Tegucigalpa.- Las quejas expresadas en Washington, Estados Unidos, ante personeros de la administración Biden como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por parte de un grupo de diputados nacionalistas que fueron a mostrarse como “víctimas de persecución política” sólo es un reflejo de la desesperación que los invade y de una perversa manipulación sobre el tema de los derechos humanos.
Así lo expresaron tanto la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, como el líder sindical Carlos H. Reyes, durante su comparecencia al programa “Voces contra el Olvido” que se transmite todos los sábados a las 7:00 pm por la cadena Radio Globo.
En sus primeras declaraciones, Carlos H. Reyes expresó que “es dolorosos que se siga con ese tipo de prácticas porque son las que se han utilizado siempre previo a los golpes de estado”.
O sea que se busca a Washington, se busca a la embajada de Estados Unidos para ir a hacer este tipo de actividades y lo más grave es el tipo de personajes que lo andan haciendo y en qué momento lo están haciendo.
Que es en momentos donde se está levantando una enorme campaña que va orientada frente a lo que será la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Se está planteando que la Junta Directiva del Congreso Nacional es ilegal y yo creo que todos los ciudadanos de este país sabemos que si no hubiese habido golpe de estado en el 2009, si no hubiese habido reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández y si no se hubiese dado el triunfo de Xiomara Castro, ese conflicto en el Congreso no hubiera existido”, señaló.
El líder sindical y miembro de la Convergencia Contra el Continuismo (CCC) dijo que el país vive en una situación en la cual se ha querido desnaturalizar la elección de la Junta Directiva del Congreso que preside el diputado Luis Redondo del partido Salvador de Honduras (PSH).
Reyes cuestionó señalamientos que van en esa dirección y que han sido expresados por instituciones como la iglesia Católica dirigida por el cardenal Oscar Andrés Rodríguez, que apoyó el golpe de estado de 2009, así como otras organizaciones entre las que se cuenta al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), entre otras.
El dirigente obrero dijo que éste no es un problema que debe resolver la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque dicho problema quedó resuelto.
“Y lo resolvió el 23 de enero, que es el día que corresponde hacer la elección de la Junta Directiva y ahí se hizo con diputados, y la Constitución de la República no dice que sea con diputados suplentes o propietarios”, aseguró.
Reyes señaló que ésta es una situación que se ha tomado incluso hasta para hablar en contra de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) y para irse a Washington a decir que están siendo perseguidos porque están haciendo esa campaña.
El líder sindical señaló lo anterior en vista que hace unos días, trascendió la visita a la capital política de Estados Unidos y a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de algunos diputados nacionalistas, que fueron a denunciar que están siendo víctimas de persecución en Honduras.
El editorial del COFADEH titulado “La Incidencia en Washington” se refiere a este tema en los siguientes términos: “… Los últimos en acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con alegaciones de persecución política en Honduras son dos diputados golpistas acusados de falsificación de documentos públicos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno, además de esconder dinero de los hondureños en los Panamá Papers…”
“…Con el discurso de persecución política por una Corte Suprema que pertenece de cuerpo entero a las estructuras de la dictadura criminal que ellos integran, Antonio Rivera Callejas y Tomás Zambrano a la cabeza de otros legisladores del cartel de Juan Orlando Hernández, han sostenido encuentros esta semana con una hermana cristianoide del presidente Biden, un grupo de jóvenes incitadores de la oposición mercenaria en Nicaragua y con sectores conocidos peyorativamente como gusanos golpistas del Distrito de Columbia…”.
“….En su relato se declaran vigilados por la policía que dirige el comisionado Ramón Sabillón, quien coordina las extradiciones de delincuentes organizados con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, y se proclaman partidarios de las acciones penales de la CICIH siempre y cuando la directiva parlamentaria que legitimó el pueblo de Honduras en enero sea legalizada por los carteles de la droga sobrevivientes de los Hernández. Siempre y cuando ellos no sean investigados y acusados….”.
