El miércoles 12 de junio el Senado sesionó para discutir el proyecto de Ley Bases impulsado por el gobierno de Milei. Afuera, en las calles, miles de personas se manifestaban en oposición a esta iniciativa que implica graves retrocesos en materia de derechos.
El gobierno reprimió la protesta y detuvo a 33 manifestantes. A través de la cuenta de twitter de la oficina del presidente calificó la manifestación como un intento de golpe de Estado y de terroristas a las personas detenidas. El fiscal federal Carlos Stornelli, siguiendo las acusaciones del gobierno, las imputó por delitos graves contra la seguridad pública, contra el orden público, atentado a la autoridad, lesiones, incendio, estrago, instigación, organizar grupos para imponer sus ideas o combatir ideas ajenas por la fuerza o el temor, perturbación del orden mientras sesiona el cuerpo legislativo.
Las fuerzas de seguridad federales y la Policía de la Ciudad desplegaron un enorme operativo y aplicaron el protocolo anti protesta para impedir la manifestación. Utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma, bombas de estruendo y camiones hidrantes. Hubo imágenes de integrantes de la Prefectura Naval portando armas de fuego. Al menos dos personas se desmayaron por los efectos del gas y un grupo de diputados de la oposición fueron hospitalizados. Además, entre los heridos se registraron trabajadores de prensa.
El gobierno se amparó en incidentes ocurridos durante la manifestación para justificar detenciones arbitrarias y utilizar la calificación de “terrorismo”. Entre los detenidos hay vendedores ambulantes o personas que pasaban por las cercanías del Congreso. La acusación del fiscal Stornelli no vinculó a las personas detenidas con hechos concretos. Algunos fueron trasladados a las cárceles federales de Marcos Paz y Ezeiza.
Las calificaciones de Stornelli están en sintonía con los planteos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había pedido que se investigue a las personas detenidas por actos terroristas y por una “nueva modalidad de golpe de Estado”. Además, responsabilizó en forma indeterminada a las organizaciones que intervinieron en la protesta por los costos económicos del operativo, la afectación a la salud provocada al personal de las fuerzas de seguridad y los daños a los bienes materiales.
A última hora del viernes, la juez federal María Servini dispuso la liberación de 17 personas pero dejó en las cárceles federales a las 16 restantes sin dar explicaciones concretas de por qué podrían fugarse o entorpecer la investigación. Se limitó a reproducir las graves e infundadas acusaciones del fiscal que a su vez reproducen la posición del gobierno. En lugar de ejercer control judicial sobre el caso, convalidó la arbitrariedad.
El objetivo político del gobierno es infundir miedo a cualquiera que se movilice para protestar. En este contexto de restricciones muy graves al derecho a la protesta, a la libertad personal y a las garantías judiciales hicimos una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los relatores especiales de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, al de libertad de opinión y expresión y a la relatoría especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos para que soliciten a las autoridades nacionales adoptar las medidas necesarias para garantizar la libertad de las personas detenidas.
Luego de nuestra presentación, la CIDH convocó al Estado argentino a una audiencia el próximo 11 de julio para que dé explicaciones sobre la situación de la protesta social y la libertad de expresión en los últimos seis meses.
Además de las presentaciones internacionales, en la causa federal solicitamos a la jueza Servini de Cubría que controle las detenciones y también dicte la libertad de todas las personas encarceladas.
