Tegucigalpa, Honduras.- Tras cinco años de persecución política por defender el derecho a la educación superior pública, gratuita e inclusiva, ayer se le informó a Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario Padilla la individualización de la pena, tras condenarlos en el 2017.
Esta noche, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Francisco Herrera, manifestó vía telefónica, al Sociólogo Moisés Cáceres, su solidaridad extensiva al Trabajador Social Sergio Ulloa y al Periodista Cesario Padilla debido a la persecución judicial desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP) y la entonces rectora Julieta Castellanos, quien les montó persecución desde el años 2014 con las primeras expulsiones, llevándolos a la judicialización en julio de 2015.
“Herrera expresó que hablará con el apoderado legal de la UNAH y el vicerrector para que se comunique con los criminalizados y su equipo de defensa a fin de resolver la situación, sin el interés de dañar a los profesionales”, informó Cáceres a Defensores en Línea, pues la conversación se dio al mismo tiempo que esta entrevista.
Como hace tres años cuando se les condenó, los criminalizados concuerdan que estas acciones judiciales son una acción más del circo que impera en el país. Ya que necesitan temas para entretener a la opinión pública mientras el país se sumerge en una crisis sanitaria y política.
El hecho de haber confirmado una sentencia tres años después es una payasada del circo llamado Corte Suprema de Justicia, por otro lado, puede ser que nos quieran utilizar para desviar la atención de todos los actos de corrupción de este narco Estado y tomando en consideración de que en trece días es la sentencia en contra del narcotraficante «Tony» Juan Antonio Hernández, entonces necesitan casos como los nuestros para desviar la atención de esos asuntos.
Moisés confirmó que la defensa legal no ha sido notificada formalmente por la CSJ, pero ante la presión mediática esto puede suceder pronto, entonces se debería presentar en 10 días siguientes un recurso de Casación en el que se pediría la nulidad de esa sentencia.
En ese proceso el doctor Herrera, como representante de la Universidad tendría que manifestarse en un documento oficial donde la UNAH decide no continuar con el proceso contra nosotros ni repararnos por la cuestión civil (pagos a la Universidad), es importante que el rector se manifieste respecto a ello y que nos ayude con la PGR para que tampoco vaya a solicitar algún reclamo administrativo contra nosotros, declaró el sociólogo a Defensores en Línea.
“Hemos visto que el doctor Herrera ha mostrado interés de mantener la paz con el movimiento estudiantil y tratar se democratizar la universidad”. Moisés Cáceres
El caso de los tres estudiantes condenados es el primero en llegar a esta instancia judicial. Más de 200 universitarios han sido víctimas de la persecución emprendida por la ex rectora Julieta Castellanos. El año pasado un grupo criminalizados logró conciliar para lograr la libertad definitiva y poder en la medida de lo posible retomar sus estudios, ya que algunos fueron expulsados hasta por quince periodos académicos y suspensión de becas por excelencia académica o equidad.
Los tres profesionales serían el referente para que puedan procesar y judicializar en un futuro a otros estudiantes que defiendan los derechos humanos en el Alma Mater, pero de lograr que se suspenda la pena también marcarían una línea de defender lo justo, el derecho a la educación.
Esta situación donde hemos sido judicializados, nos genera mucha incomodidad porque ya son seis años de procesos de criminalización de parte de Julieta Castellanos que originó tres procesos de órdenes de captura y uno de expulsiones. Personalmente ella me corrió de la práctica profesional en el 2015 y eso me afecta laboralmente sin poderme consolidar en un empleo, aunque ya terminé mis clases, concluyó Moisés Cáceres.
A consideración del periodista Cesario Padilla, conocer de la individualización de la pena en este momento, únicamente evidencia el manejo de la justicia mediante hilos de poder dirigidos desde Poder Judicial y las autoridades universitarias que no ha tendido voluntad de resolver estas actuaciones. Y que deben reconocer que la acción estudiantil en 2015 fue una legítima demanda enmarcada en el derecho a la libertad de expresión.
Lo que sucedes es un acto de circo por parte de quienes ven la justicia como un chiste, una cosa de risa que ejecutan a su conveniencia porque saben que tendrán efectos a su favor y es criminalizar tres voces que reclaman junto a muchas otras voces espacios a la libertad de expresión, por lo que no están dispuestos a callar, declaró Cesario.
Por lo que, quienes quedan en un penoso papel, son los cuatro jueces de la Sala IV de la CSJ, el MP y la defensa de la UNAH.
Procesos de criminalización contra líderes estudiantiles
Los entonces estudiantes, Sergio, Moisés y Cesario lideraban procesos en defensa de la educación universitaria. Desde 2011 dio inicio a una serie de movilizaciones por la Autonomía Universitaria. En el 2015 se realizaban diferentes protestas sociales donde participaban miles de alumnos y alumnas de la UNAH a nivel nacional, y a partir de una toma frente a la ciudad universitaria en Tegucigalpa, se procesó judicialmente a los tres jóvenes.
Durante el juicio Oral y Público contra Moisés, Sergio y Cesario, entre mayo y junio de 2017, el Ministerio Público llevó como testigo al jefe de seguridad de la UNAH, Róger Aguilar; y a una agente de investigación que admitió haberse infiltrado en el movimiento estudiantil para perfilar a los ahora condenados, por suponerlos responsables de Detentación Ilegal de Bienes Públicos.
Entonces el Tribunal de Sentencia después de un palabreo discutiendo si los estudiantes criminalizados andaban carné o chalecos distintivos de DDHH, si estaban constituidos como comité pro defensa de DDHH, sí habían estado en la UNAH o no esa mañana, los declararon responsables y no dijeron “culpables” cómo es costumbre el 7 de junio de 2017.
Después se alargó la fecha para la individualización de la pena, inicialmente para el 25 de julio 2017, y se pospuso en dos fechas, siendo el 7 de agosto, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) [que vale mencionar había solicitado apartarse del juicio pero la CSJ no se lo permitió ya que debía llevar una notificación firmada por del Ejecutivo], el Ministerio Público y la UNAH pidieron una pena máxima de tres años de prisión y penas accesorias para los universitarios, justo dos meses después de la condena.
El 9 de agosto su abogado defensor, Laureano Carvajal, fue víctima de allanamiento a su vivienda, privado de libertad transportado a lo largo de unos 400 kilómetros desde Tegucigalpa hasta La Ceiba, Atlántida para responder a los supuestos delitos que se le imputaban. Sin tomar en cuenta que es un señor mayor de edad y merece un trato digno.
La individualización de la pena debió ser presentada por escrito en los días siguientes, sin embargo, fue hasta el atardecer del martes 1 de septiembre que los criminalizados se dieron cuenta sobre la existía el documento fechado en octubre de 2019.
La jueza Enilda Geraldina Mejía, firmó la sentencia contra los tres defensores de la Educación que los condena por el delito de Detentación Ilegal de Bienes Públicos en perjuicio de la UNAH, a tres años de reclusión en el centro penitenciario nacional de Támara, inhabilitación especial y trabajo en obras públicas o laboren dentro de la prisión; y la responsabilidad civil que será tasada en la fase de ejecución de la sentencia. Y no procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.