“….Toño Rivera y Tomás Zambrano son líderes de un auténtico Pacto de Impunidad para desviar fondos públicos, una conspiración financiera cometida contra el Presupuesto Nacional ejecutada en complicidad con la Imprenta Nacional en 2018 y documentada por la MACCIH. Estos dos legisladores cambiaron el texto de una reforma al Presupuesto Nacional, que después intentaron corregir con una fe de erratas, que el pueblo llamó Acción de Ratas…”.
“….Mientras estos fichados emisarios de la corrupción trabajan en Estados Unidos un proceso de rabietas para inducir desestabilización, el canciller Eduardo Reina les dijo desde Europa que en ninguna de las reuniones sostenidas con el secretario general de la ONU y sus equipos NUNCA el tema de la legalidad y legitimidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional ha sido punto de agenda ni de condición o duda…”, apunta el editorial del COFADEH.
Al respecto Carlos H. Reyes señaló que las acciones emprendidas por los diputados y diputadas nacionalistas en Estados Unidos, obedecen únicamente a un acto de desesperación.
Por su parte la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, sostuvo que las diligencias de los diputados nacionalistas en Estados Unidos obedecen a una intención perversa de manipulación del tema de los derechos humanos.
“Refleja una alta dosis de ignorancia sobre el tema de los derechos humanos, porque ellos saben o si no lo saben, que para que eso tenga algún eco, debe haber primero acciones iniciadas a lo interno, en la propia institucional de Honduras”, explicó.
Oliva dijo que estas personas no hubiesen tenido ningún inconveniente en denunciar ante el Ministerio Público o ante la Corte Suprema de Justicia, cuando se sabe que quienes controlan estas instituciones han estado al servicio de la dictadura que controló Juan Orlando Hernández, que aguarda juicio por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de New York.
Por otra parte tampoco colocaron denuncias ante organizaciones de derechos humanos en Honduras, con lo cual no es posible que la CIDH abra un expediente de investigación, “excepto que tuvieran cooptada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, refirió Bertha Oliva.
“Me parece que posiblemente estén asustados por lo que significa el decreto que encierra la amnistía. Eso me parece a mí que los tiene preocupados y de cara también a la instalación de la CICIH”, comentó.
Respecto al decreto de amnistía, Oliva señaló que hay suficiente asidero jurídico para proceder en contra de los perpetradores del golpe militar de estado de 2009, en contra de los que se instalaron ilegalmente en Casa Presidencial, de los que promovieron acciones ilegales en el Congreso Nacional y toda esa mafia que apoyó el golpe con graves consecuencias para los derechos humanos.
La Coordinadora del COFADEH explicó que ese reconocimiento de que en Honduras se perpetró un golpe de estado en 2009, está consignado en una serie de informes tanto nacionales como de instancias internacionales que revelan graves violaciones a los derechos humanos, persecución política y hasta asesinatos.
Entre tanto, Carlos H. Reyes enfatizó que en la primera parte del decreto 004-22 sobre la “Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan”, más conocido como Ley de Amnistía, señala que el 28 de junio de 2009, hubo un golpe de estado en Honduras, y que por tanto, los responsables deben ser sancionados.
“Y ellos saben que si no son sancionados ahorita, pueden ser sancionados en cualquier otro momento y están buscando a partir de ahí, cómo derrocan a este gobierno”, advirtió Reyes.
Lo que han hecho los golpistas es manipular a la opinión pública, satanizando los hechos y al decreto de amnistía que ha beneficiado a decenas de ciudadanos y ciudadanas que sufrieron persecución política, manifestó Bertha Oliva.
Finalmente Carlos H. Reyes comentó que aquellos que quieren hacer fracasar al gobierno de Xiomara Castro, implicaría 4 años perdidos, más 12 que pasaron, “y creo que los hondureños no merecemos eso, es una grosería lo que están haciendo. Desde la lógica de ellos les parecer correcto, pero lo que están haciendo es acabando de hundir a Honduras”.
