Tegucigalpa.
Riccy Ponce
«Después del asesinato de Zet (Jonatán Araujo), mi mami no volvió a probar bocado, no comía y si lo hacía vomitaba, pasaba a costada, arropada de pies a cabeza, ya no quería nada. Ella decía que no aguantaba el dolor de la pérdida de mi hermano, porque él era quien vivía con ella».
Con estas palabras, Dilcia Araujo, hermana de Zet Jonatán Araujo, recuerda como fueron los últimos días de su madre, quien murió de tristeza al no soportar el dolor que el provocó cuando las fuerzas represoras del Estado se llevaron a su hijo para asesinarlo, por estar en contra del fraude electoral del 26 de noviembre del año pasado.
Araujo fue secuestrado el 4 de diciembre del 2017 en la colonia Modesto Rodas de la Capital por policías, según los testigos, quienes se lo llevaron detenido, y al día siguiente apareció muerto en un sector de la residencial Las Hadas.
“A él se lo llevaron 4 hombres, eran policías, pero no supe si eran militar o preventiva, porque nosotros hacíamos las tomas en el puente, yo estaba en un extremo y el estaba en otro, cuando yo llegué al lugar ya no estaba, ya se lo habían llevado de allí de la toma, la gente que vio asegura que si eran”, expresó Dilcia Araujo.
Zet era trabajador, convivía con su madre y el día de las elecciones estuvo trabajando todo el día en favor de la Alianza de Oposición contra el Continuismo. La policía ya los tenía identificado como uno de los líderes de la oposición en el sector de la colonia Modesto Rodas y cuando empezaron las tomas a nivel nacional, a raíz de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se negaba a dar resultados y a entregar la presidencia, la policía le estuvo haciendo videos, sostuvo su hermana.
Para la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, en el golpe electoral se generaron tantas violaciones de derechos humanos como nunca antes visto.
“Yo siempre trato de comparar el pasado con el presente para poder tener claro lo que viene a futuro, esto nos indica que a futuro vienen días peores, muy tristes y dolorosos, porque en los años ochenta las madres y las abuelas fueron las que levantaron en principio la bandera de ‘vivos se los llevaron, vivos los queremos’ en el continente y en Honduras no fue la excepción”, señaló la coordinadora general del Cofadeh.
«Ahora las madres y las abuelas mueren de tristeza y de dolor, eso es producto de lo que ellas han venido conociendo, ellas saben que las madres y abuelas hondureñas se levantaron y se ha trabajado por décadas y décadas buscando justicia que aun no se ha encontrado, cuando hablamos de impunidad, nos referimos a ese tipo de impunidad histórica que tiene el país, esa deuda que tiene el Estado de Honduras con las familias”, añadió Oliva.
La defensora expresó que la realidad es que hay familiares que mueren de tristeza después de perder a un ser querido a manos de las fuerzas represores del Estado y también al ver como son maltratados y brutalmente golpeados, refiriéndose al caso del joven Jonatán Fernando Cardona, quien salvajemente golpeado por elementos de La Policía Militar del Orden Publico (PMOP) cuando se disponía a guardar su motocicleta, cuando estaba en vigencia el toque de queda de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana.
El hecho de Jonatán Fernando Cardona sucedió en los primeros días del toque, con el cacerolazo que fue del 1 al 5 de diciembre de 2017, en la colonia Las Palmas, de Tegucigalpa el 3 de diciembre.
El joven después de ser atacado quedó inconsciente y fue trasladado por un vecino hasta el Hospital Escuela, producto de esto tuvo pérdida temporalmente de la memoria y visión.
De acuerdo a los hechos ese día también amenazaron a sus hermanos y a su abuela Nohemí Mendoza, quien era padre y madre para ellos.
El joven era constantemente perseguido, amenazado y vigilada su residencia por hombres desconocidos, situación que preocupó a la señora de 84 años llevándola a la muerte el día 25 de diciembre del año pasado, 22 días después que su nieto fuera brutalmente golpeado por los PMOP.
La defensora de derechos humanos agregó que “no hay culpables detenidos, ni responsables señalados por parte de las Instituciones del Estado encargadas de implementar e investigar los hechos y aplicar justicia, no hay ninguno, pero el pueblo en general sabe quiénes son y eso trae desencanto, pero sobre todo indignación que fomenta a la población en general para reclamar colectivamente, de señalar la responsabilidad de un solo hombre, de una sola persona que está en casa presidencial”.
“El punto es que estamos en un país donde la vida no se está respetando, donde el derecho de disentir tampoco se respeta. Cuando se pierden todas estas garantías, lógicamente los responsables de crímenes de lesa humanidad, tanto en el pasado como en la actualidad, van a seguir oprimiendo al pueblo, pero vamos a continuar voces diciendo que basta ya de tanta atrocidad contra una población y sabemos, porque tenemos la certeza, que tarde o temprano van a ser juzgados”, dijo a defensoresenlineanea.com la coordinadora del COFADEH.
En el contexto de la crisis post electoral más de 30 personas que alzaron su voz para defender el derecho que como ciudadanos ejercieron en las urnas y que a través del Tribunal Supremo Electoral se planeo el fraude electoral, que favorecía al presidente ilegitimo Juan Orlando Hernández, fueron asesinadas por las fuerzas represoras del Estado, dejando luto y dolor en sus familiares, dolor que algunos no soportaron y murieron de tristeza.
