Tegucigalpa.- El pasado 4 de febrero fue publicado en el diario oficial La Gaceta el Decreto Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, en el que se establece la ley de amnistía para la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia.
Ley de Amnistía absuelve a todas las personas que han sido señaladas de haber cometido delitos durante la grave crisis política que se ha vivido en el país desde el golpe de estado de 2009 a enero de 2022.
En consecuencia, ya varias personas que fueron criminalizadas y se les imputó delitos en esta crisis política, han aplicado a la ley de amnistía para que se les extinga la acción penal.
Este miércoles a las 9:00 de la mañana en los Tribunales de Justicia de San Pedro Sula se realizará la audiencia para la aplicación del decreto de amnistía a once hondureños que durante el fraude electoral de 2017 lucharon por la defensa de la democracia, quienes fueron capturados, acusados y encarcelados por el régimen de Juan Orlando Hernández.
De los once acusados, diez son hombres y una es mujer.
Ellos son Daniel Eduardo Santos Ordóñez, José Orlando Santos Ordóñez, Edwin Nahúm Amaya Sánchez, Mynor Ariel Reyes Mejía, Roque Jacinto Alvarenga Corea, Wilfredo Cáceres Sagastume, Francisco Miguel Gómez Martínez, Melvin Mauricio Chávez Pérez, Jonathan Ricardo Perla López y Santos Ramón Paredes Quiroz y Lourdes Johana Gómez Núñez.
Los diez hombres fueron enviados a la cárcel de máxima tortura El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara, y Lourdes Johana Gómez Núñez fue traslada al Centro Penal de Tela, Atlántida, donde permaneció recluida seis meses.
El Ministerio Público los acusó por los delitos de incendio de la posta policial de Pimienta y robo agravado.
Durante su encarcelamiento en El Pozo, los diez hombres fueron sometidos a torturas y a malos tratos, donde se les rapó el cabello como forma de estigma de miembros de grupos delictivos.
Una vez que cobraron la libertad, vinieron a enfrentar la dura realidad, porque quedaron marcados con antecedentes penales y no pudieron conseguir trabajo, y además la persecución policial siguió en su contra, donde algunos de ellos tuvieron que abandonar su domicilio.
Lourdes Gómez está con la esperanza que este miércoles, cuando se realice la audiencia para la aplicación del decreto de amnistía, quedaran libre de toda responsabilidad penal y así poder retornar a la vida que llevaban antes de los hechos del 2017.
“Lo que me han dicho que ya mañana vamos a quedar en libertad definitiva, pero a saber, porque con esta justicia nunca se sabe”, expresó Lourdes.
Al primero que se le aplicó la amnistía fue a José Antonio Torres Meza, quien desde el 2010 se encontraba exiliado en el vecino país de El Salvdor, y al regresar a Honduras el pasado 11 de febrero para acudir a los actos fúnebres de su madre, fue capturado.
El 23 de febrero el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), a través de la aplicación de la amnistía, logró que se le extinguieran los delitos de terrorismo e incendio agravado en perjuicio del Estado de Honduras, grupo Industrias Turísticas (INTUR) y Ladislao Augusto Servellón Aguilar, por los que estaba siendo acusado desde el 2009.
