El Progreso, Yoro.- El debate de juicio oral y público en el caso del preso político Gustavo Adolfo Cáceres, acusado por el delito de portación ilegal de explosivos o material de guerra en perjuicio del Estado hondureño, concluyó ayer con la etapa de conclusiones en el Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso, Yoro.
El Ministerio Público solicitó al Tribunal una sentencia condenatoria contra Gustavo Cáceres de 8 a 10 años, más una multa de 5 mil a 10 mil lempiras, mientras que la defensa señaló que no existe argumentos jurídicos en la acusación de la fiscalía y que por lo tanto su representado debe ser absuelto.
La fiscal en sus conclusiones señaló que en base al dictamen presentado por el experto en explosivo de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público califica la acción de Gustavo Adolfo Cáceres en el delito de portación de explosivos o material de guerra o de combate de fabricación casera de uso prohibido, establecido en el artículo 332 A del Código Penal vigente el cual tiene una pena de reclusión de 8 a 10 años más la multa de 5 mil a 10 mil lempiras, y es por eso que solicitamos una sentencia condenatoria, también amparado en lo que establece la Ley Especial de Control de Armas de Fuego y Municiones y explosivos y otros similares.
El abogado Omar Menjívar, defensor de Gustavo Cáceres, señaló que la historia contada por los dos policías que testimoniaron ante el Tribunal fue construida con el propósito de encarcelar a su defendido y la fiscalía no llevó nada para demostrar el hecho delictivo ni la responsabilidad del imputado, porque el hecho que le atribuyen no es delito, no constituye delito.
Agregó que espera que el Tribunal actúe con imparcialidad, con independencia y objetividad y aplique la Ley correctamente y si eso pasa lo que tienen que dictar los jueces es un fallo absolutorio, declarando inocente a Gustavo y ordenando su libertad.
En cuanto a lo solicitado por el Ministerio Público donde pide una pena condenatoria y una multa monetaria, el abogado Omar Menjívar lo considera exagerado e irracional, y “esto demuestra que el MP acude al derecho penal de manera irreflexiva”.
Los jueces anunciaron que siendo la carga probatoria en esta causa bastante amplia y con la finalidad de realizar un estudio a profundidad y a conciencia, y emitir un fallo conforme a derecho, citamos a las partes para el día jueves 14 de noviembre del presente año a las 8:30 de la mañana.
El 21 de diciembre de 2017 en El Progreso, como en muchos otros lugares del país, se realizaban manifestaciones en contra del fraude electoral que dejó como ganador al dictador Juan Orlando Hernández.
Cáceres se transportaba en un camión de venta de agua purificada de donde fue bajado por los elementos policiales por no andar papeles de identificación, fue llevado detenido y luego fue presentado ante los medios de comunicación con dos bombas molotov y una bolsa negra que contenía al menos 15 puritos de supuesta marihuana.
En su declaración ante el Tribunal, Gustavo declaró que los enchancharon por no andar partida de nacimiento, que lo golpearon y que le pusieron una bolsa negra en la cabeza, la cual se la apretaban, lo que hacía que perdiera el aire, y que luego le fotografiaron con dos botellas y una bolsa negra junto a una mesa.
Los agentes policiales que requirieron a Gustavo entraron en contradicción en su testimonio ante los jueces del tribunal de Sentencia, uno declaró que el ahora acusado fue detenido por que andaba con un sombrero café y una pañoleta roja, y el otro indicó que la detención se hizo porque andaba encapuchado.
Cáceres permanece recluido en el centro penal de El Progreso desde el 21 de diciembre de 2017 y es el primer preso político que ha sido sometido a juicio oral y público.
