Nosotros representantes de varias organizaciones sociales aglutinadas en diferentes redes de derechos humanos que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) ha conformado en distintas regiones del país, a la opinión pública nacional e internacional nos pronunciamos de la siguiente manera:
Condenamos el violento desalojo que se ejecutó el día jueves 11 de octubre contra los compañeros de la base campesina 11 de marzo en la comunidad de El Porvenir, municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua.
Rechazamos y deploramos que un fuerte contingente militar armado con escudos, toletes, bombas lacrimógenas y tractores llegaran hasta el lugar donde está asentada la base campesina para desalojar a los trabajadores de la tierra, que desde hace varios años trabajan cultivándolas para el sostenimiento de su familia. Los uniformados no respetaron mujeres, ancianos ni niños y procedieron con los tractores a destruir los cultivos y las viviendas, que con gran esfuerzo y sacrificio los campesinos habían construidos sus moradores para tener un techo donde dormir.
Condenamos el plan de contrainsurgencia que ha puesto en práctica desde hace varios años el actual régimen que ha militarizado varias regiones del país, con el fin de apalastrar la protesta social y reprimir toda acción reivindicativa de derechos, en este caso ejerciendo violencia contra una base campesina.
Por otro lado, denunciamos que persiste una campaña de criminalización en contra del movimiento campesino hondureño, que lucha por recuperar un pedazo de tierra para trabajarla para el sostén de su familia.
Exigimos que cada vez que se ejecute un desalojo que se reubique a las familias víctimas, ya que son arrojadas a la calle sin consideración alguna, ya que después de su desalojo las fuerzas represoras destruye todo su patrimonio.
También exigimos el derecho a tierras y a una vivienda digna y que se respete el convenio 169 de la organización internacional del trabajo.
Exigimos el respeto a la vida y a la integridad física de los campesinos y campesinas e indígenas, ya que con los desalojos violetos se les violentan todos sus derechos.
Los representantes de las organizaciones firmantes responsabilizamos al gobierno (JOH) y a los terratenientes de cualquier derramamiento de sangre que pueda darse en contra de esta base campesina y contra cualquier otro asentamiento en el país.
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de octubre de 2018
Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC)
CINPH
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