El Comité de familiares de detenidos-desaparecidos en Honduras, Cofadeh, viene a la plaza este primer viernes de junio con su demanda de siempre: verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición.
Todos esos principios de justicia transicional están contenidos en la iniciativa de ley integral de reparación a las víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional impuesta a Honduras por Estados Unidos entre 1980 y 1993.
El pleno del Congreso Nacional conoce esta propuesta de ley y trabaja actualmente en su dictaminación, esperando que efectivamente antes del 30 de agosto de 2024 la comunidad internacional y local, que ha sufrido la desaparición forzada como Política de Estado, reciba la noticia de la rectificación histórica de Honduras 44 años después.
En esta ocasión, además, venimos a respaldar la demanda de la familia Cáceres y el Copinh frente a la Corte Suprema de Justicia – sin esperar la cruel eternidad – para que ratifique la sentencia condenatoria a los militares Bustillo, Castillo y sus subordinados de DESA causantes materiales del crimen de Berta Cáceres.
Asimismo, que consecuentemente, persiga entre todos los Atala a los Atala que corresponda la autoría intelectual de este crimen de odio contra el feminismo, el indigenismo, el antirracismo y contra la defensa legítima de los bienes comunes de la Madre Naturaleza por sus habitantes originarios.
Respaldamos los esfuerzos interinstitucionales del gobierno de la República para recuperar todas las zonas núcleos de los parques nacionales, las reservas tropicales, las biosferas y humedales, pero también las pequeñas cuencas donde nacen los abrevaderos comunitarios en todo el país.
En nuestra vida institucional, son innumerables los casos atendidos de defensores de bosques y montañas, de ríos, playas y riachuelos, de pequeños pozos comunitarios y de grandes reservas naturales, víctimas de los ataques de un modelo voraz e insaciable.
El modelo del crimen organizado – que intercambió con los bancos el lavado de dinero ensangrentado del tráfico de drogas y la corrupción por el manejo absoluto de las finanzas públicas en fideicomisos – es responsable de la destrucción de los bienes naturales de Honduras. Y responsable de asesinar vidas humanas que asumieron la defensa territorial.
Carlos Flores, Carlos Escaleras, Carlos Luna, Jannette Kawas, Berta Cáceres… y todas las mujeres y hombres – indígenas, garífunas, campesinos y ladinos — que ofrendaron sus vidas contra el concesionamiento minero en los santuarios del agua dulce en cordilleras y montañas; los contratos de explotación ganadera y cocaleros en los núcleos de Olancho y la Mosquitia, o la destrucción de los humedales del mar.
No es el cambio climático el responsable del progresivo desequilibrio del clima en Honduras, sino este modelo criminal que ha devorado más de dos millones de hectáreas de bosques para sembrar vacas y coca, incluida la reserva del río plátano, y que ha provocado la mayoría de los 3 mil incendios inducidos a nivel nacional que destruyeron 229 mil hectáreas de cubierta forestal este año.
Como lo hicieron los fascistas bolsonaristas en la Amazonía brasileña, en Honduras gran parte de los incendios son una conspiración política para expulsar a las comunidades residentes en los territorios y ocuparlos con inversiones inmobiliarias, agroindustriales y cocaineras, al tiempo de acusar por negligencia al gobierno nacional.
La dictadura del crimen organizado – que sigue acechando a Honduras a través de sus candidatos bolsonaristas, buckelistas y Mileistas — entregó en 2013 a un solo banco las 14 más preciosas subcuencas productoras de agua en el país, y como piñata entregó a otros bancos las costas, las montañas, las cordilleras: 47 concesiones, que han sido rescatadas legalmente por el gobierno actual.
Todo nuestro respaldo a la presidenta Xiomara Castro para destruir las llamadas “inversiones generadoras de empleo” de esta falsa empresa privada que atravesó los límites originales del parque “Carlos Escaleras”, “La Muralla”, “El Merendón”, y muchos otros en tropel de bestias desbocadas.
Por justicia a la comunidad de Guapinol, por reconocimiento al Pico Bonito, a todo el extenso santuario Miskito, Tawaka, Pech, Tolupan, garífuna y a todos los pueblos que defienden sus bienes naturales con la vida, exhortamos a los militares y policías destruir sin cálculo ni privilegios las carreteras narcas, las bodegas de ganaderos coqueros y mineros destructores, y que los jueces nacionales los arrimen a las cárceles.
Las comunidades que, en 2024, pese al desorden predial generado por el IP, la SERNA y el IFC de la dictadura, defendieron 3.7 millones de hectáreas susceptibles de ser incendiadas, merecen el calificativo de heroínas.
En honor a líderes ambientales caídos en La Muralla, en la montaña Carlos Escaleras, los mártires de Agalta, El Merendón y La Tigra, nuestro plantón de hoy va dedicado.
Que los militares sin remilgo acaten el mandato presidencial de defender la Madre Tierra y que el pueblo, a nivel local y regional, asuma con todas sus herramientas la defensa férrea del territorio y los bienes comunes. Ya no hay tiempo.
Nunca más espacios de avaricia para el neoliberalismo insaciable, y que los conspiradores sean identificados y sancionados. Si pertenecen a los movimientos admiradores del estúpido Milei, del golpista Bolsonaro o del coyote jefe de Nueva York, con más razón deben ser castigados.
La vida vegetal, animal y humana no puede estar debajo del fin supremo del capital. !Desalojen, destruyan narco carreteras, persigan a los responsables como narcos a nivel nacional, rehagan el código penal aumentando las penas para que no salgan bajo fianza y que Honduras aprenda que el daño ambiental es un crimen mayor!.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
Cofadeh
Tegucigalpa, M.D.C., 7 de junio de 2024
