Desobedeciendo orden judicial, INP traslada a defensores de Guapinol para cárcel de máxima tortura

Tegucigalpa, Honduras.-  El Instituto Nacional Penitenciario (INP), desobedeció la orden del Juzgado de Jurisdicción Nacional quién dictaminó el traslado de siete defensores de los bienes comunes de la naturaleza de Guapinol, al centro penal del Olanchito, departamento de Yoro, y los envió a la cárcel de máxima seguridad –tortura- “La Tolva”, Morocelí, departamento de El Paraíso.

El domingo 01 de septiembre, la jueza de competencia nacional Lisseth Vallecillo Banegas, giró información al director del centro penal de Olanchito, notificando que estarán bajo su guarda y custodia José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Arnold Javier Alemán (sobreseído del primer requerimiento 021-2019), pero los defensores recluidos en la penitenciaría nacional “Marco Aurelio Soto”, en Támara, Francisco Morazán, no fueron trasladados.

A la lista de imputados por los supuestos delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad en perjuicio de Santos Hernández Corea; y por incendio agravado en perjuicio de la Sociedad Mercantil Inversiones Los Pinares S.A. de C.V. suman Antonio Martínez Ramos (fallecido  el 4 de abril de 2015) y Jeremías Martínez (está en prisión preventiva por otro delito).

Esta tarde, el equipo de defensa legal de los defensores de los bienes comunes de la naturaleza, en representación de la Coalición Contra la Impunidad- Honduras, confirmaron que los siete integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), fueron trasladados a La Tolva, situada a 65 kilómetros al oriente de Tegucigalpa y, a más de 500 kilómetros de sus familias en el Bajo Aguán.

En audiencia inicial la jueza había decretado a petición de la defensa que fueran enviados al centro penal de Olanchito, ella envió la comunicación y, el martes la defensa se apersonó a Támara para verificar cuando  iban a ser trasladados. Ese día –supuestamente- estaban saliendo hacia la cárcel en el valle del Aguán, y para sorpresa de los abogados y defensores de Guapinol, hasta ese  día no habían llegado.

Y, hace unos minutos por comunicación de Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) nos han dicho que fueron enviados para el centro penal de Morocelí  “La Tolva”, por –órdenes- del Instituto Nacional Penitenciario (INP), confirmó el abogado Mario Rojas, integrante del equipo de defensa legal de los defensores encarcelados por defender el río Guapinol y río San Pedro.

Agregó que, por esta arbitrariedad se interpuso un recurso de Habeas Corpus, para saber el motivo por qué se desobedeció la orden judicial de la jueza Vallecillo, incurriendo en responsabilidades administrativas y penales.

-Cabe señalar que este desacato judicial también se dio en el caso de la criminalización del preso político Rommel Baldemar Herrera Portillo, quien el 31 de mayo anterior fue detenido por suponerlo responsable de quemar llantas en la entrada de la Embajada de los Estados Unidos de América –en Tegucigalpa- en el marco de protestas contra el régimen de Juan Honradez, y la defensa de la salud y educación.

El joven maestro de 23 años debía guardar prisión preventiva en Támara, y sin notificación alguna lo llevaron a La Tolva, por órdenes del INP, quien se amparó en la Ley que lo rige, declaró el sub director German McNiel.-

En total son 32 ambientalistas en defensa del Río Guapinol y Río San Pedro, en Tocoa, Colón, al norte del país, (incluso don Ramón Martínez, quien seguirá acusado hasta que se muestre el acta de defunción), víctimas de una persecución constante que genera molestia e incomodidad, pese que un grupo juzgado bajo el expediente 21-2019, fue sobreseído en una extensa audiencia inicial hace seis meses, por el juez Víctor Méndez.

A este segundo grupo, que también se presentó voluntariamente los dejaron en prisión, en una cárcel de máxima tortura y lejana de su comunidad y familia.

El Equipo de defensa, realiza acciones correspondientes a fin de determinar por que fueron trasladados los defendores de los bienes comunes de la naturaleza a «La Tolva» y no a Olanchito, mientras estén en prisión preventiva, al negárseles la oportunidad de demostrar su inocencia bajo medidas sustitutivas.

Defender el Río Guapinol, es oponerse a la extracción minera en el Parque Nacional «Carlos Escaleras» antes Montaña de Botaderos, que abastece de agua y oxigeno a las comunidades vecinas, quienes hace un año advirtieron que el agua les lestaba llegando del color «como chocolate», y por eso se organizó el Comité e instalaron por más de 90 días un campamento por la defensa del agua y la vida, hasta que los desalojaton brutalmente con cientos de policías y militares armados.

El Congreso Nacional mediante decreto 127-2012 creó el parque nacional  Montaña de Botaderos (bautizada por las comunidades como Montaña Carlos Escaleras). Este parque contiene una gran reserva productora de agua.

El decreto ordenaba al Instituto de Conservación Forestal (ICF) que se inscribiera el parque en el catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable, y no se hizo.

El 28 de diciembre de 2013, el Congreso Nacional  emitió un decreto modificando  las medidas internas del parque nacional, ampliando la zona de amortiguamiento y en consecuencia, reduciendo la zona núcleo.

La concesión otorgada a la empresa minera Emco Minning  Company, hoy Inversiones Los Pinares, estaría dentro de la zona núcleo abarcando unas 100 hectáreas.
Por otra parte, existen 18 proyectos mineros otorgados por INHGEOMIN en el departamento de Colón, de los cuales 6 están en el municipio de Tocoa que suman unas 350 hectáreas de territorio concesionado para explotación minera a cielo abierto en el Parque Nacional, que ponen en peligro el río Tocoa, afectando directamente a 14 comunidades del sector Abisinia y la ciudad de Tocoa.

De la Montaña Carlos Escaleras, que se ubica entre los departamentos de Colón y Olancho, nacen los ríos Mame. Guapinol, Monga, Cuaca, San Pedro, Taujica, Bonito, Izquierdo, Río Chiquito, Tinto o Negro, entre otros.

Posee una extensión de  96, 755 hectáreas, de las cuales 24, 223, constituyen la zona núcleo y 72,531 la zona de amortiguamiento.