Tegucigalpa.
Por Sandra Rodríguez
«Me siento desesperado porque justicia tardía no es justicia, pero después de una larga espera el momento ya se acerca de vernos cara a cara con los torturadores y victimarios que desde el Estado han perpetrado violencia contra defensoras y defensores», expresó Ariel Díaz de la Juventud por los Derechos Humanos (JDH), quien fue atacado por policía hace cinco meses.
Las violación sucedió el ocho de septiembre del 2017, cuando Ariel Díaz; Carlos del Cid, director del Observatorio Ecuménico Internacional de los Derechos Humanos (OEIDH); Hedme Castro, coordinadora de la Asociación por una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa); y María Tomasa Morales (Tomy Morales) defensora y periodista de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), acompañaban a un grupo de universitarios víctimas de un desalojo violento en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Defensores de DDHH y miembros del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), estaban dentro de un microbús propiedad del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), que dirige Roberto Herrera Cáceres, y dentro del mismo, policías nacionales los agredieron y al bajarlos les rociaron gases tóxicos y golpearon, para después llevarlos a la Dirección Policial de Investigación (DPI), en calidad de detenidos a excepción de Castro.
La acción penal se presentó el 19 de septiembre, donde la Mesa Nacional de Derechos Humanos -compuesta por al menos 50 organizaciones de DDHH entre ellas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)- es contra el subcomisionado de Policía, Juan Manuel Aguilar Godoy; el comisionado de policía, Félix Adrián Colindres; y el subcomisionado de policía Marlon Agustín Vásquez Palma.
Los policías fueron acusados de los delitos de Abuso de Autoridad, Violación de los deberes de los funcionarios, lesiones, detención ilegal y torturas, en contra de los y las defensores de los derechos humanos.
Sin embargo, esta acusación, causa incertidumbre a los y las víctimas, que estuvieron más de 30 horas detenidas desde el 08 de septiembre hasta la madrugada del domingo 10, junto a 23 integrantes del MEU.
Los agentes policiales se presentarán a audiencia de declaración de imputado, el 28 próximo, por lo que “esperamos y confiamos un poco en que la justicia hondureña va a funcionar, ya hubo una resolución a favor nuestra y ahora esperamos una resolución en contra de los victimarios”, declaró Ariel Díaz.
Los y las defensoras, aspiran a tener acceso al derecho la justicia, y un juicio justo, pero no pueden desconocer el contexto político hostil con características claras de dictadura, lo que les abruma.
Es así que, esta acción que estamos emprendiendo también nos hace sentir en riesgo, por la persecución y secuelas que podamos enfrentar, agregó Díaz. Cabe señalar, que Díaz, Castro, Del Cid y Morales presentaron problemas de salud, por los golpes y gases directos al cuerpo.
Díaz denunció los hechos de revictimización, más cuando da acompañamiento a otros casos donde la revictimización es un patrón claro desde el Estado Hondureño, por lo que están haciendo presión para que haya justicia, pese a que ésta se inclina generalmente hacia quienes tienen el poder.
El llamado a la comunidad internacional es para que nos acompañe en este proceso, para que se promueva el acceso a la justicia y la protección de defensores y defensoras de DDHH. Que la mirada del mundo esté atenta hacia lo que sucede en Honduras, donde los ataques a defensores y defensoras no cesan.
Recientemente ha habido agresiones contra defensores de DDHH que a su vez forman parte de la Mesa de DDHH, como ser Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH); Edy Tábora, director del Centro por la Libre Expresión (C-Libre); Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión e Investigación Comunitaria (ERIC-sj); Martín Fernández y Víctor Fernández de la coordinación del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Criminalización de defensores de DDHH
En el marco de las protestas estudiantiles, donde más de 85 jóvenes terminaron judicializados solo en el 2017, fueron detenidos Del Cid, Morales y Díaz supuestamente por el delito de encubrimiento, a Tommy Morales se le agregó el delito de atentado.
Y fue hasta el 27 de septiembre, luego de tres días de audiencia inicial, realizada inusualmente fuera de los Juzgados competentes, sino en la sede del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), dónde fueron sobreseídos de los delitos que les imputaban y reconocieron su labor como defensores de los derechos humanos. Cabe señalar que los tres días de audiencia, el recinto era fuertemente custodiado por diferentes contingentes de policías.
