Tegucigalpa.- En el programa radial Voces contra el Olvido, se abordó el tema de la detención del ex dictador Juan Orlando Hernández, capturado mediante orden judicial a través de un fuerte contingente policial y reducido a la impotencia con grilletes en manos y pies. El ex dictador ha sido solicitado en extradición por Estados Unidos acusado por narcotráfico.
Se analizó esa fuerte imagen de quien controló el estado por 12 años, que persiguió y exhibió criminalmente a opositores políticos, ambientalistas, estudiantes, defensores de la tierra y por supuesto a varias decenas de narcotraficantes pedidos en extradición por Estados Unidos de América.
El ex presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) y catedrático universitario, Sergio Rivera, analizó esta tema y otros tópicos junto a la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, en el programa radial en su emisión del sábado 19 de febrero en la cadena Radio Globo.
En principio, Rivera expuso que sobre el tema de la aplicación de justicia, la Corte Suprema aún está bajo del control de Juan Orlando Hernández.
El ex dirigente magisterial y analista político dijo que ésta situación se ha evidenciado en todos los procesos, incluso el de no poner en libertad a luchadores sociales como los de Guapinol que ya tienen dictámenes a su favor, pero “todavía ellos siguen mostrando el colmillo de la dictadura para amedrentar a la población”.
Y eso hay que tenerlo en cuenta porque estos procesos que la gente exige, no sólo por la vía electoral, sino que también de manera orgánica, las organizaciones sociales, en el marco de su lucha y de su independencia; también tienen sus agendas y ellas también confrontan este poderío judicial que formó parte y sigue formando parte de ese esquema de la narco-dictadura que lo que más imparte es injusticia.
La actual Corte Suprema fue electa en el año 2016 bajo el régimen de Juan Orlando Hernández y cesa en sus funciones en el año 2023. Es decir que cuenta con un mandato de 7 años.
Cabe señalar que en abril de 2014, fueron destituidos cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), durante el mandato presidencial de Porfirio Lobo Sosa y cuando fungía como presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, quien actualmente guarda detención en el cuartel de la Fuerzas Especiales “Cobras” de la Policía Nacional, mientras aguarda su extradición hacia los Estados Unidos por cargos de narcotráfico y por conspirar para introducir cocaína a la nación del norte.
Los magistrados fueron destituidos por declarar inconstitucional entre otros temas, la Ley para la Depuración de la Policía y la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), que mantienen en venta el territorio nacional a corporaciones extranjeras.
Rivera también se refirió a aspectos enunciados en el editorial de Voces contra el Olvido, “donde se toca esa furia de la narco-dictadura, por un lado de venderle circo a la gente y dramatizar un elemento. Es cierto, es un acto de justicia (lo ocurrido a Juan Orlando Hernández), y lo que le debería dar pena a estos órganos judiciales es que, en Honduras, don Juan Orlando Hernández no tiene ni una denuncia, no se le dio incautación de bienes, aún sabiendo de que el hermano de él; ya había sido condenado por ser uno de los más grandes narcotraficantes del área, pero parece que el jefe es Juan Orlando Hernández”.
Por su parte la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva expresó que por eso es que nosotras debemos hacer hincapié como parte de las apuestas para que haya un estado de derecho, porque en la medida en que se aplique la justicia, en esa medida habrá respeto por los derechos humanos.
Oliva se preguntó: ¿Cómo es posible que en el Ministerio Público van a ver si hay alguna denuncia contra Juan Orlando Hernández?, cuando tiene mandatos claros y debió haber actuado de oficio, no a petición de parte, y eso es lo que hace más grotesco el accionar del Ministerio Público.
“Se ve entonces, toda esa confabulación y ese aparato de justicia que ha estado para apañar, para apoyar, para ser parte de toda esta dictadura que ha llevado consigo el golpe militar de estado (en 2009), y el tema de controlar al estado con un solo cártel (de drogas)”, recalcó.
La defensora de derechos humanos instó al Congreso Nacional que preside el diputado Luis Redondo, a que revise el accionar de la Fiscalía General del Estado en este y otros temas sobre los cuales no actuó.
En torno a la cobertura mediática que mostró al ex dictador encadenado de pies y manos, y que ha recibido cuestionamientos de ciertos sectores, Bertha Oliva trajo a la memoria cuando estudiantes universitarios que fueron perseguidos por la ex rectora Julieta Castellanos, también fueron exhibidos como delincuentes ante las cámaras de televisión.
Oliva también dijo que luchadores sociales, campesinos y campesinas, igualmente han sido mostrados públicamente con cadenas en pies y manos, y que fueron acusados criminalmente por el régimen que controló Juan Orlando Hernández.
La Coordinadora General del COFADEH, criticó el hecho que la comunidad internacional nunca vio estos cosas o nunca se pronunció al respecto, y “por qué ahorita sí hay comentarios y están queriendo cuestionar esa acción. Yo lo que creo es que aquí tenemos que cuestionar los procedimientos que se han venido generando en el marco de esta dictadura.
¿Por qué entonces a los estudiantes universitarios, a toda la gente que ha sido objeto de persecución, no ha habido ninguna condena para ese acto?. Eso es producto también del control y del manejo que se ha tenido a través de los medios corporativos de comunicación que venden esa imagen.
