Por: Sandra Rodríguez
El próximo miércoles 24 de mayo, los defensores de la educación pública, laica y gratuita, Sergio Ulloa, Moisés Cáceres y Cesario Padilla, deberán comparecer ante el Tribunal de Justicia, acusados desde el año 2015 por el delito de usurpación en perjuicio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que rectora Julieta Castellanos.
Los universitarios deben cumplir con las medidas sustitutivas a la prisión de ir a firmar el libro de registro de imputado en los Tribunales de Justicia y no salir del país.
Para llegar al punto de la criminación hay que remontarse al año 2011, cuando un grupo de líderes estudiantiles iniciaron con la idea de organizar las asociaciones de carreras, y el proyecto creció en los siguientes años, que se propagó a los centros universitarios regionales a nivel nacional.
De la liberación a la criminalización
Para ese tiempo, Moisés Cáceres quien estudiaba en la UNAH-Valle de Sula, era uno de los que conocía el proyecto, por lo que se trasladó a la Ciudad Universitaria (UNAH-CU), en Tegucigalpa, para apoyar la creación de las asociaciones. Asimismo, visitó los centros regionales de Santa Rosa de Copán, Olancho, La Ceiba, Comayagua, Bajo Aguan y Juticalpa. Para enero del 2016 ya tenían el 90 por ciento de asociaciones organizadas.
Por lo que, cuando lo criminalizan como usurpador en las manifestaciones estudiantiles contra las reformas universitarias entre 2014 y 2015, era algo ilógico, porque yo no estaba en un sólo lugar, sino en constante movilización llevando y trayendo información de lo que sucedía en las asociaciones a nivel nacional, mencionó Moisés, mientras tomaba café, en el centro de Tegucigalpa.
Las ideas de cambio ya habían tomado fuerza, los y las estudiantes estaban juntos, hacían un trabajo para mejorar las instalaciones físicas de la UNAH, dotar de equipo y material didáctico, pero las autoridades no lograron ver el bien que hacíamos, lamentó.
Sin embargo, la criminalización no detuvo la fuerza de la juventud universitaria, que ya para el 2014 se anunciaron 16 procesos de expulsiones de líderes y lideresas de la comunidad estudiantil entre ellos Sergio Ulloa y Cesario Padilla, con sanción entre uno y tres periodos académicos.
En medio de la criminalización, Moisés estaba en periodo de práctica profesional en el departamento de Vinculación Universitaria de la UNAH, pero la rectora Julieta Castellanos “me corrió, dijo que personas como yo hacían daño a la organización”; ni siquiera ha podido obtener un empleo, el impacto no sólo es en lo emocional, sino que en lo económico, y ahora que recientemente se convirtió en papá.
En lo que no ha visto inconveniente es que puede seguir compartiendo con los y las estudiantes y en los escenarios sociales posibles la lucha por la educación pública, gratuita y laica, “pero de forma documentada, con argumentos, sistematizada, desde el año 2006”, afirmó.
Por lo que, se podría considerar a Moisés, como uno de los pocos alumnos que tuvo acceso a información de manera directa con los y las estudiantes a nivel nacional, y que eso se lo reconozcan es algo que lo llena de orgullo porque es un trabajo colectivo, puntualizó.
Previo al juicio oral y público en que será el acusado, el sociólogo, espera que se respete el acuerdo de homologación firmado por las autoridades universitarias y la comunidad estudiantil el 20 de julio pasado, después de dos meses de protestas sociales y 75 nuevos requerimientos fiscales contra universitarios en varios grupos, y fue en el primero que se libró orden de captura contra Cáceres, Ulloa y Padilla, nuevamente por el delito de usurpación, pese a que los tres ya eran egresados y no formaban parte de las manifestaciones. Esto los obligó a aislarse totalmente de sus familias, hasta que se anunció la suspensión del requerimiento de encarcelamiento.
Nadie debería ser señalado por expresar su inconformidad
Actualmente, Sergio Ulloa está por culminar su año de práctica profesional, estudia Trabajo Social, y debió mudarse al departamento de Santa Bárbara, occidente de Honduras. En varias ocasiones ha sido atacado por elementos policiales y señalado por su activismo en los movimientos estudiantiles.
Considera que la situación del 2015 y 2016 no se puede reducir solo a eso, porque es parte de un acumulado que se había venido teniendo en la Universidad desde 2014 con las expulsiones, y aunque estaba consciente de lo que implica en este país luchar por la defensa de los derechos humanos, no se ha amedrantado.
