Tegucigalpa.- En el año 2002 el Congreso Nacional de la República, bajo la presidencia del diputado nacionalista Porfirio Lobo Sosa, aprobó mediante decreto número 284-2002, el 30 de agosto como Día Nacional del Detenido Desaparecido.
Sobre esta lucha hasta lograr una fecha memorable para los familiares de las víctimas de la desaparición forzada en Honduras y el continente americano, comparecieron al programa radial Voces contra el Olvido, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva y el Representante de la Fundación Hasta Encontrarlos de Colombia, Pablo Cala.
Hablar de agosto es también hablar de memoria. Sabemos que en el mes de agosto en el continente, cuando tuvimos la determinación los familiares que somos parte de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), surgió la idea de conmemorar o celebrar, dijo Bertha Oliva.
Nosotras sí celebramos el tema de las desapariciones forzadas y de nuestros desaparecidos, porque no los hemos olvidado. Y no olvidarlos significa que están con vida. Sólo pueden morir cuando nos olvidamos de ellos y ellas, sostuvo Oliva.
“El mes de agosto es un mes en que en el continente se vistió de negro en la propia implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional. Este fue un estudio y un mapeo que hicimos y por eso fue el acuerdo que sostuvimos para que en nuestros países hiciéramos el 30 de agosto como Día del Detenido Desaparecido”, explicó la reconocida defensora de los derechos humanos.
En la región centroamericana, Honduras fue el primer país en el cual, el Congreso declaró oficialmente el 30 de agosto, como Día Nacional del Detenido Desaparecido.
Al respecto Bertha Oliva narró que para lograr dicha efeméride en el calendario nacional, “trabajamos todo un nivel de incidencia durante 6 años, hasta llegar a obtener la declaratoria de Día Nacional del Detenido Desaparecido. Ya para ese entonces, teníamos razones más que suficientes para que en el Congreso no echaran marcha atrás, porque ya había 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se había sentado jurisprudencia en el tema de las desapariciones forzadas”.
Fue así que en 2002 el Congreso Nacional de la República, bajo la presidencia del diputado nacionalista Porfirio Lobo Sosa, aprobó el decreto número 284-2002, declarando el 30 de agosto, como Día Nacional del Detenido Desaparecido.
En 2011, la ONU declaró el 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido por la insistencia de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), que integra al Cofadeh de Honduras.
En ese orden de ideas y como señala el editorial del COFADEH, titulado: “El Mes de la Memoria”: “…Es muy probable que para los diputados del 2002, el decreto 284-2002 y la resolución de las Naciones Unidas, no representaban nada; sin embargo, para más de 200 familias víctimas de la desaparición forzada, ese texto es un reconocimiento a sus seres queridos, héroes y heroínas de la lucha social contra la ocupación militar gringa, contra el alquiler de la Patria..”.
Y respecto a la jurisprudencia, en julio de 1989, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) responsabilizó al Estado de Honduras por la desaparición forzada de los líderes magisteriales Manfredo Velásquez (1981) y Saúl Godínez (1982), en un caso presentado por el COFADEH y que sentó jurisprudencia internacional.
Bertha Oliva señaló que también el Informe Preliminar: “Los Hechos Hablan por sí Mismos”, publicado por el primer Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Leo Valladares Lanza, que recopila los numerosos casos de desapariciones forzadas durante el período 1980-1993, también fue determinante para que las fuerzas políticas representadas en el Congreso aprobaran el Día Nacional del Detenido Desaparecido.
La Coordinadora del COFADEH señaló que después de 10 años de búsqueda de sus seres queridos sin obtener respuestas respecto de su paradero, decidieron incidir ante las autoridades para obtener una fecha memorable y darle al pueblo hondureño “un sentido de memoria”.
Oliva destacó que esa lucha se libró para contrarrestar las campañas de la Alianza para el Progreso de Honduras (APROH) de ultra derecha, que controlan los grandes medios de comunicación, y que con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la jerarquía de la Iglesia Católica y la empresa privada, propugnaban por el olvido y el borrón de la historia sobre la década del terror en Honduras, que se implementó en el continente a través de la Doctrina de Seguridad Nacional y que trajo consigo miles de detenidos desaparecidos en el continente americano.
“Esta gente tenía la intención de borrar el pasado y dar un golpe a la memoria, pero nosotras dijimos no, eso no lo vamos a permitir y por eso hemos trabajado desde Honduras, Centro América y todo el continente”, afirmó.
