El segundo informe público de la Misión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad instalada hace un año en Honduras, es interesante.
Revela, principalmente, que los corruptos e impunes instalados en la Casa Presidencial, el Congreso y el Poder Judicial, han conspirado para expulsar la MACCIH del país.
Además, han realizado acciones graves como aprobar leyes especiales para proteger la información sobre sus crímenes y han emitido sentencias judiciales ridículas contra lavadores de dinero del principal robo de 2013.
Es el caso concreto de sentencia sospechosa la del periodista Henry Gómez, beneficiado con una pena ridícula cuando debería ser juzgado por graves delitos continuados de lavado de activos, como ha sido recientemente uno de los cabecillas Mario Zelaya.
Los demás asaltantes activos del Seguro Social, que están en el gobierno que viene del golpe de estado de 2009, son los principales interesados en rechazar las investigaciones que realiza en el terreno la Misión de la OEA.
Las líneas de investigación van dirigidas, sin duda, a ex presidentes y sus equipos, a los directivos actuales del Congreso Nacional y del Partido Nacional, y a los propios ejecutivos de Casa Presidencial.
La deducción simple al leer las líneas ocultas del segundo informe de la MACCIH es que los investigados son los mismos que cambiaron en la Imprenta Nacional el texto de la Ley de Transparencia Electoral y utilizaron el logotipo de la misión para pretender certificar la candidatura de Juan Orlando Hernández y sus secuaces.
Es bastante vergonzoso para el gentilicio hondureño escuchar en Washington el informe aún general del portavoz de la MACCIH Juan Jiménez Mayor. Pero es el retrato de un país hundido en la peor crisis ética, económica y política de todos los tiempos.
Es lamentable escuchar, con frecuencia, a esos forajidos con poder político – que comulgan con las curias católica y evangélica – reclamando para ellos la soberanía nacional, pidiendo que los extranjeros entrometidos sean expulsados de los asuntos propios de los hondureños.
Esos mafiosos que dirigen a Honduras no acaban de comprender que este es un Estado intervenido. Intervenido por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, y por la ACNUR y por la Cruz Roja Internacional, y por el FBI y por la Organización de Estados Americanos.
No comprenden, tampoco, que por primera vez en la historia de Honduras esta intervención fue solicitada por la propia sociedad harta de los delincuentes de toda laya, que van a cultos los sábados y a misas los domingos.
A esos rateros de monto mayor y de “agendas escondidas” es que se refiere Jiménez Mayor cuando dice que “quieren que todo siga como siempre”.
Por esos tipos despreciables es que la misión de la OEA ha tenido que expresar solidaridad a Gabriela Castellanos, la directora del Consejo Nacional Anti Corrupción, por las demandas penales que han desatado en su contra.
Ahora, lo más importante es lo siguiente. Y lo siguiente es impedirles que continúen el asalto a mano armada de las instituciones públicas.
El acto delincuencial en curso llamado continuismo presidencial a través de la reelección debe ser abortado. Y tienen que ser enjuiciados sus impulsores.
Pero no basta con eso, es importante pero no lo más importante. Lo que verdaderamente debe impedir la sociedad hondureña es que la estructura actual siga intacta en el Congreso, en los órganos contralores y de impartición de justicia, y es obligatorio intervenir las Fuerzas Armadas. Y aunque no les guste, deben ser intervenidas las iglesias y los medios de comunicación practicantes del terrorismo mediático.
Realmente, llegó la sociedad hondureña a un punto que exige a la comunidad internacional con negocios e intereses en este país, que no sólo es Estados Unidos ni la Unión Europea, que asuman con seriedad la intervención.
Los que asaltaron el Estado han provocado demasiado dolor con la violencia como política pública, con la impunidad como práctica entronizada en los operadores de injusticia y con la represión policial y militar como defensa personal.
No puede continuar ese patrón de comportamiento aquí. Deben ser investigados sin miedo, sancionados aquí o en las cortes federales. No pueden seguir con sellos de partidos y uniformes de la Patria. Son la mafia irresistible. Son los causantes del empobrecimiento de la mayoría de la población. Culpables de la emigración. Son la peor plaga que Honduras ha padecido en su historia. Alto, sátrapas!
Editorial Voces contra El Olvido sábado 20 de mayo de 2017
