La historia registra que el 30 de agosto de 2002, producto de la insistencia del Comité de Familiares de detenidos-Desaparecidos en Honduras, el Congreso Nacional en nombre del Estado de Honduras aprobó el decreto 284, para honrar la memoria de más de 200 hombres y mujeres víctimas de la desaparición forzada entre 1980 y 1990.
La fecha fue reclamada siempre por los familiares de las víctimas, porque la decisión de los victimarios desde 1984 era imponer el olvido, desaparecer el tema, ocultar el problema, borrar el crimen. La palabra desaparecidos les produce mareos y basca.
Los primeros impulsores de la política malévola del olvido fueron los propios militares con Humberto Regalado Hernández, Discua Elvir, Hung Pacheco y otros integrantes de bandas criminales al interior de las fuerzas armadas leales a la doctrina gringa de seguridad nacional, de vocación fascista, anticomunista y racista.
En la lógica de apartar del debate público el problema de la desaparición forzada, es decir, el crimen de la desaparición forzada, aportaron también los expresidentes Rosuco, Callejas y Flores Facussé.
El despreciable liberal paceño que entregó los recursos militares al batallón de la muerte 3-16 para asesinar defensores sociales y actores del cambio político nacional, trató el tema de las personas desaparecidas con total irrespeto y con burla imperdonable.
Callejas aceptó la responsabilidad del Estado al entregar al doctor Leo Valladares la facultad de identificar los cementerios clandestinos y nombrar a la mayoría de autores materiales e intelectuales, pero rehusó la justicia y se sumó al discurso del olvido.
“No más noches oscuras de desaparecidos” dijo el ladrón de las manos de seda envejecido con grilletes en Estados Unidos por corrupto, y quien regresó muerto a Tegucigalpa en abril del año pasado sin haber pagado sus delitos como líder fundador de la APROH. La criminal asociación que reunió el dinero de los ricos hondureños para donarlo a los matones uniformados.
A Callejas le siguió Flores Facussé, el ex secretario privado del rosuquismo, quien propuso en su campaña electoral de 1997 una nueva agenda que no contenía nada específico, excepto la desconexión total con el pasado. El abandono absoluto de las responsabilidades con la política de ocupación militar del territorio hondureño por tropas criminales entrenadas por Estados Unidos. Co-responsables de la desaparición forzada.
En todos esos años fueron las madres, las viudas, las amistades de las personas desaparecidas, que demandaron respeto a la memoria de sus seres queridos, subrayando siempre que un país que niega su pasado está condenado a repetirlo.
En el discurso de las familias víctimas del crimen de la desaparición forzada ha estado siempre en primer plano la exigencia de información pública de vida o muerte: qué pasó, dónde torturaron, qué hicieron con los cuerpos de las víctimas, dónde están sus osamentas, quienes son los criminales finales y sus jefes, a quién juzgamos, cuándo el Estado va a reparar esos daños?
Todas esas han sido malas preguntas en un país cuyos liderazgos podridos han preferido negar, callar, rezar, matar, pero no responder. En vez de esclarecer las cosas han preferido soltar jaurías de perros feroces a atacar los sentimientos de las familias sobrevivientes. En esas jaurías han participado directores de medios, periodistas, predicadores religiosos y propaganderos profesionales al servicio de los criminales.
Pero las madres, las viudas, las juventudes huérfanas y la conciencia del mundo no se han detenido jamás. La presencia de sus héroes y heroínas en el discurso público no puede ser desaparecida. Los desaparecidos existen, quieran o no.
Porfirio Pepe Lobo, contra la voluntad de su partido cachureco, aceptó impulsar en 2002 el decreto que declara el Día Nacional de las personas detenidas-desaparecidas en Honduras. Este año la fecha será conmemorada el lunes 30 de agosto con la movilización del pueblo en las calles por la soberanía, la dignidad y los derechos humanos.
Han pasado 19 años desde la declaración de esta efeméride, y sin embargo el Estado de Honduras no abandona su práctica atroz. Después del golpe de Estado de 2009, los militares abusivos volvieron a vigilar, secuestrar, torturar y desaparecer personas. Muchas luchadoras sociales, opositores políticos, periodistas críticos y defensores sufrieron desaparición, por exigir respeto a la Constitución.
Los informes de las comisiones de verdad, de Amnistía Internacional y de las propias Naciones Unidas, tienen el registro de esas desapariciones ocurridas entre julio 2009 y julio 2012, y por las cuales el Estado es responsable.
Más recientemente, hace un año, en Triunfo de la Cruz, fueron desaparecidos 4 líderes comunitarios del pueblo garífuna de Tela, Atlántida. El Estado es responsable, ese es el señalamiento directo de la fraternidad negra de Honduras. Las víctimas eran activas en la lucha contra el robo de su territorio, un litoral codiciado por los malditos vendedores de la Patria.
Este 30 de agosto de 2021 es una fecha importante para recordar los hechos y exigir al partido liberal y al partido nacional, responsables de esta tragedia, que detengan esa práctica perversa, antipatriótica y terrorista. Sería demasiado pedir al electorado azul y rojo que niegue sus votos a estos canallas en noviembre próximo, para castigarlos.
Al menos esta noche podemos pedir reflexión a quienes no han vendido su alma al diablo, podemos pedir no olvidar y podemos invitar a acompañar la Convergencia anti Continuismo para expresar con ella el derecho a la libre expresión del pueblo en las calles.
Dignidad y soberanía, de noche y de día. Vivan por siempre los detenidos-desaparecidos. Vida, libertad y alegría, la lucha sigue con algarabía. La patria no se alquila ni se vende, se defiende.
Buenas noches
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 28 de agosto de 2021
