Hoy termina el tiempo legal que la Constitución define a las togas del poder judicial investidas el 11 de febrero de 2016, luego de una elección kilométrica que movilizó millones de lempiras para imponer los peones de la narco dictadura de Hernández y asociados.
Un día más en sus cargos bajo la conducción de Argueta, todos y todas esas muchachas entrarían en responsabilidad administrativa, civil, penal y criminal. Así ha quedado advertido desde la noche del viernes anterior. ¡Siete años, punto!
Si vamos sobre el calendario de 2023 vemos que, del 25 de enero a la fecha, el partido que tiene el monopolio de la negociación, el nacional, ha demandado sólo cosas imposibles a cambio de elegir las nuevas autoridades judiciales: agregar seis magistrados suplentes, repartirse con anticipación las cortes seccionales y el Ministerio Público.
Y la última de esas imposibilidades barajadas bajo la manga azul es prolongar de hecho el mandato de los 15 actuales magistrados, que en sentido lato representan el barrio de los hondureños delincuentes extraditados por Estados Unidos. Es decir, esa es la demanda implícita de rompimiento de facto del orden constitucional.
Hasta este fin de semana, la población daba un margen prudente de espera a las negociaciones entre los partidos representados en el Congreso. Pero esa actitud cambió en las últimas horas. “No olvidar que somos resistencia” es la frase que repiten los piquetes de jóvenes que rodean desde ayer las vecindades del Congreso Nacional. Eso significa, !el pueblo unido jamás será vencido!.
En términos de reacción ciudadana eso es pertinente, normal, incluso obligatorio, ¿pero en términos de estrategia política, la pregunta es a quién le conviene más la agitación popular en esta coyuntura? ¿A los pescadores del río revuelto que nos acechan, o a los nuevos actores democráticos que detentan poder político desde las instituciones del Estado de Derecho?
A esta hora, la atención de Honduras está centrada en el viejo centro histórico de la capital donde 128 diputados, unos representando a sus electores y otros a sus patrocinadores, enfrentan la responsabilidad de elegir la conformación del tercer poder del Estado. Hay tensión, aunque el abogado Pineda diga que se trata de un baile de máscaras que no alcanza todavía a sacar los machetes.
En la víspera de esta perturbación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en audiencia pública escuchó en San José Costa Rica los testimonios de los ex magistrados hondureños José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira.
Esos magistrados de la Sala Constitucional destituidos de golpe en diciembre 2012 testimoniaron esta semana cómo el entonces presidente Porfirio Lobo y el otro presidente paralelo desde el Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, les presionaban para violar la Constitución del país. Para satisfacer la presión de los piratas de maletín basados en Miami.
Gutiérrez Navas y Rosalinda describieron a los jueces de la CIDH todas las amenazas en público y en privado que recibían antes y después de la discusión de aquellos recursos de inconstitucionalidad que concernían a las ciudades modelo, la depuración policial, la impunidad de las iglesias evangélicas y la imposición de la policía pretoriana o militar.
Antes de la discusión de esos recursos, los magistrados constitucionalistas fueron invitados al Chimbo a la casa de Lobo donde éste les motivó durante el desayuno a impulsar la inversión extranjera, pero advirtiéndoles después del postre que si hay quienes se oponen a esa decisión existen los medios para destituirlos, del mismo modo que fueron nombrados.
Otra de las estrategias seductoras utilizadas por el Ejecutivo y el Congreso fue enviar con todo incluido a dos de los cinco magistrados constitucionalistas a conocer las deslumbrantes vías industriales de Korea del sur, el paraíso neoliberal estadounidense situado entre el Mar Oriental de China y el Mar de Japón.
En vista de que nada de eso parecía flexibilizar las posiciones de Navas, Gaekel, Bustillo y Rosalinda, entonces Lobo llegó personalmente al edificio de la diosa Temis para pronunciar un discurso memorable.
Enfrente de los magistrados, Lobo repitió con vehemencia que las ciudades modelo eran una maravilla para el futuro económico del país. Pidió apoyo claramente, evitando que los recursos no fueran declarados inconstitucionales y que, si eso ocurría, serían contratados unos famosos profesionales del mundo para analizar las sentencias dictadas.
