Tegucigalpa.
Cuatro pobladores detenidos fue el resultado de un desalojo que se registraron la mañana de este jueves en el sector de Pajuiles, en el municipio de Tela en la zona atlántica del país.
En este sitio la empresa Hidroeléctrica Centrales El Progreso (HIDROCEP) pretende construir una represa, a la que se han opuesto los pobladores porque viene a destruir los recursos naturales, los que son utilizados por ellos para el sostenimiento de sus familias.
Desde el 22 de marzo pasado las comunidades se instalaron en asamblea permanente llamada “Campamento Digno por el Agua y por la Vida” y desde esa han sido víctimas intimidaciones, amenazas, agresiones, abuso de poder y violación de los deberes de los funcionarios, ya que agentes policiales y empleados de la fiscalía se han prestado para incrementar la violencia en la zona, ya sea por sus acciones y omisiones.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) denunció desde muy tempranas horas de este jueves que un comando de policías y militares procedieron a destruir el campamento y a desalojar a las personas que permanecían ahí, llevándose detenido a cuatro, entre ellos una mujer, quienes guardan prisión en la jefatura de Tela, donde a ninguno de ellos se les leyeron sus derechos.
En el desalojo, que fue calificado por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, arrogante, prepotencia y la servilidad que les caracteriza, participaron miembros de las tropas Tigres, Cobras y Preventivos.
Estos miembros policiales en ningún momento presentaron una orden de desalojo y sin entrar en diálogo procedieron a destruir el campamento que permanecía ahí desde finales de marzo pasado y se llevaron detenidos a cuatro personas, entre ellas a una mujer, y a Oscar Martínez, quien el pasado 4 de agosto fue víctima de una emboscada junto a Martín Fernández, coordinador general del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, sufriendo lesiones en el rostro, espalda y piernas, además de fractura del tabique nasal, que les obligó a buscar asistencia médica.
Los Policías y militares tras hacer las detenciones respectivas, constantemente preguntaban de forma directa por Óscar Martínez, quien una vez capturado, le manifestaron que estaba acusado de obstrucción del paso y que por eso había una orden de detención en su contra.
El operativo estuvo al mando del jefe de Policía de apellido Iglesias, quien en ocasiones anteriores ha protagonizado actos de hostigamiento en contra de las personas que permanecen en los campamentos.
Martín Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, señaló a defensoresenlinea.com que los detenidos lo han hecho de forma ilegal e informó que uno de ellos ha sido liberado, pero que desconoce el motivo porque ha sido puesto en libertad.
Desde que se desarrolló el desalojo en el lugar permanecen en la zona más de 15 efectivos policiales, pretendiendo intimidar a los y las habitantes que han reaccionado ante las detenciones ilegales y la destrucción del campamento en horas de la mañana de este jueves.
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia ha denunciado que el desalojo se ha desarrollado días después que los visitara la jefa del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, donde oficiales anduvieron «reconociendo y evaluando» los daños ocasionados por personas afines a la empresa en complicidad con la policía el pasado 4 de agosto.
Entre los acuerdo de esa visita se estableció que quedarían en el lugar seis policías permanentes para resguardar a las personas que estaban en el campamento, cosa que no cumplieron, porque ahora que han desalojado el campamento han dejado más de 80 efectivos para cuidar los bienes de la empresa Hidroeléctrica Centrales El Progreso (HIDROCEP), demostrando así su servilidad al dinero, ha sostenido en un comunicado en las redes sociales el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.
