Tegucigalpa, Honduras.- Familiares de la lideresa Indígena Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016, denunciaron este jueves 20 de agosto, que el cambio de jueza que llevaba la Causa por dicho crimen, dilata la búsqueda de justicia y agudiza cuatro años de impunidad.
Mediante redes sociales, hijas e hijo de Berta Cáceres junto al equipo legal y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), hicieron de conocimiento público las recientes noticias del cambio de la jueza en el proceso contra David Castillo, señalado como uno de los autores intelectuales, desde su puesto en la empresa Desarrollo Energético S.A.(DESA), con operación en el río Gualcarque.
El comunicado que fue leído en parte por las hijas e hijo de la defensora, Berta, Salvador y Laura Zúniga Cáceres, expresa que la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de remover la jueza Lisseth Rosario Vallecillo Banegas es un hecho que despierta fuertes preocupaciones sobre las intenciones que continué la impunidad para los autores intelectuales del crimen, la familia Atala Zablah.
Las actuaciones de la jueza Vallecillo han acompañado y facilitado las prácticas dilatorias de la defensa de David Castillo. Prueba de esto, han transcurrido cerca de 1 año 4 meses y no se ha concluido la audiencia preliminar, y más aún, estamos a pocos días del vencimiento de la prisión preventiva de dos años y medio, sin que se haya desarrollado el respectivo juicio oral y público, compartió el abogado Víctor Fernández, del equipo legal de la causa Berta Cáceres.
El documento agrega que, el proceso judicial ha sufrido un retraso injustificado, responsabilidad del poder judicial.
Y que “Todo el retraso promovido de mala fe por la defensa de David Castillo, los abogados Sánchez Cantillano y Ritza Antunes, ha creado las condiciones de manipulación en búsqueda de la impunidad en este proceso y en lo referente a la investigación a Daniel Atala Midence, José Atala Zablah, Jacobo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah”.
En el proceso judicial e investigativo se encuentra toda la evidencia; chats (conversaciones en mensajería en línea), llamadas, mensajes de texto, fotografías, ubicaciones GPS (Sistema de Posicionamiento Global), escuchas telefónicas, entre otros, que demuestran claramente la responsabilidad de David Castillo en la coordinación con los sicarios que asesinaron a Berta Cáceres, y quienes tomaron la decisión en la familia Atala Zablah. La prueba es clara, contundente y concluyente, relata el comunicado.
La defensa de David Castillo, busca obstaculizar la realización del juicio oral y público, y así evitar que esta información salga a la luz pública, denunció la familia de la que fue cofundadora y coordinadora del COPINH, hasta el día de su asesinato.
Según el comunicado, el cambio de juez rompe el principio de inmediación del proceso judicial. Lo que somete al proceso a formas de manipulación y argucias procesales.
Por lo que, en términos probatorios, todo aquello que señala la vinculación criminal está siendo sujeto a manipulaciones por parte de la defensa que levantan una absoluta preocupación en cuanto al proceso y a la continuidad de la impunidad.
Afirma que “La ausencia de justicia a estas alturas, en este caso y la incertidumbre que genera implican indiscutiblemente la vulneración de los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia integral, pronta y expedita”.
Acompañadas de la fuerza y dignidad de nuestra Berta y de muchas y muchos que han dado su vida por este país, reiteramos una vez más nuestro compromiso con la justicia para nuestra compañera y para el pueblo hondureño. Hoy más que nunca necesitamos juicio y castigo para los asesinos de nuestra Berta, cómplices y parte de los que hoy se enriquecen robándole la salud y la vida a este pueblo, abogaron los y las conferencistas.
¡Con la fuerza ancestral de Berta, ¡Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
También se anunció que, en este marco de acciones, este viernes se hará un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia, a las 10 de la mañana para exigir justicia, mientras se desarrolle la Audiencia Preliminar en el proceso contra Castillo, y saber si avanza el proceso para el juicio oral y públicos.
El abogado Fernández, afirmó que las condiciones de este juicio son inciertas, porque hace dos días solicitaron para que sea pública y se permita la observación general de la audiencia, la participación de la víctimas en la audiencia y que sea de manera virtual, tomado en cuenta la situación se emergencia sanitaria especialmente en Tegucigalpa y que donde se llevará a cabo la audiencia es un foco de contagio por Covid-19.
Se sabe que las audiencias están suspendidas, pero en esta Causa se ha convocado sin saber bajo qué condiciones, por lo que el ambiente es adverso, además que remueven la jueza que estaba a cargo, y que no se conoce quien la sustituirá, por lo que no se ha resuelto las peticiones del equipo legal que representa a Berta Cáceres y su familia.
Papel del Ministerio Público
En cuanto al papel del Ministerio Público, en esta Causa es que no ha reconocido a las hijas e hijo de Berta, como víctimas, negándoseles la oportunidad de ser escuchadas pese a su disponibilidad de brindar información, se porta de manera hostil, declaró Laura Zúniga Cáceres.
El Ministerio Público que debe actuar como acusador, en esta situación es contraria, donde no parece el representante en el que las víctimas confían. Luce más cercano a otros actores que a las víctimas, siendo su mandato representar a las víctimas.
En la conferencia también acompañaron los abogados internacionales Joseph Berra, de Estados Unidos; y Reinaldo Villalba, de Colombia, y vicepresidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
Berra y Villalba conforman la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, y en febrero de este año hicieron una serie de recomendaciones al Estado de Honduras, para que se haga justicia en favor de la lideresa indígena que defendió los bienes comunes de la naturaleza. Y continúan denunciando la existencia de una impunidad estructurada que impide castigo a los culpable.
Honduras está entre los países que registra más asesinatos de defensores del ambiente junto a Brasil, Filipinas y Colombia, por lo que en estos crímenes se relacionan las concesiones sin control, desinterés político para proteger los bienes naturales y por ello los pueblos indígenas (especialmente) se ven obligados a defenderse desde sus medios.
