Tegucigalpa, Honduras (Defensores en Línea).- Esta mañana la defensora de derechos humanos y representante de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Esly Banegas, fue a la oficina del Ministerio Público, de Tocoa, departamento de Colón, para solicitar información sobre las campañas de desprestigio a través de redes sociales, en el Ministerio Público si bien le aceptaron la nota, le respondieron que no tienen la logística.
Son varios nombres de defensoras, defensores y organizaciones sociales que se mencionan en perfiles de redes sociales como supuestos responsables de crímenes cometidos en el departamento de Colón, costa norte de Honduras, dónde hay una lucha constante por la defensa de los bienes comunes y el territorio, actualmente 18 defensores de derechos humanos tienen un requerimiento judicial, y se presentarán voluntariamente en los próximos días.
En un perfil se lee “COPA y las páginas que están al servicio de ella pagados con el dinero de COPA, LA FUNDACIÓN SAN ALONZO Y LA LIMOSNA DE LOS FELIGRESES DE LA PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR” en un perfil de la red social Facebook, que se hace llamar “Tocoeño del alma”.
Menciona que la coordinadora de COPA manipula algunos medios y espacios de comunicación “son una caja de resonancia de ESLY BANEGAS” y que es “LA AUTORA INTELECTUAL DE LAS 6 MUERTES QUE SE CONTABILIZAN HASTA EL MOMENTO (Lester Bonilla, los dos militares, Silvano Fuentes, Gerson Leiva, Lucas Bonilla)”.
Sí bien, el texto no tiene remitente “CÓMO DIJE AL PRINCIPIO NO ME GUSTA RESPONDER ACUSACIONES ABSURDAS PERO ESTA VEZ POR ALUSIÓN ME VI OBLIGADO A HACERLO”
La defensora solicitó al Ministerio Público que investigue dónde se origina esta publicación, que desprestigia la labor en defensa de los derechos humanos y del pueblo en el Bajo Aguán.
Ese es un estigma más que se le hace a quienes procuran la defensa del territorio, los bienes comunes de la naturaleza, y luchan por mantener vigente y activa organizaciones defensoras de derechos humanos para hacer reclamación colectiva, declaró Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
La realidad que plantea Oliva, es a nivel nacional, pero en esta oportunidad se enfocó en el Bajo Aguán, dónde a los y las defensoras de derechos humanos ahora son señaladas cómo criminales.
Por lo que el Ministerio Público y demás entidades encargadas de investigar, deben proceder a realizar las pesquisas pertinentes con lo expresado en esas redes que dicen que, Esly Banegas es responsable de crímenes en el Aguán.
Porque si lo que dicen es verdad, quien loafirma se convierte en cómplice, ya que debió acudir a las instancias correspondientes a presentar las pruebas necesarias y así hubiera evitado que continuará el accionar de la gente sicaria, agregó Berta Oliva.
Ella aseguró que, esta es una forma de atacar a la mujer organizada y la dignidad de una defensora de derechos humanos.
Son mujeres que conocen la realidad en Colón, organizaciones que han trabajado por la reinvindicación de derechos y que han acompañado al pueblo en sus demandas de Justicia, y puede ser que estén preparando muertes colocándolas en banjedas, para que ya no sólo se les persiga judicialmente como es el caso del defensor Juan López (pastoral social).
Para el COFADEH es preocupante la situación que enfrentan en la región, conociendo los antecedentes del Bajo Aguán. El Estado debe velar por la protección que los y las defensoras de derechos humanos del Aguán demandan en este momento.
Hay que tomar en cuenta que, agregó la coordinadora del Cofadeh,que estos ataques surgen cuando se va a presentar ante los juzgados 18 defensores de los bienes comunes, supuestamente vinculados al campamento por la defensa del agua y la vida “Guapinol”. Cabe señalar que esa comunidad ha sido militarizada, según denuncias de defensoras en Tocoa.
Por lo que, si funciona la articulación de trabajo de las entidades del Estado, para perseguir y actuar contra defensores/as y que se resisten a las políticas devastadoras en el país, debe actuar para investigar estas denuncias que atentan contra los defensores y defensoras de derechos humanos, puntualizó Oliva.
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