Taulabé, Honduras.- Con un proceso legal desde hace siete años, los defensores del bosque en Taulabé, Comayagua, han vivido esclavizados bajo medidas sustitutivas a la prisión, en espera que pronto sean liberados completamente.
Todo inició en 2014, cuando los dirigentes campesinos José Dolores Aguilar (53) y Enrique Rivera (68), se opusieron a la ilegal tala del bosque que pretendían hacer otros vecinos de la comunidad en Los Llanos, em Taulabé, al norte del país.
Ellos son miembros de la Empresa Asociativa Campesina “12 de febrero” que se presentaron en abril al juicio Oral y Público, pero el Fiscal del Ministerio Público, Maximiliano Rubí, tenía otra audiencia, y se reprogramó para este 26 de agosto.
Mientras tanto, cada semana llegan al Juzgado de Siguatepeque para cumplir con la medida sustitutiva a la prisión de firmar el libro de registro de imputados. A esta cita únicamente faltaron durante los meses del confinamiento por la pandemia del Coronavirus durante el 2020, ya que deben movilizarse en transporte interurbano, lo que, además genera gasto económico y pérdida de tiempo para realizar su jornada laboral.
Al inicio del proceso en el 2014, también fue criminalizado Rogelio Vásquez, quien no soportó la persecución y se fue a otro pueblo donde falleció. Él era representado por la defensa pública, quien no sabía lo que había sucedido con el campesino.
Los campesinos José Dolores y Enrique, recuerdan que en el 2015 fueron privados de libertad por seis meses, logrando medidas sustitutivas a la prisión siendo el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), desde entonces su garante, por lo que la abogada Karol Cárdenas presenta un informe mensual, como parte de las medidas sustitutivas a la prisión.
Ellos están acusados por el supuesto delito de descombro agravado, sin embargo, cuidan el bosque porque de ahí proviene el agua que utilizan en la comunidad para uso casero y cultivos.
El 21 de marzo de 2014, los representantes del entonces patronato acusaron a José Dolores Aguilar, Enrique Rivera y Rogelio Vásquez (fallecido), de talar los árboles, cuando en realidad eran ellos (patronato) que operaban la tala y venta de madera sin el consentimiento de la mayoría, violentando el derecho a la consulta libre, previa e informada.
Pronto serán expuestos ante el Tribunal, acusados de “explotación ilegal de los recursos naturales” en perjuicio del Estado de Honduras, justamente el país más peligroso del planeta para los defensores del ambiente, según organismos internacionales.
Más de 150 personas han sido ejecutadas en circunstancias relacionadas a la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, y suma unas siete mil víctimas criminalizadas por la defensa de tierra y el territorio, como es el caso de José Dolores Aguilar y Enrique Rivera.
Esta criminalización se dio en medio de una crisis ambiental causada por la plaga del gorgojo del pino que afectó el bosque hondureño. Actualmente el 45% del ecosistema de bosque de pino peligra ante el gorgojo descortezador, según el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la causa es por falta de lluvia necesaria para la producción de resina, protección natural de los árboles, además de la falta de aves como controladores biológicos como el pájaro carpintero.
