Nacaome, Valle.- Miembros de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur de Honduras (REDEHSUR), denunciaron abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos, de parte de la policía preventiva y de autoridades municipales que está destacada en la zona sur del país.
La denuncia fue formulada durante el desarrollo del Taller “Derechos Humanos e Inducción al Proceso Penal”, que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), impartió en un hotel del municipio de Nacaome, Valle, en el marco de ejecución del proyecto “Formación e Información en Derechos Humanos para la Zona Sur y Centro de Honduras”.
Al encuentro llegaron personas provenientes de la Península de Zacate Grande, de Moropocay, de Langue, de Nacaome, de Alubarén y Pespire.
Los asistentes al encuentro formativo refirieron que sus conciudadanos han sido objetos de vejaciones, abuso de autoridad, intimidación, amenazas, acoso sexual y malos tratos por elementos de la policía preventiva asignados en sus comunidades.
Uno de los participantes señaló que, en el municipio de Pespire, departamento de Choluteca, empresarios que pretende explorar y explotar una concesión minera en ese municipio, en conjunto con funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) y del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), han levantado firmas bajo engaños en favor de esta actividad minera.
“Han llegado a las comunidades a decirles a la gente que andan sacando listados para la entrega de las Bolsas Solidarias; las personas se apuntan, pero es mentira que les van a entregar las Bolsas Solidarias, esos listados están siendo utilizados como que la gente está a favor de la minería”, expuso el denunciante.
También denunció que estas personas que andan engañando a la población también le han falsificado la firma al Alcalde Municipal en una acta de un Cabildo Abierto, donde las comunidades habían dejado claro su oposición a la instalación de empresas mineras en esa zona del país.
“El apoderado legal de la Alcaldía ya interpuso la denuncia en el Ministerio Público y solo estamos a la espera para que especialistas digan si es auténtica o falsa la firma”.
Las zonas que cuentan con concesiones mineras en este municipio están el cerro Majastro, Zapote, la aldea San Antonio de Padua y San Juan Bosco.
Mientras que vecinos de la Península de Zacate Grande denunciaron que policía está aplicando toque de queda en esa zona del país.
“A los jóvenes se les prohíbe salir después de las 6:00 de la tarde , al que encuentren pasadas esa hora se lo llevan detenido y además no nos permiten que como jóvenes nos reunamos en grupo en alguna casa o fuera de la misma, porque ya somos amenazados en ser llevados detenidos”, expresó una joven de 16 años, quien en varias ocasiones ha sido amenazada por la policía en ser detenida por solamente reclamar sus derechos que están instituidos en la Constitución de la República.
Los adultos después de las 9:00 mañana tampoco pueden salir de sus viviendas porque también son amenazados por los policías en ser detenidos.
Los denunciantes expusieron que los policías se habían llevado detenidos a tres menores de edad por infringir el toque de queda que hay en el sector y que los uniformados se negaban en entregar a los menores a sus padres de familia, luego que estos con partida de nacimiento comprobaban que eran sus vástagos.
Asimismo los denunciantes expusieron que el toque de queda era aplicado luego que la Alcaldía de Amapala emitiera una ordenanza Municipal, ya que un Cabildo Abierto se había acordado poner esta restricción de circulación a los habitantes de Zacate Grande.
Desde hace varios años los pobladores de Zacate Grande vienen luchando por la recuperación de sus territorios, el que ha sido invadido por terratenientes y empresarios poderosos del país.
El Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ha anunciado que en Amapala se instalará la primera Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE), la que será explorada por la agencia de cooperación de Corea del Sur (Koica).
Varios expertos han calificado este proyecto como una violación a la soberanía del país, que “entregaría los puertos” y permitiría que estas ciudades modelos incluyan zonas fronterizas, entre otras cosas, han compartido los y las defensoras.
Durante el desarrollo del Taller “Derechos Humanos e Inducción al Proceso Penal”, se denunció al Alcalde del municipio de Langue, departamento de Valle, quien despidió a la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, porque está no le correspondió a sus insinuaciones amorosas y sexuales.
El caso ya fue llevado a la Fiscalía del Ministerio Público por la persona afectada, pero el mismo está estancado porque fuerzas políticas se han movido para que la denuncia que se interpuso, no se le dé el curso correspondiente.
