo sobre los chepitos de línea.
Al menos eso creen los superiores, que la reforma los salva del último informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que encontró responsable a las Fuerzas Armadas por las muertes violentas de 23 seres humanos después del fraude electoral de noviembre 2017. Y más de 35 personas torturadas por chafas que defienden a los impostores.
El destacado abogado Joaquín Mejía, con un doctorado en derechos Humanos, salió al paso de las interpretaciones del artículo 153 derogado del Código Penal. En sus redes sociales y a través de Radio Progreso explicó a los militares que ellos son víctimas de engaño por sus socios los políticos.
Primero, les recordó, que la responsabilidad del superior jerárquico se enmarca dentro de los graves crímenes contra los derechos humanos y su importancia es tal, que son consideradas normas imperativas, lo que significa que, aunque sean eliminadas del Código Penal, siguen vigentes en el ámbito interno porque Honduras es parte de los tratados internacionales en esta materia.
Segundo, les explicó Mejía a los militares, el principio de responsabilidad del superior jerárquico es un elemento fundamental en los crímenes contra derechos humanos, por tanto, aunque ese principio no esté en el Código Penal el mismo ya está en la Constitución de la República, en el «Bloque de Constitucionalidad».
Tercero, abundó el abogado Joaquín Mejía, la Sala de lo Constitucional estableció en 2013 y 2018 que las normas de origen supranacional forman parte del «Bloque de Constitucionalidad» en Honduras y que tienen jerarquía constitucional. Por tanto, en virtud de varios tratados internacionales el principio de responsabilidad jerárquica es parte de la Constitución vigente.
Por último, para comprensión de toda la sociedad, el destacado profesional afirmó que los altos jerarcas militares y policiales, que son los mismos, están siendo engañados por un régimen autoritario que retrasa su obligación internacional de adaptar la legislación interna a los tratados internacionales, como el Estatuto de Roma sobre crímenes internacionales, el cual está en vigencia en el país desde el año 2002.
Es importante poner atención a esto: Un superior jerárquico conoce que un crimen está por cometerse, se está cometiendo o se ha cometido; y por el cumplimiento de su deber está obligado a tomar las medidas necesarias y razonables para prevenir ese crimen, hacerlo cesar o castigar al autor o los autores. Ese superior comparte la responsabilidad del hecho, y sus consecuencias.
Al respecto, la coordinadora general del Cofadeh, Bertha Oliva, comentó que los contrastes en este debate son abismales en Honduras; por ejemplo – dijo Oliva – mientras aquí en Tegucigalpa los militares tratan de ponerse al margen de la ley, en La Ceiba el Ministerio Público expone en juicio oral y público a uno de los ocho pobladores defensores de Guapinol. Un hombre sencillo pero valiente defensor de su montaña, que no puede hacer lobby en el Congreso para detener la minera destructora y que, más bien, es criminalizado por organizar un campamento comunitario de resistencia pacífica.
Mientras los militares y policías intentan ponerse al margen de la justicia en el ámbito nacional, señaló Bertha, las cortes federales de Estados Unidos siguen apresando y juzgando a policías, políticos, familiares de políticos y sicarios por delitos de crimen organizado, que nunca fueron procesados en Honduras. Porque en Honduras la justicia es una víbora que no muerde a los que calzan botas.
Sin duda los militares de Honduras necesitan unas lecciones éticas y unas sanciones criminales, por sus crímenes acumulados desde 1979 hasta la fecha. Son imperdonables sus crímenes cometidos durante la guerra sucia instalada en complicidad con Estados Unidos en 1980 y todos sus crímenes cometidos desde junio 2009 durante el golpismo que los engorda. Así será documentado en el examen universal al Estado de Honduras en mayo próximo, en la ONU.
En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Penal Internacional o en las cortes federales de Estados Unidos, llegará ese momento que le acaba de tocar al oficial Francisco Cuxum Alvarado, de Guatemala, capturado en Boston, Massachusett, por haber tomado parte de masacres y agresiones sexuales contra 400 indígenas en 1980. Ahora tendrá que enfrentar dos justicias, en Guatemala y en Estados Unidos.
Es decir, los militares, los políticos, la sociedad hondureña y la humanidad entera deben comprender que el uso del derecho penal como instrumento de control político de la oposición social o como instrumento de impunidad para los criminales, no detiene nunca a los pueblos. Y que los criminales, tarde o temprano, reciben lo que se merecen con ese mismo derecho penal que intentan ahora manipular.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 22 de febrero de 2020