“Entonces éstas imágenes que se han estado vendiendo desde esos medios, no crean que era para exhibirlo (a Juan Orlando Hernández), es para ganar la solidaridad, generar lástima y que además para mostrar que se le estaban violentando sus derechos. Ciertamente tenemos que replantear ese procedimiento para que ningún hondureño, ninguna hondureña, que sea sujeta de alguna acción penal sea sometida, como han venido siendo sometidos esta cantidad de hondureños”, sostuvo Bertha Oliva.
Sergio Rivera, por su parte, dijo que con la detención de Hernández, “no se trata de júbilos o de regocijarse, lo que quiere la gente es ver a las autoridades hondureñas, actuar en relación a la serie de delitos que cometió la narco-dictadura”.
Rivera añadió que hay algo que debemos tomar en cuenta. El señor Juan Orlando Hernández no montó la narco-dictadura el sólo. O sea la narco-dictadura se presentó ante el pueblo hondureño como una estructura que abarcó los 3 poderes del estado, que abarcó a la Policía, que abarcó el aparato militar, que fue su principal defensor.
El catedrático universitario también señaló que en esa narco-dictadura también participaron periodistas y muchos de ellos han sido denunciados. No sólo en el caso “Hermes”, sino que también hay cheques que se han exhibido en las redes sociales de la cantidad monstruosa de dinero en un país pobre, que le han otorgado a esos medios de comunicación.
“Ahí han participado religiosos que iban a bendecir. Ahora hay hasta comunicados de Rabinos y no sé que más, en donde pretenden utilizar la religión como otro aparato ideológico para hacerle creer a la población de que se está actuando injustamente contra el jefe de la narco-dictadura”, comentó.
Rivera señaló que apelando a la memoria, debemos recordar todos los vejámenes que desde el golpe de estado la narco-dictadura violentó los derechos humanos de la población hondureña. Persiguió, reprimió y asesinó.
En estos momento hay muchos oyentes que tienen un familiar muerto que fue asesinado en las protestas contra el golpe de estado y las que se produjeron por el fraude electoral de 2017 y durante las manifestaciones de la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación. Incluso los fueron a asesinar a sus casas, apuntó el ex presidente del Colegio de Profesores de Educación Media (COPEMH).
“Eso no hay que olvidarlo, tener memoria sirve en el momento de ejercer justicia y miren, la desgracia es que no lo estamos haciendo los hondureños. El señor este, Juan Orlando Hernández, lo está pidiendo otro país para hacerle justicia allá. El sigue desarrollando impunidad en Honduras y eso debe quedar claro. Juan Orlando Hernández está impune en Honduras porque el aparato judicial, desde la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia así lo quieren, porque ellos forman parte de esa impunidad”, explicó Rivera.
Sergio Rivera advirtió que “la narco-dictadura está viva. Hubo gente que creyó que después del proceso electoral la oligarquía había quedado en la lona y que ya no se iba a levantar”.
Entretanto, Bertha Oliva señaló que está convencida que se debe respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución de la República, pero la dictadura de Juan Orlando Hernández recalcó sobre el hecho de que nadie está por encima de la ley, pero “ellos sí están por encima de la ley, haciendo y deshaciendo, exhibiendo y castigando a cuanta gente la consideraran opositora”.
Sobre el caso Guapinol, donde el tribunal de Trujillo se niega a dejarlos en libertad pese a la opinión de la Corte Suprema de Justicia, Bertha Oliva expresó que es un caso inexplicable.
“Cómo se explica que están declarados libres de responsabilidad penal, pero están presos. ¿En qué se han equivocado aquí?. No han seguido el debido proceso. ¿Lo han hecho para acallar la exigencia para que se desmonte la solidaridad internacional a favor de este caso?, ¿qué es lo que está sucediendo?, se preguntó Bertha Oliva.
Esto a mi juicio es altamente preocupante, pero igual podemos también pensar e ir viendo cómo avanza el Decreto de Amnistía y cómo avanza todo este trabajo que hemos estado realizando a favor de los perseguidos, a favor de los judicializados.
Sobre este tema Sergio Rivera denunció que el cerco mediático ha activado un guión de desinformación alrededor del tema del decreto de amnistía que busca la liberación de los presos políticos y el retorno seguro de los exiliados políticos al país.
El catedrático y analista resaltó que dichos ataques que se dan en los medios de comunicación en torno a que el decreto de amnistía busca la impunidad, son incongruentes con el trabajo que COFADEH ha realizado durante décadas, precisamente en contra de la impunidad.
“Entonces el sólo hecho que esté el COFADEH participando de este proceso de amnistía, es garantía de que no se está encaminando a generar impunidad. Por el contrario, la participación del COFADEH es precisamente para que no se den esos procesos, para que nadie aproveche la amnistía para quedar impune de los delitos que ha cometido sobre todo en el plano administrativo, en el plano de desfalco. Aquí se trata de las personas que sufrieron y que sufren en este momento de la persecución, que están en el exilio y de compañeros y compañeras que han sido judicializadas”, comentó.
Al respecto el maestro Sergio Rivera dijo que incluso él, fue perseguido por la ex rectora Julieta Castellanos, y la que llamó “la estructura de muerte en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)”.
“Una señora que gastó más de 200 millones en armamento de guerra y que tenía una guardia de seguridad que era un batallón completo de represión hacia el movimiento estudiantil y magisterial dentro de la universidad. Y esas cosas son las que precisamente no pueden quedar impunes”, denunció el catedrático universitario.
Lo que queremos es justicia, que no es lo mismo que venganza. Nosotros queremos que la gente pague los crímenes que ha venido cometiendo, en el marco de la narco-dictadura, puntualizó Rivera.
