Defensa Pública acude a hábeas corpus por refugiado

Estudiante hondureño es “preso político” en C.R.

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San José, Costa Rica.

Tomado de Diario Extra

Eduardo Urbina, estudiante hondureño acusado por el gobierno de su país debido a supuestos actos de terrorismo durante las protestas del 2017, permanece encarcelado pese a haber recibido la aprobación de Migración para refugiarse en Costa Rica.

Debido a ello, la Defensa Pública del Poder Judicial presentó la tarde de ayer un recurso de hábeas corpus para que en las próximas 24 horas lo liberen.

“Efectivamente el recurso se interpone porque pese a que la Comisión de Visas le otorga el refugio al señor Eduardo Urbina, confirmando que no tuvo vínculos en los hechos que se le acusan en Honduras, pues el juez Hugo Vargas del II Circuito Judicial, le dio audiencia por 24 horas al Ministerio Público para referirse a la solicitud de refugio y al mismo tiempo de libertad, dejándolo 3 días más por ser fin de semana dentro de una de las prisiones más conflictivas, como lo es Puntarenas”, declaró Abraham Sequeira, de la Defensa Pública.

A Urbina, de 22 años, lo señalaron en Honduras de manera falsa por unos ataques a camiones del ejército en diciembre del año pasado, sin embargo, para cuando ocurrieron los hechos, el muchacho tenía tres días de estar en Costa Rica de manera legal.

“Eduardo entra el 22 de diciembre de 2017 de forma legal buscando protección por todo lo acontecido en Honduras a raíz de protestas, y en las cuales Eduardo se había convertido en un líder social por lo que Honduras comenzó a darle persecución, por eso el que Eduardo haya sido capturado en nuestro país significa que él es un preso político”, aseveró Sequeira.

Diferentes medios de comunicación de Honduras y otros países de Centroamérica califican de temerosa la persecución de la que ha sido víctima Urbina, debido a que sus constantes manifestaciones en contra de la corrupción del gobierno catracho tras las elecciones presidenciales generaron un impacto a nivel social que, a la postre, detonaron importantes manifestaciones.

La Comisión de Visas de Costa Rica se trasladó hasta Honduras para verificar que los hechos por los que se estaba pidiendo la extradición de Eduardo fuesen reales, no obstante, no encontraron pruebas para establecer como ciertos tales acontecimientos, pues cuando ocurrió el disturbio Eduardo estaba en San José.

Junto a Abraham Sequeira, se hicieron presentes al Poder Judicial Edgar Herrera, de la ONG HIAS, así como Marcia Aguiliz, directora de Cejil (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), quienes esperan que el estudiante catracho sea liberado pronto para que inicie su vida lejos de la persecución política.