El orden lógico de operación de estas tres monstruos impuestas por el neo cariato no es lo más importante en este momento, porque nada es lógico en los últimos diez años en Honduras después del golpe de Estado de octubre 2009 y, particularmente, a partir de noviembre 2007. En este instante el orden que importa es arrancarles la careta, para impedir que destruyan nuestra casa común. Es evidente el reposicionamiento del régimen ilegal de Hernández en 2019, cuya apuesta es matar la moral colectiva, desarticular la organización social, someter la oposición política y destruir la vida de los liderazgos comunitarios, para reposicionar una nueva estructura de crimen organizado al servicio de las corporaciones internacionales, utilizando la vieja fórmula del dictador Tiburcio Carías Andino. Es claro, además, que ha sido en la víspera de los ataques de Trump contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, durante las caravanas migrantes represadas en México para fortificar el muro racista, cuando el impostor hondureño ha sido levantado del olvido para servir a esos propósitos perversos. Una vez resucitado el continuismo ilegal, apoyado por algunas complicidades lamentables por razones electorales, los actores extractivistas, represadores y monocultivadores afiliados a gremios urbanos — fachadas del crimen organizado –, han hecho repuntar la violencia selectiva, masiva y sistemática contra defensores y defensoras de la tierra, los territorios y los bienes naturales. Por tanto, el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, COFADEH, que viene de publicar un informe sobre la criminalización de la oposición social en todo el país, levanta su voz frente a los nuevos hechos violentos. La arremetida carcelaria, terrorista y de embuste penal contra las comunidades defensoras de la montaña Botaderos, de Tocoa, Colón, no tiene precedentes en la lucha ciudadana contra los herederos de Miguel Facussé Barjum, que desapareció sin rendirle cuentas al país por sus perversidades en el litoral atlántico de Honduras. No es Lenir Pérez con Adán Fúnez, ni Fredy Nasser con los Morales los únicos responsables de la destrucción ambiental, moral y política de Yoro, Atlántida, Colón y Gracias a Dios, es también el sistema de inversiones que los impulsa y los protege con jueces, fiscales, militares y sicarios. La privación abusiva de la libertad para la población ejemplar de Guapinol exhibe en general la prepotencia de los mineros aliados del crimen organizado, expertos en destruir el país para entregar las riquezas nacionales a Wall Street y a la corona inglesa, ayunas de reservas imperiales. El asesinato de Berta Cáceres hace tres años por DESA y sus bancos financiadores reúne las mismas características del crimen reciente contra Salomón y Juan Samael Matute, líderes indígenas tolupanes defensores del bosque de San Francisco Locomapa, en el departamento de Yoro. Igual que Berta, ellos tenían mandato de protección por la CIDH desde diciembre 2013. En todo el país, hace tres años la determinación de los inversionistas de maletín, representantes de empresas criminales avaladas por el régimen, fue de impedir cualquier victoria comunitaria en los territorios de minas, represas, eólicas o laboratorios clandestinos de drogas sintéticas; ellos convinieron en reuniones privadas que el modelo de muerte que demanda oro, hierro, drogas o petróleo, no puede permitir ninguna victoria real o simbólica de la gente de base. En consecuencia, denunciamos que esta guerra contra los colectivos que defienden los parques nacionales, las zonas forestales protegidas, los humedales y los territorios ancestrales – autóctonos y garífunas – es liderada por la Asociación de Mineros de Honduras, los bancos nacionales y regionales que les financian sus proyectos Red Plus, y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que les avala y provee soporte político, religioso, militar y mediático. Toda la tragedia es provocada en coordinación con las oficinas del régimen, que fortalece policías, ejércitos y cárceles, para imponer un modelo de muerte que entrega el país a las compañías británicas, estadounidenses, canadienses y europeas, precisamente las provenientes de los países que sostienen este horror de régimen ilegítimo e ilegal. Llamamos a la unidad comunitaria local, regional y nacional, para poder enfrentar esta determinación del crimen organizado, y a los partidos políticos pedimos que aún sean capaces de mirar el presente y el futuro sin poner por delante sus aspiraciones a cargos de cogobierno; les suplicamos que piensen. Necesitamos que reflexionen su estrategia de lucha, antes de quedar solos sin voluntades a su alcance. Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos le pedimos que asuma en serio su mandato y que evite absolutamente cualquier cohabitación inútil con el régimen perverso que mata, si no quiere verse confrontado por las víctimas. De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón! COFADEH Tegucigalpa, M.D.C., 28 de febrero de 2019
