Tegucigalpa.
Por Riccy Ponce
En una larga audiencia inicial que duro 12 horas, el Juzgado de Competencia Territorial, que preside el juez Claudio Aguilar, decretó auto de prisión contra el activista social y popular Edwin Robelo Espinal, por los delitos de daño agravado, incendio agravado y portación de material de fabricación cacera y se le dictó sobreseimiento provisional por la ampliación al delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa.
El pasado 12 de enero la Alianza de Oposición contra la Dictadura realizó una protesta contra el fraude electoral en las cercanías de la Casa Presidencial, donde producto del desalojo violento hubo actos contra un hotel, donde le quebraron los vidrios y la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales del Ministerio Público lo acusa de participar en esos actos.
Karol Cárdenas, del área de acceso a la justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), quien lleva la defensa de Espinal, expresó que la resolución no es apegada a derecho en virtud de que el Ministerio Público no pudo acreditar ni el mínimo indicio racional de participación de su representado.
Asimismo dijo que el Ministerio Público quiso sorprender al Tribunal ampliando la acusación por el delito de asesinato, y que esa fue “una estrategia que utilizó el ente fiscal para que se marcara dentro del catalogo de delitos, el de asesinato para que conociera el Tribunal de Jurisdicción Nacional y tuviera competencia”.
Cárdenas también manifestó que apelará la decisión tomada en la audiencia inicial, en virtud que no está apegada a derecho, porque no se da ni los presupuestos, ni se acreditó el mínimo indicio racional de participación de su representado.
En la audiencia el Cofadeh propuso una fianza depositaria y solicitó ser el garante y cumplir con presentar un informe por el término que el juzgado así lo designare, pero la misma fue denegada.
Robelo Espinal fue enviado a la cárcel de máxima seguridad, conocida como La Tolva, ubicada en Morocelí, El Paraíso.
Para la coordinadora del COFADEH, Berta Oliva, esta resolución no sorprende en lo absoluto, porque no están siendo objetivos.
“En absoluto no nos sorprende la resolución, porque no hay objetividad, lo pudimos ver el sábado, se notó de inmediato la parcialidad, que no es ver que si es culpable o no, si no hacer el simulacro que se está implementando un proceso legal y la línea era responsabilizarlo, ponerlo preso”, sostuvo Oliva.
Asimismo indicó que se ve como el Estado está colocando toda su batería en contra de él, porque eso del hotel es un delito privado y que lo que procede es que ellos se apersonaran ante el Ministerio Público con sus abogados privados y no fuera el ente fiscalizador que lo acusara.
“Es vergonzoso que el Ministerio Público esté actuando en representación de una empresa en casos que quieren llevarnos y que lo miremos como un caso civil, pero para nosotros el caso de Edwin es un caso claramente político”, expresó Oliva.
La audiencia celebrada contra el activista social y popular se realizó dentro de “territorio militar”, ubicado en el Cuartel General Cabañas, lo que fue cuestionado por la coordinadora del Cofadeh.
“Como es posible que celebren las audiencias en una instancia militar como si fuera él militar y eso te da la medida que estamos en un país donde no se respeta el debido proceso”, enfatizó la defensora de los derechos humanos.
Asimismo añadió que a Edwin jamás se le hubiera celebrado la audiencia en esta zona militar, porque su familia se ha expuesto y que hará uso de todos las acciones enmarcadas dentro de lo que compete en el sistema universal de los derechos humanos, porque está muy clara que en el sistema interno todas las acciones legales “las podemos tener perdidas”.
La coordinadora del COFADEH expresó que recurrirán al sistema de protección de derechos humanos internacionalmente porque no les queda otra cosa, “pero sí creo que van a tener que responder el gobierno y el Estado de Honduras ante las instancias legales, porque se le ha violentado todo el debido proceso”.
Edwin fue detenido la noche del viernes por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en el bulevar Fuerzas Armadas, cerca de la empresa de trasportes Cristina, cuando se trasladaba en su motocicleta.
Cabe mencionar que desde el golpe de estado de 2009 busca justicia ya que su compañera de vida, Wendy Ávila, murió producto de las excesivas bombas lacrimógenas que los militares lanzaron contra los manifestantes que exigían el restablecimiento del orden constitucional.
