De defensores a criminalizados

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Foto: Archivo // texto: Sandra Rodríguez

Tegucigalpa, Honduras.-  El derecho de acceso a la tierra es una acción emprendida por grupos campesinos con la necesidad de cosechar sus alimentos. Los procesos de recuperación de tierras han causado criminalización y judicialización contras más de cinco mil mujeres y hombres a nivel nacional, específicamente en la última década.

Desde el año 2011, Rodolfo Cruz empezó su labor como defensor de derechos humanos, en la zona del Bajó Aguán, costa norte del país. Aunque años antes ya era defensor de la tierra, situación que lo llevó a ser víctima de violaciones a derechos humanos por parte de la policía y militares que resguardaban las fincas de los terratenientes palmeros.

Originario de Copán, en el occidente del  país, Rodolfo emigró hacia Colón y se estableció en la comunidad de Rigores, Trujillo, donde el 24 de junio del 2011, agentes de la Tropa Militar Xatruch II y Policía Preventiva, llegaron a las casas, destruyeron cosechas y hasta incendiaron la escuela, dejando a los niños y niñas sin el derecho a la educación.

Rodolfo Cruz
Rodolfo Cruz

El escenario era de terror e hizo cambiar la actitud del Rodolfo. “Cuando nos dejaron en la calle, nos quemaron las casas, los cultivos hasta la escuela, vi a las mujeres y niños maltratados, y comencé a hacer más esfuerzo de acercamiento con personeros del Estado, para indagar por que la violencia e irrespeto a nuestros derechos.

Después de quedarme sin vivienda, sin opción a la tierra- relató Cruz- el momento más difícil que he vivido fue cuando –militares y policías- secuestran y torturan a mi hijo mayor.

Según documentación realizada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el 19 de septiembre del 2011, a las 4:00 de la tarde, Santos Bernabé Cruz Aldana (16) estaba en su improvisada casa en la comunidad de Nueva Vida, Rigores, reparando su bicicleta, cuando unos 15 militares llegaron haciendo disparos, y le ordenaron con palabras soeces a los habitantes de la casa que salieran.

Fue así como se llevaron al menor en una patrulla policial, tras someterlo al suelo, sin camisa y con los cordones de los zapatos le amarraron los brazos hacia atrás. En un sitio solitario lo torturaron en un interrogatorio por la muerte de unos policías, y al no darles información los golpeaban más fuerte.

Después le colocaron una bolsa plástica hasta cubrirle el rostro la que le retiraban al presentar asfixia, uno de los militares le pidió acercarse y le pegó con la cacha de un cuchillo en la cabeza, un militar le roció el cuerpo con gasolina y le golpeó con una manguera, al mismo tiempo que le decía que si nos les daba información lo iba a quemar.  Siguieron aplicándole tratos crueles, inhumanos y degradantes entre golpes,  amenazas y simular que le quitaban la vida.

Mientras tanto, su padre y otros defensores de la tierra lo buscaban. A las siete de la noche lo entregaron a la delegación policial de Tocoa e informaron que lo detuvieron porque se les había enfrentado y luego corrido, y así justificaban el castigo. Lo encerraron en una celda, en donde un militar entró para advertirle que si decía la verdad lo cortarían en pedacitos.

Lo liberaron a las 7:00 de la mañana del día siguiente en una ciudad que desconocía; antes de liberarlo le amenazaron con hacerlo perdidizo si seguía en esas cosas, refiriéndose a la lucha campesina, según relatos del menor.

Estos relatos hacen que a Rodolfo se le entrecorte la voz, porque ese hecho le cambió la vida a su hijo y a toda la familia, sin embargo lo animó a formarse en procuración de derechos humanos, específicamente en defensa de los bienes comunes de la naturaleza. Su experiencia  es conocida a nivel nacional e internacional y en eso ha valido, según expresó, el acompañamiento del COFADEH.

Considera que defender derechos humanos en Honduras es una labor muy complicada, crítica y peligrosa, ya que no existe un mecanismo que les brinde seguridad, pese que a que el Estado creó el Sistema Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos.

El sistema de seguridad es más bien quien los ataca, ellos no tienen argumentos ni saben del derecho a defender la tierra, siempre hay amenazas del terrateniente y del gobierno, afirmó Rodolfo, quien lamentó que el Estado no tiene una estrategia política, siempre hay una amenaza contra el campesino, les aplican procesos por usurpación de tierras, lo amenazan  y tratan como terroristas “nos ponen indefensos,  uno camina en medio del riesgo y el peligro de poderse encontrar con el enemigo en la calle”.

Enfatizó en que “uno debe ser fuerte, estar motivado sin buscar bienes propios, sino comunes y que beneficien a la organización, aunque siempre se reciben amenazas pero no estoy solo,  he sido muy apoyado legal, económicamente y en tratamientos médicos y psicológicos  por el COFADEH, mi única organización que siempre me ha dado amor y cariño me siento parte del COFADEH”.

Enfrentamiento al poder político y económico

Aunque legalmente, el derecho a la tierra suele caer dentro de las categorías de las leyes sobre la tierra, los contratos de tenencia de la tierra o los reglamentos de planificación, para los defensores de la tierra es defender la vida.

Pero defender derechos humanos en Honduras es un crimen, declaró Abel Pérez, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) y miembro de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR).

Abel Pérez
Abel Pérez

Abel, carga en su lucha una condena de cinco años y un mes acusado por los supuestos de daños, usurpación y amenazas en perjuicio del terrateniente Jorge Luis Cassis Leiva, en Playa Blanca, comunidad de Zacate Grande, a la orilla del Golfo de Fonseca.

Considera que la labor de defensoría les causa hasta la muerte, afirmando así, el hecho que se considere a Honduras como uno de los países más peligrosos para los defensores y defensoras de derechos humanos.

El padre de familia, afianza su labor en defender los derechos de las personas que no saben lo que significa este tema y desconocen que son víctimas del sistema opresor, que beneficia al más fuete, al rico, al político y militariza la zona sin razón.

“Criminalización, encarcelamiento, persecución y hostigamiento”, son las consecuencias de ser defensor de derechos humano, resumió Abel.

Su mensaje para quienes han asumido este papel en Honduras es que “Sigamos adelante que esta lucha no la podemos ganar solos, ya que se gana por el bien común, nada se hace en vano aunque cause la muerte, encarcelamiento y persecución”.

Afirmó que las personas algún día agradecerán la labor que hoy realizan y será recordado este trabajo tan noble que busca  el bien de un pueblo sometido por el poder.

Resaltó la formación obtenida por el COFADEH, organización que no solo le ha proporcionado conocimiento, sino que, al igual que muchas víctimas de lesa humanidad, lo ha acompañado en momentos difíciles, como estar en prisión y querellado una y otra vez por defender el derecho a la tierra y la playa.


Rodolfo y Abel coincidieron este 10 de diciembre Día de los Derechos Humanos en la oficina del COFADEH, uno viajó desde el Bajo Aguán y otro de Zacate Grande. A ellos los une la lucha por la tierra, la formación en derechos humanos, la criminalización y estigmatización por las fuerzas represoras del Estado, la búsqueda de justicia y el deseo de seguir organizados por el bien común.