Para Sergio, la criminalización ha tenido un impacto negativo en el ámbito familiar, sobretodo “con mi papá que ha sido el que me ha apoyando económicamente en mis estudios, de por sí ya hay diferencias ideológicas con él y todo lo que ha pasado, agudizó esa relación no tan armónica, pero hemos mejorado esa relación”.
En los momentos de persecución hubo mucho conflicto, porque no había aceptación, respeto y comprensión hacia él, por lo que el mayor daño es el plano emocional y psicológico. La persecución genera tensión, incertidumbre, es pensar ¿qué va a pasar con éso? “emocionalmente estamos jodidos y hay un impacto en nuestra vida, las personas con las que nos relacionamos y los espacios en que nos desenvolvemos”, agregó el universitario.
El problema de la persecución, en su carrera es que las autoridades de turno,-coordinadora y jefa de departamentos- seguían los lineamientos institucionales. Por lo demás no tuvo repercusiones en seguir con su plan de clases, afirmó a través de una comunicación con defensoresenlinea.com, vía redes sociales.
En cuanto al juicio que debe enfrentar pasado mañana, declaró que “No hay justicia, hay que mencionar que los acuerdos que se firmaron el año pasado no abarca el proceso judicial del 2015, porque vamos a juicio donde se pide una condena de tres a seis años, no tenemos garantía de salir bien librados”.
Considera que en el plano universitario, estamos en una universidad donde debería prevalecer la diversidad de pensamiento, diferentes concepciones de nuestra realidad y maneras de ver el mundo; eso es lo que debería ser en un espacio como la Academia.
Pero vivimos en un sistema social capitalista con un modelo económico neoliberal, donde la UNAH sirve a los intereses de los grupos económicos nacionales e internacionales para mantener su “estatus quo”, mantener sus privilegios y sacarle el mayor provecho, económicamente hablando a la institución como tal.
Entonces, la Universidad pierde su sentido de ser, su naturaleza, ya no hay diversidad de pensamiento y estamos en una institución donde se intenta poner una forma de pensar única, y en caso de ser cuestionada o evidenciada, es señalada, criticada, estigmatizada y criminalizada, declaró Sergio.
Es lo que ha pasado en las diferentes reformas que se han venido dando a lo interno de la UNAH y que se han querido imponer; y esas reformas educativas a nivel superior no han sido de beneficios estudiantiles, docentes y en general contra los intereses del pueblo, entonces surge una voz disidente que dice: “no quiero aceptar ese pensamiento único que va en contra de los intereses del pueblo”, continuo el trabajador social, entonces la Universidad como tal y quienes la dirigen, hacen uso de otras instituciones estatales que también están sirviendo a grupos de poder económicos, para poder contrarrestar, intimidar, perseguir, criminalizar a esos estudiantes que no están de acuerdo con la imposición y el autoritarismo.
Con esta actitud, según Sergio, es el origen de la violación a los derechos inherentes de educación, libertad de expresión, libre emisión del pensamiento, a la protesta, a la organización, privacidad, guardar nuestra propia imagen, una serie de violaciones de ddhh dados dentro de una institución y desde ese momento no hay justicia en ningún momento.
“Aunque salgamos bien librados del juicio que se viene, -no hay justicia- porque en ningún momento ningún estudiante o ciudadano debería ser señalado por simplemente expresar su inconformidad con algo que no estamos de acuerdo, porque no estamos obligados a pensar como las demás personas. Desde el momento en que se criminaliza no hay justicia, porque en este país simplemente no existe”, finalizó Sergio Ulloa, quien en estos días debe poner un alto a su trabajo social para presentarse al juicio oral y público acusado de usurpación.
Criminalizados por defender un suelo que les pertenece
La citación de parte del Tribunal de Sentencia, la encontró bajo la puerta hace unos días, para eso si son puntuales quienes le deben brindar protección, comentó el egresado de la carrera de periodismo Cesario Padilla, quien posee medidas de protección por las constantes amenazas desde que inició un proceso de defensa de la educaban pública en la UNAH, y por el cual también se le criminalizó como usurpador en el 2015 y 2016.