Oliva expresó que la desaparición forzada ha sido un acto criminal y perverso, pero de lo que no se percataron los que dieron origen a esta práctica oprobiosa, es que en sí misma, la estaban convirtiendo en un delito de lesa humanidad. Por lo tanto lo convirtieron en un delito imprescriptible, “y eso es lo que nos ha hecho mantenernos a los familiares”.
Hace mucho tiempo hemos dejado de llorar por nuestros detenidos desaparecidos. Lo que hemos hecho es empoderarnos de ese derecho universal y ese derecho que tenemos de conocer la verdad, para que se implemente justicia, detalló.
Bertha Oliva colocó en la discusión el hecho de que está en proceso el tema de la selección de los magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y al respectó acotó que los que están queriendo borrar y echar para atrás todo lo que se ha venido aprobando en esta legislatura que tiene que ver con el tema de derechos humanos, que tiene que ver con memoria, que tiene que ver que hace 13 años se produjo un golpe de estado, están en una lucha para tener sus mismos hacedores de la injusticia y de la impunidad en nuestro país.
“De ahí es la lucha para ver cómo tenemos una Corte Suprema de Justicia (CSJ) y un Ministerio Público (MP) que esté alejado de la complicidad criminal para borrar la memoria y para que no obtengamos justicia”, resaltó.
Por su parte Pablo Cala de la “Fundación Hasta Encontrarlos” de Colombia, dijo que las desapariciones forzadas constituyen un crimen permanente, repudiable y un crimen de lesa humanidad. Y debemos hacer todo lo necesario para que este crimen deje de existir.
“La conmemoración del Día Internacional sobre las Desapariciones Forzadas es un reconocimiento a las luchas desde el año 1982 de muchos colectivos en el cono sur, en Centroamérica y en la región andina, justamente a través de FEDEFAM reivindicando este día, como un día de memoria, día de homenaje y de denuncia de este crimen”, resaltó el entrevistado.
Cala explicó que si bien es cierto, las desapariciones forzadas se produjeron en el cono sur durante regímenes o dictaduras militares, sigue existiendo aún en gobiernos democráticos como el de Colombia.
La desaparición forzada es un “flagelo que lamentablemente se sigue presentando en nuestros países y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para combatir que siga existiendo”, detalló.
Lo que se ha comprobado a través de cuatro décadas, es que sin los familiares no hubiese sido posible la tipificación de la desaparición forzada en Naciones Unidas, pero también en cada país.
Respecto a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Honduras, Pablo Cala expresó que conociendo la realidad de este país y por sus visitas e investigaciones, hay necesidades urgentes.
Una es que se pueda extraer del Ministerio Público (MP) la acción de búsqueda de los desaparecidos, es decir la demanda de verdad y justicia es una lucha permanente de los familiares, pero lo que hemos comprobado, y esa es una similitud en los diferentes países, es que cuando está anclada la búsqueda a un proceso penal, dicho proceso no prioriza la búsqueda del desaparecido, sino buscar al presunto responsable.
En el caso de Honduras es que pueda adelantar acciones de búsqueda de manera coordinada con la justicia, pero de manera independiente, para poder ir avanzando más allá de los procesos penales y lo que pueda acarrear, recomendó.
“Lo segundo es que se requieren herramientas jurídicas para que no dependa solamente de la voluntad de un gobierno o de una estructura que esté durante un tiempo determinado colocando como prioridad la búsqueda de los desaparecidos de la década de los 80´s y los más recientes, sino que se requiere poder legislar en función de esas normas que reconozcan la búsqueda como un derecho y como un deber del estado”, sostuvo Cala.
Cala añadió que se requiere de una política pública, una articulación de las acciones que den cuenta de los diferentes elementos que van a resolver una desaparición forzada. “Puede haber condenas contra los responsables, pero si no se encuentra a los desaparecidos, no hay justicia”.
El defensor de derechos humanos colombiano apuntó que no se puede hablar de democracia, sin acciones que resuelvan las desapariciones forzadas. Y se resuelven las desapariciones forzadas cuando se encuentra la verdad y se encuentra a las víctimas de desaparición forzada.
“Aquí en Colombia con el nuevo gobierno (de Gustavo Petro) se está hablando de apostarle todo a la paz total. Nosotros estamos planteando que no puede existir paz total, si existen desaparecidos”, sostuvo Cala.
Finalmente Bertha Oliva expresó que Honduras adolece de una política pública sobre desapariciones forzadas, adolece de una Ley de Víctimas, de una Ley de Memoria, que son herramientas sobre las cuales el COFADEH estará trabajando.