“Nosotros sabíamos que los cuatro proyectos eran inconstitucionales, empezando por ese que creaba un Estado dentro del Estado de Honduras; una organización que invocaba el derecho de costumbre inglés y que violentaba los principios de población, soberanía y territorio establecidos por los artículos pétreos de nuestra Carta Magna”, relataron.
En cuanto al tal JOH, Rosalinda parecería indicar a la Corte Interamericana que éste actuaba desde las sombras enviando mensajes intimidatorios a través de personas próximas de su entorno social y, sigilosamente, la noche del 12 de diciembre de 2012, ¡prangán!, los destituyó sin derecho a la defensa y de modo absolutamente arbitrario.
A pesar de la fuerza oportuna de esos testimonios contenidos en la página de la Corte Interamericana NO son objeto de las primeras planas de los medios hegemónicos de la oligarquía golpista hondureña que ladra ardientemente por una Corte domesticable. Silencio total. Bulla absoluta desde el Congreso.
Como hemos dicho en ocasiones anteriores, provocar una nueva crisis política en Honduras es muy fácil; por ejemplo, impidiendo el consenso de los nuevos magistrados con las peticiones atrevidas que hace el partido nacional, para dejar de facto en sus puestos a los abogados del cartel de Lempira. Lo difícil es calcular las consecuencias de ese juego peligroso.
Es bien fácil que la agitación de un pueblo entrenado ya en la resistencia se convierta en rebelión, como ocurre actualmente en Perú donde se exige una nueva reestructuración del poder político sin la intervención vulgar de la embajada de Estados Unidos, que apoyó el golpe contra el profesor Castillo.
Aquí con Xiomara Castro tenemos la oportunidad de comenzar una transición del modelo narco hacia una gobernanza democrática centrada en la gente que sufrió la barbarie neoliberal golpista corrupta que lava, trafica y asesina. Ella y Redondo no van a irrespetar la Corte como lo hicieron los pobres líderes azules y colorados cuyas familias viven hoy con el mazo del juez Castel sobre sus cabezas.
Pero insisten en patalear, se oponen al cambio.
En esa empresa tienen aliados y aliadas. La embajadora Dogu, que está advertida por la Cancillería de no continuar animando actores locales para revolver las aguas, ha contenido un poco la furia de su Twitter; un poco solamente, porque antes del 25 de enero advirtió a sus paisanos que no compren terrenos en Honduras, porque las Zedes ya no sirven y aquí nadie les garantiza seguridad jurídica.
Para completar esos mensajes no sutiles, un puñado de voceros y voceras apasionadas desde instancias que todavía llaman de sociedad civil y desde los púlpitos, pontifican teorías conspirativas contra el gobierno de Xiomara Castro y su partido, cuando en realidad toda esa sustancia rasquiñosa que destilan favorece a sus coquetos amigos de la estrella solitaria ensangrentada en sociedad de hecho con la estructura veleta del científico loco.
El rompimiento constitucional, por ejemplo, se lo atribuyen a Libre y no a los cachurecos que lo promueven. Y al hacerlo, juegan la política de los enemigos del pueblo.
Entonces, tener unos sueños muy desproporcionados respecto a la nueva Corte no era realista, porque los grupos de interés, de presión y de operación de la política se activaron radicalmente desde posiciones ideológicamente incompatibles con la justicia, los derechos humanos de las minorías visibles y la seguridad ciudadana.
El plan, sin embargo, sigue siendo la transformación nacional. Una Corte forzada a una higiénica posición de centro después de una Corte indiscutiblemente pro impunidad parecería real en el contexto actual, pero indudablemente no es ideal.
Los desafíos de 2023-2030 son monumentales en términos de mora, de impunidad y de inseguridad jurídica para la población general. Eso demanda acciones y decisiones hacia los traidores de la Patria, hacia los grupos privados privilegiados que profundizan la desigualdad, la corrupción, la violencia y la impunidad. En esto, el clamor popular de justicia es enorme. Ensordecedor.
Si el parto de la nueva Corte le duele tanto a esas castas canallas, imagine usted cuánto le duele a este pueblo humillado. Esperemos, entonces, que esta noche nazca o renazca la energía popular que le hacía falta a este proceso de alumbramiento tardío de la Diosa Temis. Dicho esto, vamos en breve hasta el Congreso con Sandra Rodríguez.
Buenas noches
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 11 de febrero de 2023
