Washington D. C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó el jueves el reclamo de 23 organizaciones, para que se presione en favor de marcos regulatorios sobre el uso de armas menos letales por parte de las fuerzas policiales para reprimir protestas.
Las organizaciones, principalmente de Latinoamérica, pero también de Estados Unidos y el Reino Unido, instaron a la CIDH a exigir medidas de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de esas armas- como las balas de goma y los gases de lacrimógeno-, que están diseñadas para causar “daño y sufrimiento” a las personas.
Las peticiones incluyeron solicitar que se elabore un informe, en consulta con los estados y organizaciones académicas y de la sociedad civil, “que caracterice la problemática del uso de armas menos letales en contexto de protesta en las Américas teniendo en cuenta los impactos diferenciales que tiene sobre las poblaciones históricamente discriminadas” y los vacíos que existen en términos de las normas internacionales sobre derechos humanos.
En América, varios países experimentaron en estos años manifestaciones masivas y estallidos sociales producto de conflictos profundos y de larga data, agravados en algunos casos por los efectos de la pandemia de Covid-19. Los hechos más graves se registraron en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina entre 2019 y 2023.
En estos y otros casos se han empleado distintos tipos de armamento “menos letal” como respuesta primaria de las fuerzas de seguridad para disolver manifestaciones. Este uso de la fuerza, que socava el derecho a la protesta, es además contraproducente para el desescalamiento de los conflictos.
El argumento principal para justificar la extensión del uso de estas armas radica en que proporcionan a los efectivos de la fuerza pública alternativas al uso de armas de fuego. Si bien esto es verdad, estas armas vienen siendo utilizadas de manera indiscriminada y desproporcionada, sin protocolos ni normativa específica, lo que las transforma en altamente lesivas e incluso letales.
«El uso indebido de armas menos letales en contextos de protesta muestra que la intención no es proteger a los manifestantes, sino causarles dolor con el objetivo disciplinador de que se desmovilicen», manifestó Paula Litvachky, directora del CELS, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Remarcó que «Existe una falta de regulación en la producción, el comercio y el uso de este armamento, en especial en contextos de protestas. Aún así, los dispositivos siguen siendo utilizados bajo una falta total de transparencia. Esto nos preocupa».
Por otra parte, existen en toda la región grandes dificultades para acceder a la justicia por parte de las víctimas del uso de la fuerza policial, la falta de atención integral y reparación a quienes sufrieron las consecuencias de estas armas, y la casi nula promoción de regulaciones y mecanismos de control.
Las consecuencias de su uso irregular pueden observarse en diversos países. En el caso de Argentina, el ejemplo más reciente de estas prácticas se evidenció durante las protestas en 2023 por la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, en las que el joven Mijael Lamas perdió la vista por recibir un disparo de bala de goma durante la represión y al menos otras dos personas recibieron heridas en los ojos.
Luciana Pol, de Amnistía Internacional, abogó por que se cree una relatoría especial sobre seguridad y derechos humanos con un mandato para monitorear la actuación de las fuerzas de seguridad, “en particular el uso de la fuerza en contextos de protesta”.
“Durante los últimos cinco años hemos presenciado un aumento del uso de armas menos letales por parte de los Estados para hacer frente a las protestas sociales bajo el argumento de que iban a humanizar la labor del control del orden público. Por el contrario, hemos sido testigos de una brutalización de la respuesta estatal contra las protestas con episodios de violaciones a los derechos humanos en nuestra región”, declaró Javier Velázquez Valenzuela, del Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad de la Frontera.
En su testimonio ante la CIDH, la representante del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) de Colombia, María Alejandra Escobar, destacó la ausencia de servicios de salud inmediatos para atender a las víctimas de abusos policiales cometidos con armas menos letales.
Para acentuar las denuncias sobre la impunidad de autoridades que hacen uso excesivo de la fuerza, los testimonios incluyeron el de Alicia Ruth Tapuy Santi, viuda de Byron Guatatuca, líder de la comunidad Kichwa de la zona de Puyo, en Ecuador, que murió luego de un impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza durante el paro nacional de junio de 2022.
Un año y cinco meses después del suceso, no hay resultados.
Ningún representante de los gobiernos aludidos estuvo presente.