Han sido dos años en que el proceso penal ha seguido su rumbo hasta llegar a juicio oral y público; para las autoridades universitarias y para el Estado seguimos siendo criminales, usurpadores de un suelo que nos pertenece no sólo como estudiantes, sino a la población que aporta con sus impuestos para el desarrollo de la Academia en la Universidad, declaró Padilla, mientras daba cobertura periodísticas a una denuncia en el Ministerio Público (MP), con respecto al caso de la defensora asesinada Berta Cáceres.
Son dos años difíciles en los que ha tenido que cumplir medidas sustitutivas para no ir a la prisión, con ellos comprobar una vez más que “uno se somete a este proceso aún y cuando no cometió el delito”, incluso que lo ha limitado a atender invitaciones sobre capacitaciones periodísticas fuera del país, porque es parte de las restricciones.
“Se lo que implica llegar a juicio oral y público, porque los diferentes Tribunales de Justicia, rara vez dan la razón o comprueban de que el derecho a la protesta no puede ser catalogado como delito o criminalizar estudiantes que ejercen el derecho a la protesta es vinculado con otras normativas que establece el Código Penal como la figura de Usurpación”.
A pesar de que hay firmados acuerdos en julio 2016 las autoridades no han mostrado ningún tipo de voluntad política o en el ejercicio de los respetos a los derechos humanos, de resolver esta problemática, incluso ellos en algún momento manifestaron que el acuerdo solo iba abarcar 75 procesos penales, que son los que se dieron en el 2016, pero los estudiantes encargados de las negociaciones se pusieron firmes que eran todos.
Viendo la línea de procesos, Cesario afirmó que “es un seguimiento valiéndose de estructuras como el MP que se presta a ejercer violencia contra estudiantes y otros sectores y actores del movimiento social y popular, ejecutando acciones de criminalización contra campesinos, líderes y lideresas sociales, Gladys Lanza es la más presente que tengo y nunca en estos casos la Fiscalía ha tenido una actitud contraria a las decisiones de quien presenta las acusaciones que por lo general son funcionarios públicos o entes privados con poder dentro del sistema que gobierna”.
Se muestra un escenario nunca antes visto en América Latina, dónde es la misma Casa de Estudios quien expone a la criminalización a sus estudiantes, incluso capturas dentro de su espacio. Situación vivida en épocas anteriores con luchas estudiantiles que en lugar de encontrar diálogos, son atacadas con elementos represores del Estado.
En un afán encontrado de esperanza, Cesario espera que se haga justicia, que les declaren el sobreseimiento definitivo “pero estoy consciente y sé a lo que me enfrento, no desconozco que hay autoridades universitarias interesadas a que llegáramos a estas instancias y que en su momento no presentaron las acciones diligentes para parar el proceso”.
“También hay una desconfianza en el Tribunal de Justicia, porque que no obedece el cumplimiento al respeto a los derechos humanos, un sistema judicial en su conjunto que hace años se desconectó de las reivindicaciones de justicia que hace el movimiento social y popular en general, es complicado decir qué se puede esperar, lo único es que nos queda es estar pendientes del desarrollo del juicio en que se nos condene o absuelva” puntualizó el periodista.
Los tres universitarios han tenido apoyo puntual de docentes, el Movimiento Amplio Universitario, el Sindicato de Trabajadores de la UNAH (SITRAUNAH), y compañeros quienes han estado pendientes de las acciones judiciales. En el casos de las la carrera de periodismo, más bien de allí entregaron perfiles al azar para iniciar procesos de criminalización y por cuestiones del destino solo a uno se le criminalizó, abundó Cesario.
Frutos de la lucha en medio de la judicialización es que hay procesos organizacionales de carreras, la conexión entre centros regionales, ya no son como pequeñas islas.
Asimismo, los procesos judiciales de los estudiantes sirvieron para fortalecer esos lazos de lucha y denuncia a nivel nacional.
También visibilizaron la actitud intolerantes de las autoridades universitarias, que desde el primer momento se mostraron reacias a toda opinión contraria, acabaron con la asociación de docentes, SITRAUNAH y quisieron hacerlo con los estudiantes. Las masivas movilizaciones dentro y fuera de la UNAH, y en los centros regionales catapultaron esas intenciones, al exigir respuesta del por qué había criminalización, y las eternas problemáticas de la universidad como falta de cupos, pagos por laboratorios y lo que desencadenó la lucha por las normas académicas.
“Después de esto queda marcado un movimiento estudiantil que conoce sus derechos y que no los pide, sino que los exige, en cada instancia en la que pueda insertase la voz dentro o fuera de la comunidad universitaria”, finalizó Cesario Padilla.
