Tegucigalpa.- El juicio oral y público del defensor del ambiente Jeremías Martínez, que comenzó esta semana, se reanudará en marzo, informó el equipo de abogados de la defensa.
El juicio estaba programado para iniciar el lunes 22 de febrero, pero fue hasta el día siguiente al mediodía que inició, el día miércoles los jueces anunciaron que el mismo se suspendía y que se reanudaría hasta el 8 de marzo, mientras tanto el defensor deberá permanecer en la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, ubica en Tamara.
Los abogados de la defensa informaron que la suspensión se debió a la falta de dos testigos del Ministerio Público. Asimismo por la irresponsabilidad del Centro Penitenciario quien no trasladó a los tribunales al imputado a la hora establecida, sino que lo hizo horas después.
“El juicio empezamos hasta el día martes al mediodía por distintos inconvenientes, principalmente porque hubo una gran irresponsabilidad del Instituto Penitenciario de no trasladar a los privados de libertad antes de las 9:00 dela mañana, y eso provocó un gran retraso en el proceso”, señaló el abogado Edy Tabora, quien agregó que en segundo lugar la acreditación de la Procuraduría General hubo inconvenientes, porque la Procuradora estaba enferma.
Señaló que el 80% de las pruebas de la Fiscalía se lograron evacuar entre el martes y el miércoles, y que han sido medios de prueba documental y dos testigos: el jefe de seguridad de la empresa minera Los Pinares y un testigo protegido.
En todos los medios de prueba lo que ha quedado claro es que registraron una manifestación que había de las comunidades, alrededor que se constituye en el Comité Municipal de Bienes Públicos de Tocoa, Colón, y que lo que había era una oposición a la imposición de unas concesiones mineras ilegales, concesiones que no fueron consultadas con las comunidades, señaló el abogado Tabora.
Indicó que esa imposición provoca por supuesto lo que cualquier ser humano en este planeta haría de defender los bienes públicos, como es el ambiente y el agua.
“Eso fue el desarrollo de la audiencia, solo falta que se evacuen dos testigos de la Fiscalía; el juicio se suspendió por esa razón y vamos a continuar el día 8 de marzo de este año 2021”, agregó Tabora.
Asimismo dijo que hay una responsabilidad, no de las empresas, si no del Estado principalmente, porque lo que hacen las empresas posteriormente cuando hay una resistencia, es utilizar las instituciones del estado y se vuelven en una estrategia simbiótica, el Estado y las empresas a atacar a las personas que legítimamente utilizan los derechos que establece la Constitución de la República como la protesta, el derecho de asociación, el derecho de reunión.
Añadió que el Estado lo que hace es identificar, ciertas personas, identificar los líderes y utilizan cuatro herramientas para la criminalización, para la desmovilización de los movimientos.
“Lo primero es que comienzan a tratar de utilizar las vigilancias con guardias de seguridad privada, con policías o militares, ya sea física o electrónica de las personas, después utilizan campañas de difamación contra los liderazgos, contra las luchas legitimas de las comunidades, tratan de utilizar mecanismos para la desintegración de la cohesión social que hay en las comunidades”.
Agregó que “como no pueden lograr desmovilizar, utilizan la herramienta más importante, utilizan las empresas y el Estado el derecho penal, acusándolos principalmente del delito de usurpación, del delito de daños, de incendio y muchas veces acusando de terroristas.
Mientras se cumple el plazo para la reanudación del juicio, Jeremías Martínez deberá permanecer en la Penitencia Nacional Marco Aurelio Soto.
En todo el proceso por el que enfrenta el defensor de la vida, su familia no lo ha dejado solo, y no pierde la esperanza de que pronto termine el proceso, ya que defender el agua y la vida no es un delito.
Jeremías es un defensor de 64 años de edad, que ha permanecido recluido en el Centro Penal de La Ceiba, Atlántida, por defender los ríos de Guapinol y San Pedro en Tocoa, mientras que siete defensores más están privados de libertad en el Centro Penal de Olanchito, porque también defienden el agua y la vida.
