Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa.- ¿A La Tolva o El Pozo? ¿A dónde envían a uno de los asesinos intelectuales de Berta Cáceres Flores? Se preguntó Bertha Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.
La reacción de dio vía telefónica a través del programa de radio Voces Contra el Olvido, luego de que, al imputado noveno y primer señalado como autor intelectual del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores, se le emitiera detención judicial el sábado anterior.
Cerca de las 7:00 p.m. del 10 de marzo, en el tercer día de Audiencia Inicial en el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, se decretó prisión preventiva contra Roberto David Castillo Mejía, presidente de la junta directiva de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), quien fue enviado a la Penitenciaría Nacional «Marco Aurelio Soto» de Támara, 32 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
El Consejo Cívico de las Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que dirigía Bertita, mantiene resistencia ante las pretensiones de DESA para construir la represa hidroeléctrica “Agua Zarca” en el Río Gualcarque, parte de los bienes comunes del pueblo indígena lenca. Por lo tanto, está amparado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que trata sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
Sin embargo, se le benefició de sobreseimiento definitivo por el delito de asociación ilícita, pues según el Tribunal no encontraron elementos contundentes para condenarlo, explicó en el programa que es producción del COFADEH, el abogado Rodil Vásquez, quien forma parte del equipo legal de la familia Cáceres Flores y Zúniga Flores.
La parte acusadora se reservó el derecho de análisis de lo sucedido, por lo que viene un momento de reunirse con la familia y el COPINH, con miras a preparar una estrategia donde la justicia dé frutos y hacer uso de las figuras que les permite la ley.
No obstante, con el hecho que se haya enviado a prisión preventiva a uno de los autores intelectuales, como parte fundamental es la presión nacional e internacional en favor de la defensora del pueblo indígena Lenca, declaró Vásquez.
Es fundamental el apoyo de personas como Bertha Oliva desde el COFADEH, y otras personas que dan acompañamiento a la familia durante el clamor popular en búsqueda de justicia como en el caso de Cáceres y otros de violaciones a derechos humamos, que no han cesado.
Hay violaciones terribles en Honduras -continuó Rodil Vásquez- uno de los más recientes el fraude electoral que nos ha dejado marcado ante el mundo, como un país en el que no hay democracia, reina el crimen y la impunidad, por lo que se debe mantener la lucha permanente hasta derrotar estos males.
La detención de Castillo se dio el mismo día que se cumplía dos años del crimen, ocurrido el 02 de marzo del 2016, en La Esperanza, Intibucá, donde residía Bertita.
Investigaciones
Para la investigación del crimen de Berta, premio Goldman ambiental 2015, se creó el Grupo Asesor Internacional de Personas expertas (GAIPE), que vio a bien los avances del Ministerio Público, que se concretan en la detención de Roberto David Castillo, ex presidente ejecutivo de la empresa DESA.
El GAIPE constató y entregó evidencia contundente acerca de la existencia de redes que conectaban a la empresa DESA con poderes estatales, que decantó en un plan minucioso para quitarle la vida la defensora de los Ríos. Estos resultados fueron producto de análisis de más de 40 GB de información telefónica y de otra naturaleza, que conoce el Ministerio Público desde mayo de 2016.
De acuerdo con los hallazgos del GAIPE, DESA mandató a empresas de seguridad privada y sicarios, pero también a fuerzas de seguridad estatales y operadores de justicia, con el fin de controlar y neutralizar cualquier oposición al proyecto Agua Zarca, emcionó el Grupo en un comunicado de prensa el pasado 06 de marzo.
Guardan prisión por el asesinato de la ambientalista y defensora de derechos humanos, el ex jefe de seguridad de DESA, teniente Douglas Geovanny Bustillo; el mayor del ejército, Mariano Díaz Chávez; el capitán en situación de retiro, Edison Atilo Duarte; su hermano, Emerson Eusebio Duarte Meza; Oscar Aroldo Torres Velásquez, Elvin Rápalo Orellana; el ex gerente de temas sociales y medio ambientales de la empresa DESA, Sergio Rodríguez; y el ex militar, Henry Javier Hernández Rodríguez, que supuestamente trabajaba en una barbería en México al momento su captura.
Cabe resaltar que ninguno está en cárceles de máxima seguridad, a diferencia de los presos políticos que por oponerse al fraude electoral que mantiene a Juan Orlando Hernández al mando del régimen, han sido remitidos a centros penitenciarios como “El Pozo” en Ilama, Santa Bárbara y “La Tolva” en Morocelí, El Paraíso.
La situación de los presos políticos es inhumana, denunció Bertha Oliva, pues no tienen acceso siquiera a visitas familiares y salud. Tal el caso de Edwin Espinal, quien debió iniciar una huelga de hambre a inicios de este mes, para que lo pudiera asistir un médico, pese a que, así lo había estipulado un juez ejecutor ante la presentación de un recurso de Habeas Corpus, emitido por el COFADEH.
Espinal es beneficiario de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo, el Estado no respetó esas disposiciones. Al Igual Berta Cáceres tenía Medidas Cautelares de la CIDH, y fue asesinada al interior de su vivienda, sin que hasta el momento se capture a los que ordenaron el crimen.
Según el Registro del COFADEH, hay 22 personas presas por su ideología política, la mayoría en cáceles de máxima de seguridad:
Una Persona de Pimienta Privada de Libertad en el Centro Penal de Tela
- Lourdes Johana Gómez Núñez.
Dos Personas Privadas de Libertad En el Centro Penal de Morocelí, conocido como La Tolva
- Edwin Robelo Espinal
- Raúl Eduardo Álvarez
Nueve Personas Recluidas en el Centro Penal de la ciudad de El Progreso.
- Arles Saúl Cardona Saavedra.
- Gustavo Adolfo Cáceres Ayala.
- Jhony Andrés Salgado Fuentes.
- Dany Javier Banegas Reyes.
- Olvin Nahúm Villanueva Avilés.
- Omar Enrique Velásquez Yánez.
- Antony Reynaldo Acosta.
- Néstor Armando Almendarez Rodríguez.
- Marvin Antonio Godoy Arias.
Diez Personas de Pimienta: Recluidos en el Centro Penal de Ilama conocido como El Pozo.
- Daniel Eduardo Santos Ordóñez
- José Orlando Santos Ordoñez
- Edwin Nahún Amaya Sánchez
- Mynor Ariel Reyes Mejía
- Roque Jacinto Alvarenga Corea
- Wilfredo Cáceres Sagastume
- Francisco Miguel Gómez Martínez
- Melvin Mauricio Chávez Pérez
- Jonathan Ricardo Perla López
- Santos Ramón Paredes Quiroz
